“Ya no como queso, yogur; algunas veces saco fruta fiado. Me enfoco solo en la comida y medicación, ningún divertimento”, dice una jubilada en un móvil de calle del canal de televisión A24. “No compro marcas; compro lo más barato. Los primeros días, que cobro la jubilación, cubro las cuentas básicas: luz, gas y teléfono de línea, pero no tengo nada de tecnología: no tengo cable, no tengo televisión. Me privo de todo lo que me puedo privar”, suma otra. El tan mecionado ajuste no es algo que depara el futuro ni una tarea que Sergio Massa llega al Gobierno a inaugurar. Desde hace tiempo opera de hecho en los bolsillos de las familias argentinas y, en todo caso, el nuevo ministro de Economía deberá organizarlo. Decidir a quién le corresponde pagar qué.
Eso piensa quien hasta el viernes a la tarde se descontaba como próximo viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que dirige la consultora GRA y calculó que cada argentino destina alrededor $6.000 por mes para pagar el “impuesto inflacionario”. La suba de precios lima sobre todas las billeteras, pero a no todas por igual. Cala sobre todo en las familias de menores ingresos, que destinan mayor porcentaje a los alimentos (con subas que estuvieron, muchas veces, por encima de la mayoría de las categorías) y tienen menores posibilidades de financiamiento.
Massa inicia su gestión pocos días antes de que se conozca el que, se anticipa, será el peor dato de inflación del año. El Índice de Precios al Consumidor de julio estará en torno al 8%; según las consultoras privadas. En sus primeros anuncios se comprometió a “enfrentar la inflación con determinación”, fenómeno que consideró “la mayor fábrica de pobreza”. Sin embargo, a la manera de Martín Guzmán, no anunció ninguna medida en particular destinada a ese fin, sino que señaló que el paquete en su totalidad fue diseñado para eso. Dado que lo atribuye a causas múltiples, reducir la escalada en las góndolas depende de “tranquilizar la economía”. En ese cuadro un elemento central es la decisión de suspender los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, al menos para moderar las expectativas de los más ortodoxos.
Si otras gestiones hicieron foco en la especulación de los empresarios y en el control de su voracidad, Matías Tombolini, nuevo secretario de Comercio Interior, ya dio señales de que esa no será su estrategia. “No vamos a salir a perseguir con el chipote chillón del Chapulín Colorado a ver si alguien cumple o no”, dijo. Más que en el garrote, su acercamiento está inspirado en la teoría de las expectativas racionales y los incentivos: buscará hacer acuerdos con las empresas en base a la “mutua conveniencia”.
Para Tombolini es necesario recuperar el espíritu original de Precios Cuidados, que nació en 2014 con la idea de establecer una referencia de precio en cada categoría y no de ser necesariamente la alternativa barata, desacoplada del resto de productos similares. Por eso buscará relanzarlo y enfocar el programa en los bienes y marcas más consumidos, que sirvan para fijar una imagen mental. Massa le trazó públicamente la misión: debe “darle orden a la mesa de los argentinos y recuperar un sistema que permita saber cuánto valen las cosas”.
La Secretaría de Comercio recuperó con esta nueva gestión la responsabilidad de administrar los permisos no automáticos de importación. El objetivo es “cuidar” los escasos dólares y también controlar que los precios de las góndolas argentinas tengan relación con lo que ocurre en el mercado oficial de cambios y no que reflejen valores especulativos. Se pregunta Tombolini: ¿El precio de la palta o la banana, productos mayormente importados, creció al ritmo del dólar oficial o por encima?
De hacerlo, el viceministro Gabriel Rubinstein entrará a la gestión con la idea de que hay un riesgo de una hiperinflación que toca cada vez más fuerte la puerta. Lo dijo él mismo esta semana, cuando todavía no había recibido el llamado para sumarse a la conducción de la política económica. Su consultora calculó una inflación del 90% para este año y en torno al 70% para el 2023.
La perspectiva del nuevo gabinete de Economía es que la inflación de julio y de agosto marcará un pico a partir del cual comenzará a moderarse la tendencia –si se cumple con el sendero de ajuste fiscal programado– para ubicarse en el orden del 4% o 5% mensual. Si se pretende un efecto mayor, el esfuerzo “ordenador” deberá ir más allá de las metas trazadas con el FMI. El escenario de máxima es neutralizar por completo el efecto interno y registrar solo el impacto de la inflación global, que está haciendo estragos en las economías consideradas más ejemplares. Así, no se puede aspirar a menos de un 10% anual de inflación que, en cualquier caso, para la Argentina es un escenario idílico.
En lo inmediato, y mientras trabaja en lo que –ya avisó– no puede resolver en tres días, Massa definió algunas medidas para compensar los ingresos. Anunció un bono para jubilados, que la semana próxima sabrán cuánto les corresponde de aumento por la fórmula de movilidad –el dato estará entre el 15% y el 16% y quedará una vez más por detrás de la inflación– y anticipó una reunión con representantes sindicales y patronales para articular una mejora en los salarios privados.
Los gremios reclaman reabrir paritarias, un mecanismo que les permite elevar de manera permanente el piso de sus ingresos mensuales. También prefieren esa estrategia las patronales, que consideran que cada sector debe sentarse a negociar de acuerdo a su propia realidad. El Gobierno se inclina por una suma fija, que tiene mayor impacto en los escalones salariales más bajos y que, al dejar inalterados los porcentajes finales de aumento, modera la dinámica de retroalimentación salarios - precios. También está sobre la mesa un “reestudio” del sistema de asignaciones familiares, enfocado en asalariados que perciben entre $50.000 y $150.000 mensuales. Eso podría significar un aumento de salarios vía el componente que paga Anses.
Por otra parte, el 18 de agosto se volverá a reunir el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para engrosar el 45% de aumento que se había dispuesto inicialmente para 2022. Esto tiene efecto directo en los 1,3 millones de planes Potenciar Trabajo, cuyo monto es la mitad de un salario mínimo. A ese universo de trabajadores informales se les sumó un bono de mitad de año, de $11.000, que fue anunciado por Alberto Fernández y que se pagó el viernes pasado. Todas medidas que ayudan a salvar la urgencia, y que los movimientos sociales exigen, pero tienen efecto fugaz. No hay recomposición que pueda seguir el ritmo actual de la inflación.
DT