“AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:
Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley que propicia la aprobación del Programa de Facilidades Extendidas arribado con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL que está conformado por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, que como Anexos forman parte integrante de la norma propuesta y que, por imperio de la Ley N° 27.612, se somete a su tratamiento.
Dichos documentos son producto de un arduo trabajo técnico e intercambio entre el Gobierno Nacional y el citado Organismo Internacional y tienen por objeto establecer un sendero hacia la sostenibilidad de los servicios de la deuda con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL y sentar, al mismo tiempo, condiciones para que nuestro país continúe afianzando los principios de crecimiento económico, desarrollo productivo e inclusión social.
El Programa que se somete a consideración parte de una concepción y de una lógica totalmente distinta al Acuerdo Stand-By suscripto en 2018, cuya deuda refinancia.
En mayo de 2018, en el contexto de colapso del modelo económico que se implementó en la REPÚBLICA ARGENTINA a partir de diciembre de 2015, donde el mercado comenzó a evaluar como insostenibles los grandes volúmenes de deuda pública en moneda extranjera (principalmente bajo legislación extranjera) que el país había acumulado en los 2 (DOS) años previos y que no fueron acompañados por un incremento de la capacidad productiva que permitiera el cumplimiento de tales obligaciones respetando la sustentabilidad social, con la reversión del flujo de capitales externos de corto plazo, amplificada por la liberalización de la cuenta corriente y de capital, generando tensiones continuas sobre el balance externo que se reflejaron en abruptas devaluaciones, la administración anterior decidió acudir al FONDO MONETARIO INTERNACIONAL y posteriormente acordó un préstamo récord -en cuanto al monto - en la historia de esa Institución.
El acceso bajo el acuerdo Stand-By más grande de la historia del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ascendió, después de un aumento posterior a su firma, a una suma de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente aproximadamente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SIETE MIL MILLONES (USD 57.000.000.000) lo que representaba el MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE POR CIENTO (1277 %) de la cuota de la REPÚBLICA ARGENTINA en el Organismo.
Del monto previsto se desembolsaron en DEG montos cercanos a los DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES (USD 44.500.000.000), dependiendo de la fecha en la que se calcule el tipo de cambio, con un programa de políticas, plazos y montos de repago de características insostenibles e insustentables para nuestro país (un plazo de 36 meses a la tasa de interés básica cobrada por el FMI, es decir, adicionando aproximadamente un 1 % actualmente, en función del promedio de las tasas de corto plazo de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, de la Eurozona y del JAPÓN, a los que además se suman los montos por las tasas de sobrecargos). Cabe aclarar que la REPÚBLICA ARGENTINA, como es de público conocimiento, entiende que la aplicación de los sobrecargos constituye una falencia de la arquitectura financiera internacional, generando efectos negativos para la estabilidad financiera global, y continúa llevando adelante diálogos tendientes a su revisión.
Como producto del proceso de endeudamiento público, mayormente en moneda extranjera y a corto plazo, la situación financiera pasó a ser especialmente crítica. El proceso de endeudamiento público combinado con la fuerte devaluación del peso de los años 2018 y 2019 disparó la ratio de deuda pública a PIB, la cual pasó del CINCUENTA Y DOS COMA SEIS POR CIENTO (52,6 %) en el año 2015 al OCHENTA Y OCHO COMA OCHO POR CIENTO (88,8 %) a finales de 2019, alcanzando una carga de vencimientos en moneda extranjera insostenible en función de la capacidad de repago de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Los desembolsos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad; deuda externa que había sido irresponsablemente aumentada durante el período diciembre de 2015 y marzo de 2018, en más de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA MIL MILLONES (USD 80.000.000.000), de los cuales, aproximadamente unos DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES (USD 55.000.000.000) correspondieron a deuda con acreedores privados y que termina revelándose profundamente dañina para las posibilidades de desarrollo económico y social de la REPÚBLICA ARGENTINA.
De ahí que la carga de deuda resultó insostenible para la capacidad de desarrollo de nuestro país, generando una profunda dependencia con un Organismo con el que la Argentina ha mantenido una larga experiencia de programas fallidos. Con todos los indicadores macroeconómicos deteriorados, el propio FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, en su evaluación ex post del acceso excepcional en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018, reconoció el fracaso de las políticas implementadas, admitiendo que no se logró alcanzar ninguno de los objetivos que se habían planteado, tanto en la esfera económica como en las esferas social y financiera.
Este programa de 2018 partió de 3 (TRES) grandes errores en su concepción: (i) no planteó una reestructuración de la deuda insostenible en moneda extranjera con acreedores privados; (ii) no definió un esquema de regulaciones de los flujos de capitales entre fronteras para evitar que el préstamo se utilizara para formar activos externos y se financiara así la formación de capitales en el exterior, generando daños a la sostenibilidad de la balanza de pagos y (iii) en su diagnóstico, la inflación era un fenómeno puramente monetario y, en consecuencia, el gobierno nacional no planteó la construcción de una agenda cooperativa entre el sector público y el privado para poder implementar políticas de precios e ingresos que contribuyesen a que las expectativas que movilizan los precios tuvieran un comportamiento más estable.
No puede dejarse de lado la dimensión institucional en la decisión de firmar el Acuerdo Stand-By del año 2018, el que fue aprobado sin que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN discutiese, con madurez democrática y transparencia, un programa de la envergadura del Stand-By solicitado al FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. En efecto, la participación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en esa decisión debió ser insoslayable, por imperativo constitucional, institucional y político. Ello así, dado que sin la existencia de un efectivo consenso para llegar a un acuerdo, no puede surgir el compromiso político y social que se requiere para asumir y afrontar acuerdos de este tipo, por sus dimensiones, y por las gravosas consecuencias que acarreaba, destacándose, paradójicamente, que el apoyo político e institucional es uno de los criterios para el acceso excepcional que considera el mismo FMI.
El programa tuvo 4 (CUATRO) de las 12 (DOCE) revisiones previstas originalmente en junio de 2018. La primera revisión demostró que el índice de sostenibilidad de la deuda pública externa había empeorado. Además, requirió una renovación de la estrategia del programa, con objetivos macroeconómicos revisados, junto con cambios en la política fiscal y monetaria a aplicar. En la segunda revisión, una decisión del mayor ajuste fiscal fue incorporada al presupuesto 2019 y el tipo de cambio se mantuvo en la banda de no intervención. Asimismo, se observaron la mayoría de los puntos de referencia estructurales. Para la tercera revisión, la inflación y las expectativas en los precios seguían aumentando, mientras los activos financieros no repuntaban. Tras la cuarta revisión, el FMI advirtió que las necesidades brutas de financiación seguían siendo elevadas y preveían etapas más duras para el programa. Al incumplirse todos los objetivos y haber empeorado los indicadores económicos y sociales, el Acuerdo Stand-By 2018 fue cancelado el 24 de julio de 2020.
Frente a ello, el Gobierno Nacional emprendió, a partir del 10 de diciembre de 2019, la difícil tarea de mejorar el presente tan duro que la Nación enfrentaba y, a partir de allí, sembrar condiciones para construir el futuro. Se buscó una salida al ahogo generado por los plazos exiguos y por los términos que se acordaron para pagar tamaña deuda sin que ello socavara las posibilidades de desarrollo de la REPÚBLICA ARGENTINA.
En un contexto de absoluto respeto del marco constitucional, legal y económico, se realizó un trabajo de negociaciones internacionales de elevada complejidad tendientes a alcanzar un entendimiento para un nuevo programa con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; un Programa de Facilidades Extendidas, que contiene dos bloques principales: por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas y, por la otra, las medidas de crecimiento de mediano plazo y de estabilidad duradera.
Dicho Programa de Facilidades Extendidas se conforma por los 2 (DOS) documentos que integran los Anexos del presente Proyecto de Ley cuya aprobación se propicia y se funda, fáctica, conceptual y técnicamente, en el documento de exposición de motivos que integra este Mensaje (IF-2022-20393757-APN-MEC), dando cuenta de las razones de defensa del interés público que lo motivan.
De este modo, fiel al compromiso público asumido, y conforme resulta de tales instrumentos, hemos proyectado un Programa que tenga como base condiciones para que la REPÚBLICA ARGENTINA continúe en la senda del crecimiento sostenible con inclusión, evitando un acuerdo basado en políticas de ajuste y reformas que quitan derechos laborales y previsionales, como los que tanto daño han producido a la Nación con anterioridad.
Desde el punto de vista fiscal, el acuerdo prevé un sendero de convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación, con una expansión moderada del gasto real, y donde el Estado tendrá un rol clave, definiendo las prioridades centrales, que serán los pilares de inclusión social, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la inversión en infraestructura. Bajo el entendimiento de que dicha dinámica es un elemento central para alcanzar el bienestar social, la REPÚBLICA ARGENTINA continuará promoviendo una mejora en las cuentas públicas consistente con la expansión de la actividad y la inclusión social.
El sendero de reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se expande es el siguiente: para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5 %) del Producto Interno Bruto (PIB); para el año 2023, de UNO COMA NUEVE POR CIENTO (1,9 %) y para el 2024, de CERO COMA NUEVE POR CIENTO (0,9 %). De este modo, la consolidación fiscal se alcanzará de manera progresiva a través de un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos.
También se ha acordado una mejor focalización de los recursos del Estado y una expansión de la inversión pública que tanto necesita la REPÚBLICA ARGENTINA para generar capacidad productiva y para que el sector privado esté en condiciones de mejorar la actividad. Por ello, se mantendrá una política fiscal expansiva con crecimiento de la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, orientada a traccionar la actividad económica y promover la generación de empleo.
Desde la óptica monetaria y financiera, se programa una reducción gradual y persistente de la asistencia monetaria que realiza el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA al Tesoro Nacional, para converger en una situación en la que no haya más apoyo sistemático del primero, sino que la oferta monetaria se pueda mover en forma consistente con la evolución de la demanda de nuestra moneda, sin que ello conlleve presiones adicionales en el tipo de cambio y, por lo tanto, en la inflación.
En sentido similar se acordó un marco que tiene como objetivo una estructura de tasas de interés reales para los instrumentos de referencia de la política económica que redunde en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera.
Se concilió, además, en un enfoque integral de la inflación, el cual parte de la premisa de que la inflación es un fenómeno multicausal, y que es necesario enfrentar dichos factores en forma concurrente: lograr un crecimiento sostenido de las exportaciones que fortalezca las reservas internacionales; mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas y de reducción progresiva del financiamiento monetario, al mismo tiempo que el Estado juegue un rol contracíclico y, finalmente, la coordinación voluntaria de precios e ingresos con el sector privado con el fin de lograr un aumento del poder del salario real de los trabajadores y las trabajadoras que redunde en un fortalecimiento de la demanda agregada.
No se prevé ningún salto en el tipo de cambio, sino que la política cambiaria seguirá en la línea del objetivo de acumulación de reservas internacionales para favorecer la resiliencia en el frente externo y para estabilizar las expectativas. Se plantea una meta de crecimiento de las reservas para el año 2022 de, al menos, DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES (USD 5.800.000.000).
Desde el punto de vista estructural, el acuerdo nos permite garantizar la continuidad de los programas sociales focalizados y el mantenimiento de los derechos de movilidad previsional de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, así como los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. El elemento esencial para ello es el compromiso de mantener todos los años del programa un aumento del gasto en términos reales. Esto forma parte medular de la protección a los sectores más vulnerables impulsando, a la vez, la recuperación económica.
El gasto social permitirá fortalecer políticas y programas de capacitación y empleo, asegurando que el gasto abordará las inequidades de género y el fortalecimiento de las políticas de crecimiento y resiliencia, fomentando la inclusión financiera y la innovación, con el fin de contribuir a la reducción de las brechas sociales, ampliar la territorialidad y federalización, garantizando la incorporación de la perspectiva de género, en la senda y con el compromiso que estamos trabajando.
En el caso de la REPÚBLICA ARGENTINA hemos hecho frente a ese escenario fortaleciendo la distribución de ingresos, que se ha visto mejorada respecto de años anteriores, producto de la política social activa impulsada por el Gobierno Nacional. En esta dirección se establece el compromiso de garantizar un piso en los recursos destinados a los programas emblema: Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). Dicho umbral será revisado e incrementado si las condiciones sociales hacen necesaria una mayor participación del sector público para cubrir las necesidades de la población.
Cabe señalar que el mundo enfrenta grandes desafíos en lo económico y lo social, y por ello resulta indispensable construir una cooperación global para que los Estados que tienen menos capacidad por situaciones de endeudamiento puedan resolver sus problemas y la arquitectura financiera internacional brinde una respuesta multidimensional a este proceso.
En este contexto, corresponde enfatizar que este gran paso que da la Nación es fruto del trabajo colectivo y plurisectorial, en cuyo marco el Gobierno Nacional logró concluir favorablemente en 2020 la segunda mayor reestructuración de deuda soberana a nivel global y la mayor de la historia argentina. Esto ha posibilitado dar previsibilidad y certidumbre, y contribuyó a salir de una situación de angustia que afectaba a todos los argentinos y todas las argentinas, abriendo un camino transitable para construir una Argentina con más trabajo, con más producción y con mejores condiciones de estabilidad.
El proceso reseñado llega a la consideración del PODER LEGISLATIVO respetando los procedimientos administrativos internos de la manera que lo establece la normativa de la REPÚBLICA ARGENTINA, con la participación de las áreas técnicas con competencia primaria e incumbencia necesaria del PODER EJECUTIVO NACIONAL y del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, asegurando así el control, la transparencia y el grado de exactitud técnica en las posibilidades de compromiso actual y futuro, en defensa de los intereses de la Nación y de las generaciones actuales y futuras.
En relación con la intervención de ese Honorable Cuerpo, fue el propio CONGRESO NACIONAL quién ratificó su plena potestad para aprobar y contraer préstamos sobre el crédito de la Nación y acordar los términos para el pago de la deuda pública ya contraída, como es el caso. En efecto, es en ese ámbito de representación política del pueblo de la Nación y de las Provincias donde se deben debatir sus alcances, implicancias y los compromisos que asume la REPÚBLICA ARGENTINA, que afectarán la vida de todos los argentinos y todas las argentinas, y que excederán largamente varios mandatos constitucionales. Esta decisión fue adoptada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN mediante la sanción del bloque normativo constituido por: (i) la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, por la cual se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y se encomendó al PODER EJECUTIVO NACIONAL la creación de las condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que fuese compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos y (ii) la Ley N° 27.612 que ratificó que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. De este modo se modificó el proceder adoptado por la administración anterior que, sin dar intervención al Congreso Nacional en el trámite del acuerdo que suscribió, comprometió a varias generaciones de argentinas y argentinos.
Es importante destacar que la REPÚBLICA ARGENTINA debe saldar con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 2 (DOS) vencimientos en marzo del corriente año en concepto de capital (en Derechos Especiales de Giro –DEG-): el día 21, un vencimiento de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DEGS (DEG 687.500.000); y el día 22, otro de MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DEGS (DEG 1.326.713.750), lo que equivale, según el tipo de cambio tomado al 24 de febrero de 2022, a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (USD 958.498.750) y de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (USD 1.849.677.776) respectivamente, ascendiendo a más de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE MIL MILLONES (USD 19.000.000.000) aproximadamente los vencimientos totales de DEG durante el transcurso de 2022, montos que comprometen el nivel de reservas disponibles.
Ahora bien, la firma y aprobación de este Programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la REPÚBLICA ARGENTINA con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso.
Por todo lo expuesto, apelando a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras, se solicita el tratamiento urgente de este proyecto de Ley por el cual se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL conformado por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento” que, como Anexos IF2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, respectivamente, forman parte integrante del proyecto de Ley. Como resulta de su contenido, se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, de modo que se evite que la REPÚBLICA ARGENTINA incurra en atrasos con el Organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia en la que aún estamos inmersos.
Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración“.
Lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del ministro de Economía, Martín Guzmán; y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.