Con el objetivo de contrarrestar una inflación en el nivel más alto de los últimos 20 años y evitar que se profundice la desigualdad en la Argentina, el Gobierno anunció ayer un refuerzo en los ingresos de los sectores más vulnerables. Concretamente, le pagará en dos cuotas un bono de $18.000 a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadoras de casas particulares, estén registradas o no.
Quedó fuera un universo de asalariados que, aun registrados, cobran salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Si bien el presidente Alberto Fernández resaltó que se buscará reforzar los ingresos de este segmento por la vía de las paritarias, en lo inmediato hay alrededor de 1,7 millones de personas que están en una situación de emergencia, pero no son alcanzadas por el refuerzo. Son el bache en la estrategia oficial.
Datos construidos por el economista Leopoldo Tornarolli, del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, muestran que, dentro del universo de asalariados formales, 17,5% era pobre en el tercer trimestre de 2021. El número total de asalariados formales ronda 9,7 millones de personas, por lo que 1,7 millones de personas se encuentran en esa situación; si bien pertencen al circuito laboral más protegido, no cuentan con los ingresos suficientes para comprar la canasta básica.
Este número se achica si se excluye a las trabajadoras de casas particulares, incluidas en el universo que verá reflejado el plus en sus ingresos. “La tasa de pobreza entre trabajadores de casas particulares registrados es bastante alta: 52,4%. Pero como son relativamente poquitos [alrededor de 470.000 según registros oficiales de mediados de 2021], separarlos de los asalariados registrados no cambia mucho la tasa de pobreza de éstos: pasa de 17,5% a 17%”, explica Tornarolli.
Por fuera de este sector, quienes engrosan las filas de los trabajadores pobres son asalariados de las actividades con ingresos más bajos: gastronómicos, maestranza, textiles, prensa, según apunta Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. También los empleados públicos provinciales y municipales, para quienes no rige el piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
El presidente Alberto Fernández dijo ayer en el Salón Blanco que el Gobierno no se “desentiende” de la situación de los trabajadores formales. “Entre la UIA y la CGT están trabajando para reabrir paritarias y corregir desfasajes que ha generado el proceso inflacionario en acuerdos paritarios. La semana que viene vamos a tener más definiciones en muchas paritarias y vamos a trabajar para que esas correcciones vengan lo antes posible”, precisó.
El bono alcanza a monotributistas de la categoría A y B, es decir aquellos que perciben ingresos mensuales brutos por hasta $57.750 y que son alrededor de 680.000. Esto permitiría cubrir a gran parte de los cuentapropistas que son pobres, 54,3% entre el universo de no profesionales.
Cabe aclarar que el monto del nuevo refuerzo es inferior, en términos reales, de lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia. Inflación mediante, los $10.000 del IFE de abril de 2020 serían hoy $21.800, según los cálculos de Tornarolli.
Para los jubilados habrá un bono de $12.000, que será para aquellos que cobren hasta dos salarios mínimos, equivalente a un tope de $65.260. De acuerdo con datos oficiales de la Anses, 4,2 millones de jubilados cobran hasta dos jubilaciones mínimas, sobre un total de 5,7 millones. Es decir que el 74% de los jubilados percibirán el empujón extra de los $12.000. Aquellos que cobren haberes equivalentes a un solo haber mínimo ($32.630 en abril), se le sumarán los $6.000 que el Gobierno ya había anunciado y que comenzaron a pagarse esta semana.
DT