Los contratos
Ese día de septiembre de 2018, lo sucedido fue lo más parecido a una implosión. En Casa de Gobierno y en especial en la Legislatura, donde se concentraba el eje de la problemática. Lo que pasaba y lo que iría a suceder de allí en más. Nadie imaginaba hasta dónde iban a llegar las esquirlas sobre los contratos legislativos, una vieja modalidad que sucedía hacía más de 30 años -con mayor y con menor intensidad-; con referentes políticos más y menos corruptos. Con legisladores de los dos partidos mayoritarios, en esa suerte de hipocresía de que las cajas políticas -como estas- jamás se tocan, pero donde nadie tampoco se hace cargo de lo que desvían o dejan de desviar. Cada peso que se gastaba, siempre debía estar justificado, por más que ese trámite haya sido una mentira. Podía cobrar tal persona, pero ese hombre o mujer, de antemano debía saber que el dinero no le pertenecía y solamente obtendría una mínima parte de lo que le figuraba en el recibo. Sucedió en cada uno de los gobiernos, desde 1987 a esta parte (incluido el segundo mandato de Sergio Montiel) y era responsabilidad de los legisladores o de las conducciones de cada Cámara y nadie del Poder Ejecutivo podía decir una palabra. “Pero esta vez, a los muchachos se les fue la mano. Instauraron un sistema perverso, de mucho dinero que se desviaba, con cientos de personas por mes, donde eran unos pocos los que se hacían millonarios a costa de ejecutores de guantes blancos y un ejército de recaudadores, que se aceitó y profundizó a partir de la llegada de Sergio Urribarri al poder”, indicó un conocedor. Y no estaba para nada equivocado.
Todo eso empezó a quedar al descubierto a partir del accionar del policía César García, quien se plantó ante una situación irregular que venía observando hacía por lo menos dos meses, en el cajero automático del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, sucursal Don Bosco. O sea, en plena avenida Ramírez, entre Colón y La Paz. Eran dos mujeres y un hombre que se metían en el habitáculo y permanecían por varios minutos. Era como que se adueñaban por un espacio irregular de tiempo, cubriéndose unos a otros, para que nadie pudiera ver desde afuera cómo iban colocando diversas tarjetas, retiraban cifras importantes de dinero y las iban guardando en el bolso de una de las mujeres. Y quedaba claro que a ninguno le importaba las camaritas que podían haber estado filmando. Daba la sensación de que se sentían tranquilos o impunes y vivían ese momento con totalidad normalidad.
El policía siempre vio a las mismas personas. García no se quedó cruzado de brazos. Anotó datos, horarios y patente. Y acudió a uno de los comisarios de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos que vive cerca de su casa, para contarle lo que estaba observando. El alto oficial prestó atención y le dijo claramente: cuando estuvieran de nuevo, tenía que llamarlo y alertarlo, para actuar en consecuencia.
El jueves 20 de septiembre de 2018 los tres individuos concurrieron nuevamente a la sucursal bancaria. Era de mañana y había un movimiento intenso en la ciudad y en especial en Avenida Ramírez. Entendieron que nadie los miraba, pero se equivocaron. Apenas entraron al sector de las cajas automáticas el sargento García llamó al oficial de Delitos Económicos para que acudiera urgente. Pero llegó tarde. Cuando estuvo cara a cara con el suboficial se disculpó por la demora. “No importa; acá tengo el número de la patente y la dirección donde está registrada. Hace un mes los pedí al 911 y ese es el domicilio”, le dijo.
El comisario ya tenía preparada su gente para ver la forma de interceptarlos. Los detuvieron esa misma mañana en la intersección de las calles División Los Andes y O‘Higgins. O sea, a escasas cuadras de la vivienda de uno de los “coordinadores” de la banda, que precisamente no estaba en la camioneta. Los estaba esperando en su casa de calle Isidoro Almeida, ansioso por ver y controlar la recaudación.
Habían coordinado la situación con quien estaba de turno en la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas, la doctora Evangelina Santana y estaba al tanto de la situación la fiscal Patricia Yedro. Pero cuando los interceptaron, justo la doctora Yedro estaba en una audiencia y le había dejado el celular al fiscal Ignacio Arramberry. Fue el fiscal quien resolvió al respecto. Los dos fiscales son de los más antiguos del nuevo sistema y se mueven casi de memoria.
No hubo ninguna resistencia entre los detenidos. Era como que no importaba demasiado. Sentían que el largo brazo del poder político se iba a ocupar de ellos y lo que sucedía era solo un trámite burocrático. Pusieron el vehículo a un costado de la calle y empezaron a descender uno a uno. Las tres personas que iban en la camioneta eran Esteban Scialocomo (31), María Victoria Alvarez (31) y Flavia Marcela Beckman (49). Los tres tenían el mismo domicilio de calle Almeida.
--¿Nos pueden mostrar lo que llevan en los bolsos? –preguntó el oficial de la Policía de Entre Ríos.
La mujer mayor fue la primera que tomó la iniciativa. Los policías se sorprendieron con la cantidad de dinero y las tarjetas de débito Visa del Banco de Entre Ríos, que llevaban. En total eran 271.920 mil pesos: 26 fajos de 10.000 pesos, más 11.920 pesos aparte. Estaba claro que habían empezado a organizarlo apenas salieron del banco.
--¿Qué explicación tienen de este dinero? –se les preguntó.
--Nosotros trabajamos para el Senado de la Nación. Y creo que lo mejor sería que no nos hagan problemas, porque van a ser ustedes los que quizás puedan tener algunos inconvenientes… -les dijo Beckman, que era como la que había quedado momentáneamente de “jefa” de los tarjeteros. Se sentía una mujer poderosa, que conducía no solamente a ese grupo, sino también a muchos más, en conexión directa con el poder político.
Los policías dejaron demorados a los tres en un patrullero y acudieron al domicilio de calle Almeida. Cuando llegaron, Hugo Rubén Mena -esposo de Beckman y oriundo de Villaguay, aunque hace mucho tiempo reside en Paraná- estaba sentado mirando televisión, como si no pasara nada. Se sorprendieron cuando vieron en los alrededores de la puerta cuatro cámaras de video que tenía instaladas.
--Nos agarró la cana –le comentó por lo bajo su mujer, Flavia Beckman, apenas entró.
Mena se agarraba la cabeza y no sabía dónde meterse. Su mujer no dejaba de enviar mensajes, como dando directivas a alguna gente, en torno a lo que iba sucediendo en su casa, en una zona ubicada a por lo menos 10 kilómetros de la Casa de Gobierno provincial. Los policías encontraron en la casa numerosos contratos de ciudadanos con la Legislatura entrerriana firmados por sus beneficiarios y otro lote importante sin rubricar. firmar. Alguien se encargaría de hacerla luego, sin importar quién. Según el detalle, había 12 contratos que estaban ordenados por el exdiputado provincial y por esos días diputado nacional Juan José Bahillo, quien presidió el bloque del Frente para la Victoria durante 2016 y 2017, antes de renunciar para asumir en el Congreso de la Nación. También había 6 contratos a nombre del entonces diputado Pedro Báez (Paraná), como así también entre uno y dos contratos de los legisladores Juan Navarro (Tala), Rubén Vázquez (Paraná Campaña), Gustavo Osuna (Paraná), Leticia Angerosa (Gualeguaychú), Silvio Valenzuela (Uruguay), Daniel Ruberto (Paraná), Marcelo Bisogni (Uruguay) y Juan Carlos Darrichón (Diamante). Lo extraño del caso era que los contratados tenían residencia en la capital entrerriana, pese a que buena parte de los legisladores mencionados son del interior de la provincia. Además encontraron 25 contratos del Senado, que presidía Adán Humberto Bahl. La mayoría no tenía nombre de senador alguno, pero sí indicaban la frase “autoridades del Senado”.
--¿Y por qué tienen esto ustedes? –preguntó uno de los oficiales del operativo.
--Es para hacerle la gauchada a los muchachos. Les cobramos nosotros y luego le entregamos el dinero, porque ellos no pueden ir muchas veces hasta el centro –explicó Beckman.
--¿Y desde cuándo hacen esto?
--Desde hace mucho tiempo. Los ayudamos así, a los que no pueden ir a cobrar.
--¿Y ellos cobran todo el dinero? –insistió.
--Por supuesto.
Mientras transcurría el allanamiento varios de los supuestos beneficiados de las inmediaciones de la casa de calle Almeida empezaron a recibir los pedidos desesperados por parte de Flavia Beckman para que acudieran lo antes posible al lugar. Y a la vez les acotaba: “Cuando les preguntan si nosotros les pagamos la totalidad del dinero que figura en el contrato mensual, ustedes digan que sí”.
La mujer quería obligarlos a que in situ les dijeran eso a los policías y de esa manera liberar sus culpas. Ninguno de ellos acudió a la casa de los Mena-Beckman. Dejaron que se las arreglaran como pudieran con la Policía y la justicia.
El operativo se extendió hasta últimas horas de la noche. Los moradores de calle Almeida no se enteraron nunca que, a la vez que ellos trataban de coaccionar a los contratados barriales para que dijeran que cobraban la totalidad de los sueldos, la delegada judicial, Clarisa Aiello, iba entrevistando uno a uno, en un patrullero, a varios de ellos, a no más de 10 metros del lugar allanado. La Policía buscó a cinco contratados del barrio y los fue llevando a declarar con la delegada, en una escena que era lo más parecido a un confesionario. Cada una de las entrevistas fue quedando registrado en un video, que se iría sumando a la causa judicial iniciada por los fiscales Yedro-Arramberri. Ellos llevaron adelante todo el operativo. Los conductores del Ministerio Público Fiscal, el procurador Jorge García y su adjunta, Cecilia Goyeneche, se enteraron en un recreo en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional del Litoral, donde por separado estaban dando clases a los alumnos. “Ustedes hagan lo que deben hacer”, les dijo solamente el procurador.
Entre los entrevistados express estuvo la empleada doméstica del matrimonio Mena-Beckman, quien tenía un contrato de Diputados como pago para su remuneración mensual.
--¿Pero usted no tiene que ir a Diputados? -se le preguntó.
--No, no conozco ese lugar. Solamente acudo a limpiar la casa de los señores.
O sea, una práctica que, lamentablemente, suelen tener varios legisladores y algunos funcionarios provinciales, desde siempre y en cada uno de los gobiernos, aunque miran para otro lado y hablan todo el tiempo de equidad e igualdad ante la ley. Y nadie quiere reconocerlo. Obviamente, le daban un escaso porcentaje de ese sueldo. El resto, subía a la caja recaudadora.
Cuando se fueron los policías Mena recibió un mensaje de alguien que tenía agendado. Era el contador Gustavo Pérez, responsable administrativo del Senado de Entre Ríos y hombre clave en esta historia, en por lo menos los últimos 10 o 12 años, previo a septiembre de 2018. De hecho, se conocían de la última parte del mandato como vicegobernador de Pedro Guillermo Guastavino, etapa en la que Mena ingresó con un contrato en el Senado entrerriano junto a su mujer.
--¿Gordo, se llevaron todas las cosas? –le preguntó.
--Secuestraron muchos papeles, CPU de la computadora, plata y los contratos. También se llevaron lo del Bebu (Scialocomo). Y lo de Buenos Aires.
--Quedate tranquilo que el uno también está en el tema, para tratar de resolver todo esto. Tranqui nomás –acotó Pérez, sin identificar a quién se refería, aunque se entendía que podía ser alguien de muy alta escala en la organización política.
--Bueno, esperemos.
--¿Talonarios? -preguntó Pérez.
--No mucho; lo de AFIP. Los papeles del monotributo.
--¿Facturas?
--Supongo que sí. Te paso más data cuando llegue a casa.
--Ah, entonces no es tan grave –acotó Pérez.
--No sé, no sé.
--¿A las cajas estas con talonarios no las llevaron?
¿No allanaron el galpón de enfrente?
--No, de ese lugar no se enteraron.
A los pocos minutos se volvieron a comunicar por el chat de mensajes.
--¿Tenés más data? –insistió Pérez.
--Estaba repasando y llevaron un par de talonarios e informes del monotributo; las tarjetas, contratos firmados; los sin firmar; cuadernillos, lista de la gente y la contadora de billetes.
--Bueno, descansá un poco y mañana seguimos. Ojo con el celular, escondelo -remarcó Pérez, quien era consciente de que se le venía la noche, pero entendía que contaban con una cobertura política muy superior, que los ayudaría y que quedarían expuestos a ser hundidos, si era necesario. Políticamente y judicialmente. No ayudarlos, era el acabose de los jefes políticos y Pérez estaba aferrado a ese detalle no menor.
Los pormenores del inicio del millonario fraude al Estado entrerriano quedaron al descubierto en los ocho cuadernos contables encontrados en la vivienda que habitaban Mena y Beckman, con anotaciones casi diarias de las recaudaciones. Los cuadernos eran sencillos, casi como de almacén: nombres, importes, número de los cheques, descuentos, aportes, fechas de pago e identidades de cada uno de los cobradores de esos cheques, lo que hubo que instrumentar a poco de iniciado el sistema, cuando algunos pícaros de los contratados se empezaron a fugar con el dinero de los cheques, sin dejarlos en su totalidad en los jefes de la banda.
Apenas cortó la comunicación con Mena el contador Pérez agarró su automóvil y fue urgente hasta la casa de su mano derecha, domiciliado en la zona de la Toma Vieja y le entregó dos discos duros.
--Esto de Mena y compañía me parece que se va a complicar. Acá te dejo toda una documental. Si nos agarran con esto, vamos presos de por vida –le dijo.
Ese encuentro fue con Alfredo Bilbao, uno de los principales hacedores del mecanismo de recaudación y con fluidos contactos con conocidos abogados penalistas y algunos jueces de Paraná. De hecho, por lo menos seis integrantes de ese selecto grupo, tenían la denominada “peña de los miércoles”, que se extendió incluso con los años siguientes, aunque con la ausencia de Bilbao y se iban rotando los anfitriones. Era una forma de intercambiar informaciones y consolidar algunos códigos -en especial de parte de esos magistrados que podían participar- en determinadas causas, donde no había ningún tipo de excusación. No era necesario quedar al descubierto de esos encuentros amistosos.
Hay quienes sostienen que esos dos discos duros, Bilbao lo dejó en manos de un abogado de su estrecha confianza, para su resguardo y para que nadie lo pudiera encontrar en la investigación judicial. Porque era información clave y determinante para dejar todo el mecanismo perverso al descubierto.
La Policía se fue de la casa de Mena y se llevó presos por el delito inicial de “estafa” a Scialocomo, Beckman y a María Victoria Alvarez, mujer del primero. Todos quedaron detenidos en la sede de la Alcaidía del Poder Judicial, pero no se filtró ningún dato hacia la prensa. Al otro día, muy temprano, la Policía volvió a la casa de Mena y profundizó el allanamiento. Encontraron nuevas cosas para la causa, terminaron de secuestrar los teléfonos celulares y lo trasladaron preso al dueño de la casa. También se llevaron dos vehículos más: un Volkswagen Fox y un Ford Transit, que tras ser requisados, fueron derivados al depósito que tiene la Policía en La Picada. El galpón nunca fue detectado en la investigación judicial. Nadie supo responder por qué. Ni fue realmente lo que sucedió, porque se entendía que podía haber elementos que servirían y mucho a la causa.
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La opinión pública ya se había conmovido con la revelación de dos empleados legislativos del diputado provincial Ricardo Troncoso (Recuperación Radical-Tala), quienes la noche anterior al 20 de septiembre, contaron en detalle cómo el legislador se les quedaba con buena parte de sus respectivos sueldos. Los datos fueron puestos a la luz de la opinión pública en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), con el testimonio de uno de los afectados directos. Carlos Cozzi y su esposa eran empleados legislativos en el despacho del diputado Troncoso desde el inicio de la gestión, a mediados de diciembre de 2015 y los despidieron el 12 de septiembre de 2018. “Troncoso me trajo de secretario y yo le hacía toda la parte de afuera de Casa de Gobierno. Como un chico de los mandados. Los trámites en los bancos y financieras, las cosas del hotel y comprarle desde papas fritas hasta jabón o pescado en Puerto Sánchez”, contó el hombre ante cámara. Cozzi es hermano de Cielo Cozzi de Espejo, pareja de Troncoso en los últimos años y también contratada por el exintendente de Maciá, hombre fuerte del montielismo en la última administración radical y amigo personal del exgobernador Sergio Urribarri. En realidad, la mujer tenía contrato en Diputados de la provincia, como así también en dependencias nacionales, siempre con el aval de referentes de Cambiemos.
“En 2015 empecé facturando 12.000 pesos y me daban 8.000. Después le facturé un poco más y me daba un poco más. Pero siempre tenía un vuelto que darle a él. Un vuelto importante. Terminé con un contrato en el que figuraban 25.000 pesos y me entregaba 15.000”, precisó Cozzi. El trabajador contó también que el mecanismo era instrumentado por el diputado con él, su esposa Marisa y ocho contratados más. “Y llegó a tener 12 contratados”, acotó, al tiempo que describió: “En la oficina estábamos los que trabajábamos, pero había gente que simplemente traía su factura”. En ese grupo estaba su hija. “Ella le facturaba por 12.000 pesos y se quedaba con 3.000, de los cuales tenía que pagar el monotributo y le quedaban 2.000 y pico”, precisó. “Nunca nos dio una copia de los contratos. Nos hacía firmar arriba del escritorio sin leer y siempre con la promesa de que íbamos a quedar en planta. Yo veía toda la chanchada, que algo mal estaba, pero como Troncoso era medio noviecito de mi hermana y nos hacía la promesa de que íbamos a quedar en planta, que me podía meter en el Iafas (Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social) o en cualquier lado, me pedía que aguantara un poquito”, confió Cozzi. Una de las contratadas cumple funciones en el hotel que Troncoso tiene en la localidad de Maciá. Cobra por trabajar en su negocio privado.
“En promedio se lleva entre 10.000 y 15.000 pesos por cada contrato y en algunos casos 20.000, como el de mi esposa Marisa, a quien últimamente le estaba dando 6.000 pesos de los 26.000 que facturaba”, calculó el hombre.
También mostró audios de whatsapp que generaron cierta repulsión. En uno Troncoso le preguntaba a la mujer si pudo cobrar un cheque porque tenía que viajar a Maciá. Ella le respondió que no y él replicó ofuscado: “Tenés que mandarme 20.000 pesos. Te dije que te iba a dar 6.000. Mañana llévalos a la oficina para que me lo manden con el correo puerta a puerta porque yo me estoy yendo a Maciá. Me hubieras avisado porque hace una hora y media que estoy esperando acá al pedo”.
Según Cozzi “entre los ocho contratos se debe quedar con cerca de 100.000 pesos por mes. Pero llegó a tener 12 contratos así”. Y contó que “cantidad de veces” le plantearon la cuestión al diputado. “Nos decía que así es porque hay que hacer un aporte a la política. Yo de mi misma plata, y esto es para reírse, le tenía que llevar una parte a una chica puntera de él de Colonia Avellaneda”, confió el hombre. “La verdad que no me quiero meter, pero los comentarios dicen que varios diputados hacen lo mismo. Yo lo viví de cerca y lo sufrí. Además de situaciones de maltrato, trata mal y habla mal todo el tiempo. Tengo hasta grabaciones. Denigra, humilla, basurea”, narró Cozzi.
“Yo veía los cheques. Uno a nombre de un tal Perlo, Goyeneche, Acosta. En los cheques que salían a nombre de ellos Troncoso falsificaba el endoso y en ventanilla cobrábamos. Para él eso estaba bien, era legal y normal nos decía”, concluyó Cozzi.
En las primeras horas de ese 20 de septiembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción abrió una causa judicial contra el diputado Troncoso, tras la difusión del informe periodístico. Horas después, la fiscal Goyeneche se enteraría de las detenciones de las tres personas, pero esa era otra historia.
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No pocos se sorprendieron al enterarse con quiénes estaban vinculadas las cuatro personas detenidas tras el operativo policial y el secuestro de tarjetas de débito y casi 300 mil pesos en efectivo. Eran todos contratados del senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, hombre del PJ de Gualeguaychú y exvicegobernador de Entre Ríos entre 2003 y 2007, secundando a Jorge Pedro Busti en su tercer mandato. Precisamente llegó a ese lugar por sus vinculaciones con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. De otra manera no hubiera sido compañero de fórmula del concordiense, quien aprovechó esa relación para sumarlo. El conocido Pemo había sido funcionario de Acción Social en el primer gobierno de Busti (donde incluso tuvo una denuncia penal, junto a otra dirigente de la mencionada área, como Margarita Zerdá de Peñalver); luego estuvo en el IAFAS (lugar en que fue denunciado por irregularidades, por el Tribunal de Cuentas, pero luego se cajoneó el expediente) y llegó a diputado provincial en el último gobierno montielista, donde presidió la Comisión de juicio político de la Cámara Baja.
Guastavino y los Kirchner habían militado en el peronismo en la década del ’70, en La Plata. En esa ciudad, un 23 de diciembre de 1976 fue acribillada a balazos en la puerta de su casa Patricia Guastavino, quien militaba en la JUP y era hermana del legislador nacional. El cuerpo de Patricia -que el 17 de agosto había cumplido 21 años- llegó en horas de la noche a Gualeguaychú, en medio de un fuerte operativo de seguridad, y fue sepultado en el cementerio de la ciudad. Nadie sabía del paradero de Enrique; estaba desaparecido desde febrero del ’76, en Santa Fe, donde lo había recluido la organización de Montoneros. Pemo Guastavino cayó preso el 8 de septiembre de 1976 y regresó a su ciudad natal después de la guerra de Malvinas. Atrás había quedado un largo periplo de odio y dolor: una casa de torturas en Santa Fe cuya ubicación nunca pudo determinar -donde estuvo desaparecido por veinte días-; la Guardia de Infantería del Ejército Argentino -en donde lo tuvieron hasta que pudo recuperarse de las secuelas físicas por la tortura-; la cárcel de Coronda durante tres años, Caseros, La Plata y Rawson. Habían pasado más de seis años desde aquel día de febrero de 1976 en que vio por última vez a su hermano Enrique, en la Plaza de Las Banderas, en la capital santafesina, cuando fueron interceptados por un Falcon verde y corrieron uno para cada lado. Enrique fue chupado y es uno de los desaparecidos de nuestra historia sangrienta.
--¿Qué explicación tiene usted respecto de estas personas que pertenecen a su equipo de trabajo en el Senado y están todas detenidas? –se le preguntó a Guastavino, desde el programa A quien corresponda, de FM de la Plaza de Paraná.
--Son contratados míos que tenían la función en Paraná de trabajar en territorio en temas que tienen que ver con trámites de jubilaciones, pensiones y otras cuestiones que siempre se demandan para que yo realice en la Nación. Eran contratados monotributistas y ejercían esa función para mí, contratados por el Senado de la Nación.
De todos modos manifestó su “sorpresa” por la detención de las personas y dijo que inició “el trámite para dar de baja en forma preventiva los contratos hasta que la justicia actuara y se aclarara el tema. La única relación que tengo con ellos es a partir del contrato que se ha firmado con el Senado de la Nación”, acotó, sin ocultar su nerviosismo, aunque de inmediato se hizo asesorar con el abogado Julio Federik, a quien luego puso como defensor en la causa.
En realidad, todos los implicados disponían de contratos en Diputados y el Senado de la provincia, además del Senado de la Nación. Guastavino los tenía registrados desde principios de 2012, pero en Entre Ríos hacía más tiempo que estaban como contratados de la Cámara Alta. Hugo Rubén Mena y su pareja Beckman eran los que aparecían con mayor antigüedad junto a Guastavino. Pero también figuraban la joven Alvarez, hija de Beckman y Scialocomo, que es yerno de la pareja. Además, había otros hijos, yernos o familiares directos de Mena y Beckman. Con el primero estaban relacionados Jazmín Mena Gioveni; Gisella Mena Gioveni; Pablo Balladares; Fernando Sarnaglia y Andrea Demartín, vinculada a un conocido empresario de la construcción. Con Beckman, además de los mencionados, surgían Macarena Alvarez, Alejandro Ferreyra, María Emilia Alvarez y Luciano Giles Retamar. Todos ellos constituían una especie de “grupo de tareas” vinculado al negocio de contratos truchos en la Legislatura y el Senado de la Nación, ya sea con Guastavino como con la exsenadora nacional Sigrid Kunath, también exfuncionaria de Sergio Urribarri, con quien tenía una estrecha confianza. Tanto con el actual embajador argentino en Israel como con su mujer, Ana Lía Aguilera, al punto tal que uno de sus hijos es ahijado de Kunath.
La justicia siguió avanzando y fue encontrando elementos para llenar casilleros donde iban apareciendo actores con diferentes roles y responsabilidades. El 3 de octubre volvieron a hacerse allanamientos en Paraná. En principio acudieron a la vivienda de calle El Ñapindá 1650, en la zona de la Toma Vieja. Allí reside Alfredo Bilbao, quien figuraba como empresario, a quien se le secuestraron computadoras, notebooks, una carpeta con documentación y un celular Samsung S8.
Bilbao era quien más aparecía vinculado al grupo de recaudadores que lideraba la dupla Mena-Beckman y se conocía con Pérez desde tiempos en que trabajaban en la sede del Banco Francés de Paraná. Los investigadores pudieron determinar que el “hombre de números y negocios”, como lo definían, también contaba con una oficina en el edificio de Alameda de la Federación 290, esquina Córdoba, en el cuarto piso, donde trabajaba junto a Roberto Ariel Faure. Bilbao se trasladó hasta ese lugar después de que lo asaltaron meses antes y le llevaron una cuantiosa cifra de dinero, al parecer vinculada a la recaudación de los contratos. Pero Bilbao prefirió no denunciarlo ante la Policía o la justicia. Le dieron la orden de que no había que hacerlo, porque ello podría determinar ciertas pistas a la Policía. Pero estaba claro que ese robo no fue casual; los que cometieron el atraco sabían en detalle los movimientos de Bilbao, el dinero que disponía y de dónde provenía.
Tanto Bilbao como Faure también figuraban como asesores de Guastavino en el Senado, con sueldos de entre 61.000 y 52.000 pesos mensuales, respectivamente. En la oficina de calle Alameda y Córdoba ya no había nada cuando llegaron los fiscales. En la oficina de al lado, en ese cuarto piso del edificio, tiene su oficina el abogado Guillermo Mulet, quien por ser vecinos -tanto en el barrio, en la zona de la Toma Vieja, como en el edificio-conocía muy bien a Bilbao. Y cuando le preguntaron al respecto dijo que no sabía nada de los movimientos del recaudador político y menos qué había sucedido con el estudio lindante. Lo cierto es que cuando los policías llegaron al lugar, la oficina de Bilbao estaba totalmente vacía. Nunca encontraron, por ejemplo, aquellos discos duros que Pérez le había llevado a Bilbao a su casa. Ya estaban guardados en una escribanía fuera de Paraná.
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Nunca hubo un caso que calara tan a fondo en las vísceras del poder político. En el aire silencioso de los alrededores de la Casa de Gobierno se respiraba preocupación, incertidumbre y se seguían minuto a minuto las novedades que se iban conociendo. Había cierta tensión en el clima y cientos de ojos que observaban cada movimiento. Estaban preocupados Gustavo Bordet y Adán Bahl, pero también y fundamentalmente, Sergio Urribarri.
Buena parte de la clase política del urribarrismo sabía perfectamente de su aceitado funcionamiento, pero tampoco lo desconocían en otros ámbitos del gobierno entrerriano. Pero era mejor mirar para otro lado o beneficiarse de una u otra manera.
El día 5 de octubre de 2018 ingresó un oficio a la Legislatura mediante el cual se solicitaba que las dos cámaras proporcionaran a los fiscales los contratos originales de 2008 a 2018 y también los legajos de cada persona contratada, las facturas presentadas y registros de asistencia o de contraprestaciones realizadas. La respuesta negativa llegó primero desde la Cámara de Diputados. Se argumentó que el pedido era desproporcionado e inoportuno y hasta se deslizó que hacía mella en el normal funcionamiento del cuerpo un pedido de esa naturaleza emanado desde otro poder del Estado. Desde el Senado, en tanto, se respondió con una resolución escueta de tan solo dos artículos pidiendo indicaciones expresas y detalladas sobre la documentación requerida. En concreto, ninguno de los dos cuerpos proporcionó ninguna documental y la resistencia a brindarla sería una constante a lo largo de la pesquisa.
El impacto que causó en los medios de prensa el inicio de esta investigación fue grande. Tapas de diarios, portadas de páginas webs, televisión, radio y redes sociales se llenaban de novedades relacionadas con la causa que, en rigor, estaba en una etapa investigativa protegida por la reserva. La situación motivó incluso que el procurador general Jorge García emitiera un comunicado en el cual advirtió que los datos publicados constituían “meras especulaciones propias de la libertad de expresión que no reflejan la postura del MPF en esta investigación que recién comienza”.
La semana siguiente se levantó el secreto de sumario y empezaron a conocerse las primeras explicaciones brindadas en sede judicial por algunos imputados. La entonces senadora nacional Sigrid Kunath negó tener algún conocimiento de los hechos investigados y dijo estar “absolutamente sorprendida”, aunque reconoció que “algunas de las personas referidas en la causa han estado contratadas por mí en el Senado de la Nación, en un periodo acotado de tiempo”.
El senador nacional Pedro Guillermo Guastavino también dio explicaciones, pero su argumento se fue desmoronando día a día. No era casual que sus contratados y asesores estuvieran presos y directamente implicados. Y eso se profundizó aún más cuando cayó detenido también el contador Gustavo Pérez, responsable administrativo del Senado entrerriano. Pérez era, además, su contador personal desde el 2007. Lo fue hasta el día en que cayó preso, después de aparecer como el “jefe” de todo el grupo de contadores que le servía de apoyatura logística para el andamiaje del negocio de los contratos legislativos. Y Guastavino no hacía ningún movimiento sin el aval final de Pérez, más allá que disponía, en Capital Federal, de otros asesores contables de importancia, que también opinaban.
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