La semana que viene será la primera revisión trimestral del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. El país habrá cumplido -con ayuda- los objetivos exigibles y se aprobará un nuevo desembolso. Pero estos podrían ser los últimos momentos de agonía de un programa que ya nació con una esperanza de vida muy corta. En los próximos meses la política económica se enfrentará reiteradamente a la disyuntiva entre amoldarse al cumplimiento de las metas del programa o sostener el nivel de actividad económica. Y aún primando dentro del Ejecutivo la intención de acercarse al cumplimiento de las metas, lo más probable es que el ala kirchnerista no acompañe las medidas de shock que esto implicaría. La lucha es en dos frentes, el de la coyuntura y el de la política.
Los tres objetivos principales del programa con el Fondo (acumulación de reservas netas, déficit fiscal primario y asistencia del Banco Central al Tesoro) caminan al borde de la cornisa. Los meses más desafiantes para la acumulación de reservas netas aún no llegaron y, aun así, la intervención del Central en el mercado de cambios se mide a cuentagotas. La coyuntura le está jugando una mala pasada al Banco Central de cara a su objetivo de acumulación de reservas: se encarecieron las importaciones energéticas tras desatarse la guerra en Ucrania, hay un mayor drenaje de divisas por gastos de turismo en el exterior, y es indispensable incrementar las importaciones en valor (por suba de precios internacionales y costos de fletes) para mantener el nivel de actividad económica de fines de 2021.
La pelea entre acumular reservas o importar para poder crecer, la está ganando la actividad. Al menos por ahora. Mantener el nivel de actividad de fin del año pasado tuvo un importante costo en términos de importaciones en lo que va del año. Aunque todavía no hay datos oficiales, en el primer trimestre el crecimiento de la economía habría rondado 6,5% interanual, mientras que las importaciones crecieron 20% en volumen. Las reservas del Central no sólo sintieron este aumento en las cantidades importadas, sino que también tuvieron que costear una suba de 16% en los precios y de 80% en el valor del flete internacional, producto del doble shock de sequía y guerra.
Los requerimientos de divisas para importar (y crecer) irán en ascenso en los próximos meses. Será un invierno complicado para la balanza comercial energética, lo que afectará tanto la meta de acumulación de reservas como la fiscal, al aumentar el gasto en subsidios. Entre mayo y agosto se requerirán más de US$4.700 millones para cubrir el déficit comercial energético, casi quintuplicando el monto que se necesitó un año atrás. Esto, considerando que el Gobierno logra garantizar los barcos de GNL y se cumple el principio de acuerdo con Bolivia y Brasil para importar volúmenes similares (o mayores) a los del invierno 2021, ambos factores necesarios para no tener que limitar la actividad fabril por faltantes de gas.
La disponibilidad de divisas para importar no sería suficiente para que el Banco Central pueda cumplir con la meta de acumulación de reservas internaciones que plantea el Fondo y que, a la vez, la economía logre crecer. Los números de los primeros meses del año avalan esta afirmación. Cumplir con la meta de reservas internacionales a rajatabla implicaría un crecimiento nulo en el promedio del año, mientras que, si la meta se flexibiliza, por ejemplo, en US$ 2.000 millones, la economía podría llegar a crecer 1%.
Recientemente, desde el FMI enfatizaron que los objetivos del programa no serán modificados a pesar del nuevo escenario externo, y que ayudarán a las autoridades argentinas a priorizar las medidas para cumplir las metas. Por eso, de no mediar un shock que cambie bruscamente el escenario externo, hay tres desenlaces posibles en torno a las políticas que debería adoptar la economía argentina para cumplir con la meta de acumulación de reservas internaciones netas este año: 1) un waiver que le permita al Central acumular -un poco- menos de reservas netas y a la economía crecer muy modestamente; 2) un freno a las importaciones, que induciría en faltantes -en particular de insumos- que derivarían en una mayor inflación y menor actividad; y/o 3) una devaluación que reduzca las importaciones y el nivel de actividad.
En este punto, el programa se enfrenta a un segundo escollo que pareciera ser más inflexible que la coyuntura: la política. El Ejecutivo respaldaría las medidas necesarias para acercarse al cumplimiento de los objetivos acordados, pero el ala kirchnerista del Gobierno no estaría dispuesta a resignar crecimiento económico o devaluar para cumplir con las metas. De hecho, varios referentes del kirchnerismo se han venido pronunciando en contra del acuerdo con el FMI y del accionar del ministro Guzmán, principal interlocutor del gobierno argentino con el organismo.
Los próximos días serán clave para la sobrevida del programa. El 10,11 y 12 de mayo la Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas para actualizar tarifas de gas y electricidad, y definir la segmentación de subsidios. Tal como acordó con el FMI, el Ejecutivo buscará una suba promedio en torno al 50% y eliminar subsidios a los sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, referente del kirchnerismo, pregonará para que las facturas de la mayoría de los usuarios residenciales tengan incrementos promedio de no más del 20%. La actualización de tarifas de servicios públicos no sólo es vista como una herramienta para acercarse al objetivo fiscal, sino que Alberto Fernández y Martín Guzmán la consideran una señal política para mostrar su intención de cumplir las metas del acuerdo.
La historia muestra que la fatiga política en programas como el que Argentina firmó con el FMI ha sido habitual. No pareciera que el caso argentino resulte una excepción, más aún, teniendo en cuenta que el programa se gestó en un contexto muy diferente al que lo vio nacer. A este combo hay que agregarle las tensiones al interior del oficialismo, que seguramente seguirán agravándose. Qué grado de intensidad alcanzarán y cuánto afectarán la capacidad política del Gobierno es una pregunta que cada vez suena más fuerte, y que definirá en gran medida las posibilidades de supervivencia del programa a sólo dos meses de haberse aprobado.
DT