Justicia y humanidad
La semana pasada, Miguel Ángel Madariaga, de 29 años, y Facundo Alejandro Ortiz, de 24, fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Morena Domínguez. Como parte del equipo jurídico de Argentina Humana, representamos a Hugo, su padre. A nosotros, los mismos que el poder señala como “vagos, chorros, ocupas y planeros” por defender los intereses del pueblo trabajador, nos tocó demostrar —ante un tribunal y con todas las garantías procesales que brinda la Constitución— que Madariaga y Ortiz fueron los asesinos. Lo hicimos sin recurrir a la falacia de “cárcel o bala” ni al show de los rambos de Twitter. Hicimos justicia.
Nosotros nos quedamos cuando se apagan las cámaras. El trabajo callado, terco, hecho con el corazón y con las tripas, fue el que permitió esta condena. Cumplimos con nuestro deber y queremos contar la historia, que se sepa cómo fue y qué enseñanzas deja.
Era la mañana del 9 de agosto de 2023, gélida, electoral, cargada de rumores sobre encuestas y candidaturas. Que si Larreta o Bullrich, que si Massa o Grabois, que si Milei era moda porteña o tsunami nacional. Nosotros, por entonces, afinábamos los últimos detalles del cierre de campaña de la lista Justa y Soberana, sin recursos, sin padrinos, compitiendo en absoluta desventaja contra todo el aparato partidocrático dentro de Unión por la Patria.
Mientras soñábamos con dar una disputa por ideas y programas, un mensaje de cambio en medio del desencanto con el Frente de Todos, recibimos el golpe: Morena, la hija de Hugo, cartonero y compañero del Movimiento de Trabajadores Excluidos, había sido asesinada. Una de las primeras en dar la noticia fue Natalia Zaracho, hoy diputada nacional, compañera de Hugo en la cooperativa, sospechosa de siempre, objeto del odio gorila, víctima de permanentes difamaciones.
La noticia sacudió al país. Los actos electorales se suspendieron. En un gesto de humanidad que hoy, quizás, no se repetiría, todos hicimos silencio. Morena tenía once años. Fue atacada a metros de su escuela, la Primaria N° 60 de Villa Diamante, Lanús. Las cámaras de seguridad registraron el horror: dos hombres en moto la arrastran y escapan. Las imágenes recorrieron todos los medios. Fue una conmoción que atravesó clases, barrios, ideologías.
Para nosotros, fue también personal. Porque era la hija de un compañero… y nosotros tenemos la gracia de formar parte de un ecosistema que se forjó en el amor y el dolor donde un cartonero puede abrazarse a un físico nuclear en una marcha o en un velorio. Como siempre que matan a uno de los nuestros, estuvimos ahí, en el barrio, en el barro, en la trinchera, como debe ser… para eso somos militantes. Es nuestro deber.
Junto a la gente que reclamaba justicia, estuvimos en la Comisaría 5ta de Villa Diamante, la misma comisaría que conocemos demasiado bien. Es donde detuvieron ilegalmente a Natalia Zaracho por evitar que una patota uniformada linchara a un pibe de doce años; la misma que mandó Kravetz a irrumpir en un comedor comunitario desatando la furia popular, el mismo reducto de la mafia narcopolicial que degrada la vida de millones de personas del sur del conurbano.
Diego Kravetz es un espécimen particular de la familia del camaleón. Ex izquierdista, ex kirchnerista, ex massista, ex macrista y actual jefe de los servicios de inteligencia de Javier Milei. Siempre nos odió. Bien que hace. Cuando mataron a Morena, en vez de buscar a los culpables, activó el modo buitre con toda su vileza. Salió a instalar que el nene que Natalia había protegido meses atrás era el asesino de Morena. Sabía que era mentira. Sabía que los responsables eran adultos. Pero no le importó: quiso hacer campaña con la sangre.
La mentira le duró poco. En una entrevista con Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia en Radio Con Vos, el globo se pinchó en vivo. Muchos dicen que ahí perdió la intendencia.
Mientras este infame personaje de las cloacas del sistema hacía lo que hacía, los nuestros hacían lo que debían, lo que no sale en la tele: la morgue, el velorio, el entierro, el aguante. Con Sergio al frente, los cartoneros se pusieron al hombro el funeral de los que no pueden pagar ni la tumba con la que van a enterrar a sus hijos.
El camino hasta el juicio fue duro. Amenazas directas, conflictos familiares, noticias falsas, miserias políticas. Pero cumplimos el compromiso asumido desde el primer momento: acompañar a Hugo y su familia hasta obtener justicia. Y lo logramos. Paradójicamente, cuando se conoció la condena, las milicias digitales de Kravetz —alimentadas por los fondos de la SIDE— volvieron a atacar a Natalia Zaracho, justo a ella, que forma parte del espacio que logró encarcelar a los verdaderos asesinos.
La mentira, aunque se repita mil veces, sigue siendo mentira. Y aunque algunos la crean, hay una verdad más profunda que no se tuerce: la que ve el de allá arriba, el que no se deja engañar.
Nosotros queremos justicia para las víctimas, que se juzgue y sancione a quienes matan. Y lo conseguimos. No con discursos de plomo ni con justicieros de televisión. Lo hicimos con trabajo legal, social, político. Lo hicimos en serio.
Como combatimos la violencia criminal, también enfrentamos la violencia institucional, las pulsiones represivas y autoritarias con las que quieren sepultar la democracia y los derechos humanos. Por eso, vamos a resistir cada intento de instalar la pena de muerte encubierta, la tortura estatal… o imponer la baja de edad de imputabilidad sin condiciones mínimas para que sea una solución a algún problema.
Creemos que el delito es un problema y actuamos en consecuencia. Pelear para hacer justicia no implica subirse a la ola deshumanizante de los eslóganes marketineros o no poder denunciar las complicidades de funcionarios y policías en tramas delictivas. Por todo esto es que creemos que bajar la edad de imputabilidad no es la respuesta mágica a la inseguridad, problemática compuesta por muchas más dimensiones además de las vinculadas a los menores de edad.
¡Ojo! Esto de ninguna manera significa que pensemos que no haya que hacer nada, como esgrimen quienes defienden la baja pintando un escenario de “blanco o negro”. Tenemos que intervenir antes y después. Desde las áreas de niñez para prevenir que estos pibes se dañen a sí mismos o a otros. Las instituciones de nuestra comunidad, las escuelas, los clubes tienen que poder contribuir a alertar estas situaciones antes de que sea tarde.
Y cuando ya se produjeron los hechos, también tiene que haber una intervención. Pero no cualquiera, el Estado tiene que salir en busca de esos pibes para ofrecerles una oportunidad. Y ante los casos graves, como se da en la práctica –aún con menores de 16– a través del dictado de medidas de seguridad que impliquen privación de la libertad. Los centros que alojen menores tienen que ser especializados. La institucionalización debe pensarse para que a su salida, no vuelvan a protagonizar un hecho que implique un daño grave, incluso irreversible. Encerrarlos en forma masiva y en las condiciones actuales sólo reforzaría el circuito de violencia y prácticamente los empujaría a reincidir durante toda su vida adulta.
No somos boludos. Sabemos que un pibe con un fierro puede matar y puede morir. Queremos que estén contenidos, y en los casos que lo ameriten, privados de la libertad incluso, pero bajo un régimen razonable. Que no los torturen, que no los violen, que no los hagan pasar por un curso intensivo en el que te recibís de asesino serial. Queremos instituciones que garanticen la justicia pero que cuiden, que contengan, que transformen. Que existan medidas de seguridad reales, no simulacros idiotas para la tribuna que generan más problemas que los que resuelven.
Cuando se establece una edad, ya sea para determinar la imputabilidad, la mayoría de edad, poder elegir o ser electo, hay un elemento de arbitrariedad inevitable. Lo dicho no implica una posición dogmática sobre la edad de imputabilidad sino una muy práctica: hoy no existe ninguna condición para que reducir la edad de imputabilidad a los 14 años sea una solución viable para que esos pibes dejen de delinquir. Muy por lo contrario lo que se va a lograr es aumentar los niveles de criminalidad. Si existieran las condiciones de infraestructura y personal especializado se podría discutir. Así como están las cosas es pura demagogia.
En estos días la derecha ignorante, brutal, retrógrada y estúpida, junto a los pusilánimes de nuestro campo que se dejan correr por los medios, quiere votar la baja de la edad de imputabilidad sin las condiciones mínimas para que eso tenga sentido. Todos sabemos que los menores que delinquen van de la mano del narcotráfico. Muchos de los que van a levantar la manito para estas nuevas y estúpidas leyes penales financian el narcotráfico cuando compran cocaína. Toman de la buena, no se confundan. Sería interesante, también, que jueces, fiscales, policías y funcionarios se sometan a controles antidroga periódicos. Si están enfermos, que se curen, pero que no financien lo que dicen combatir.
Sí hay un consenso en cuanto a la necesidad de avanzar en un régimen penal juvenil democrático, que reemplace el Decreto-Ley de Videla. Por eso los diputados de nuestro espacio acompañarán el proyecto del bloque de Unión por la Patria, aunque planteando una disidencia parcial fundamentando nuestra visión de que la edad de imputabilidad se mantenga en 16 años.
La justicia debe ejercerse dentro del marco constitucional. Las cárceles, como establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, deben ser sanas y limpias. Deben formar para la vida en libertad, no reproducir la lógica del crimen. Necesitamos políticas de resocialización para el post encierro, un Estado presente que combata la miseria, la indiferencia y el narcotráfico, que es el peor de los flagelos. Una policía bien paga, una justicia al servicio de las víctimas, y un poder político que reaccione antes del escándalo, no después.
Justicia es lo que hicimos. Justicia es lo que queremos seguir haciendo. Con leyes, con verdad, con sentido de realidad… sin griterío de circo.
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