“Si realmente queremos hacerlo, es ahora”. En una de las tantas salas de reuniones de los edificios que, en Bruselas, albergan la sede institucional de los distintos organismos que conforman la Unión Europea, una funcionaria da detalles sobre un punto clave de su agenda: el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. El texto se consensuó entre 2019 y 2020, después de dos décadas de conversaciones, pero no fue ratificado principalmente por cuestionamientos ambientales de la parte europea al gobierno de Brasil. Sin embargo, un nuevo escenario global y la necesidad de Europa de diversificar sus proveedores de alimentos y energía relanza el interés por Latinoamérica y la puesta en marcha del acuerdo.
Europa sabe que, de haber tenido operativo el acuerdo --que elimina aranceles para el ingreso de productos primarios a Europa y de bienes industrializados al Mercosur--, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania habría sido mucho más leve. Según cálculos citados por fuentes de la UE, el conflicto bélico y el efecto rebote de las sanciones aplicadas a Rusia le generaron a los países miembro pérdidas por 350.000 millones de euros. “Más de la mitad de ese monto se podría haber compensado fortaleciendo la relación con el Mercosur”, señaló.
La UE admite que al enfocarse en gestionar la relación con los países en conflicto, la región latinoamericana, con la que siempre tuvo una convivencia amigable, se “dio por descontada”. “La guerra cambió esto y nos hizo notar que son nuestros aliados más próximos, nos hizo mirarlos con otros ojos”, apuntó una fuente.
Quienes participan en la negociación con los países que integran el Mercosur aspiran a que el acuerdo, que prevé una entrada en vigencia inmediata, sea ratificado a fines de 2023. Sin embargo, hay varios factores que enturbian ese horizonte. “Mientras que (Jair) Bolsonaro esté en el gobierno de Brasil, no creo que salga”, dijo en una conversación con elDiarioAR y otros medios argentinos Jordi Cañas, eurodiputado español del bloque Renew Europe, jefe de la delegación encargada de las relaciones con el Mercosur.
Brasil es la pieza clave. El congelamiento del acuerdo se explica por las objeciones que plantearon miembros del bloque europeo, alentados por una demanda intensa de la sociedad civil, por los efectos ambientales que consideran que acarrearía su implementación. Los incendios de 2019 en el Amazonas alimentaron la idea de que el aumento de la oferta de carne proveniente de Brasil incentivaría la actividad ganadera en ese país y, por lo tanto, generaría mayor deforestación en la selva amazónica, el “pulmón” del planeta.
Puesto así, el acuerdo chocaría de frente con la prioridad de la Unión Europea de dar pasos certeros en la protección del ambiente, de respetar su propio “green deal”. Para Cañas se trata de un argumento falaz. “Hoy se deforesta básicamente para plantar soja y que pasten las vacas. Hoy no está ratificado el acuerdo con el Mercosur y ¿cuál es el arancel para la entrada a Europa de la soja brasileña? Cero. ¿Y las cuotas? No hay. ¿Entonces qué relación tiene la firma del acuerdo con la deforestación para la soja? Ninguno”, dijo.
Para el eurodiputado, el acuerdo se ha tomado como una herramienta de política nacional. “Se ha convertido en un elemento tóxico por el tema medioambiental. Ahora aquí [en el Parlamento europeo] todo está pintado de verde y la Comisión Europea no va a iniciar un proceso de ratificación cuando tiene una parte importante de los Estados en contra”, sumó Cañas.
De todos modos, no descartó la meta de 2023. Actualmente preside el Consejo de la Unión Europea Francia, reticente a firmar el acuerdo por la desprotección que implicaría para sus agricultores, pero en julio se inicia la presidencia semestral de República Checa, que será seguida por la de Suecia y la de España; tres países pro-acuerdo. “Habrá un año para evaluar la situación y ver cómo se resuelve la situación de Brasil y debería ratificarse durante la presidencia de España”, estimó Cañas.
Como una estrategia para poder poner la discusión nuevamente sobre la mesa, el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, propuso sumarle al acuerdo una “carta adjunta” en la que se precisarán con números concretos los compromisos ambientales que están incluidos a trazos gruesos en el acuerdo y que replican los adquiridos en el marco de la COP21. De esta manera, se espera despejar las dudas de los más escépticos.
La carta adjunta o adenda está en proceso de construcción, todavía bajo reserva. También resta chequear la consistencia de todo el texto, resolver los “cabos sueltos”, y traducirlo las 1.400 páginas a las 23 lenguas oficiales de la UE. Consultados por elDiarioAR, en la cancillería argentina señalaron que “podría haber buenas perspectivas para llegar a un acuerdo”, pero sin especificar plazos. “La meta del acuerdo siempre estuvo presente, pero desde allá (Europa) siempre le encontraron un pero”, precisaron en el Palacio San Martín.
El acuerdo incluye una parte comercial, que se terminó de definir en 2019, y otro segmento “político y de cooperación” al que se le dio las puntadas finales en 2020. Dado que la Comisión Europea --el órgano ejecutivo de la UE, presidido por Ursula von der Leyen e integrada por 27 comisarios con la obligación de representar el interés de Europa y no de sus países de origen-- tiene “competencia exclusiva” sobre los asuntos comerciales, se evalúa la posibilidad de desdoblar el acuerdo y que se apruebe solo el segmento comercial vía ese órgano, sin necesidad de pasar por el largo proceso del Parlamento.
El acuerdo político sí atravesaría la instancia del Parlamento, donde debería ser acordado por unanimidad y ratificado por los 40 parlamentos europeos (incluidos los de los 27 países miembro y los de algunos estados que tienen su propio órgano legislativo autónomo, como Bruselas). Así fue ratificado el último acuerdo de libre comercio firmado por la UE, en 2019, con Vietnam.
El estancamiento del acuerdo también responde a los cuestionamientos de los agricultores de Francia e Irlanda, que serían los perdedores a ese lado del océano una vez abiertas las fronteras a los productos primarios sudamericanos. Según un funcionario de la Unión Europea, se trata de un “lobby agrícola desmesurado” porque los agricultores franceses solo representa a “alrededor del 3% de la población del país”, pero tiene gran impacto en la discusión pública. Pasadas ya las elecciones presidenciales de Francia, el bloque podría contar si no con el aval del país, al menos con su abstención en la votación.
Un argumento en contra del acuerdo que se escucha en la costa oeste del Atlántico es la posibilidad de que congele la situación de desarrollo actual; que los países del Mercosur se consoliden como exportadores de materias primas, sin impulsar las capacidades de agregar valor. “¿Cómo el acuerdo va a hacer lo que ya es así?”, lanzó Cañas, consultado por esa idea. “Ustedes en el corto plazo van a perder, pero en el medio plazo van a crecer porque se incorporarán a la cadena global”, dijo Cañas, para quien con el acuerdo “Europa gana un mercado y el Mercosur, una oportunidad”.
DT