Alberto Fernández se va de la cumbre del G7 con la satisfacción de manifestar la voz de Latinoamérica ante las naciones ricas, pero también preocupado porque las potencias occidentales y Japón no están dispuestas a dialogar con Rusia para terminar con una guerra que ha disparado la inflación mundial, ha desabastecido de gas a Europa y amenaza con hambrunas en el mundo emergente y pobre. Pero más allá de la renovada tensión con el primer británico, Boris Johnson, por Malvinas, sacó provecho de sus reuniones bilaterales de hoy con los primeros ministros de Alemania, Olaf Scholz, y de Italia, Mario Draghi, y de una conversación fugaz en la cena de bienvenida de ayer con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Fernández y Scholz ya se habían encontrado en mayo en Berlín y habían hablado sobre la oportunidad de que la Argentina exporte su gas de Vaca Muerta a Alemania, de modo de reemplazar el suministro de Rusia. Pero para eso hay que invertir miles de millones de dólares en gasoductos y plantas de licuefacción del gas. Hoy, el canciller (jefe de Gobierno) alemán le pidió que ya empezaran a trabajar los equipos técnicos de ambos países. Alemania y empresas dedicadas al comercio de gas natural licuado (GNL, el que se envía por barco) como Repsol están por la idea de instalar en la Argentina plantas gigantes que requieren inversiones de entre US$ 4.000/6.000 millones. Otra alternativa es comenzar con instalaciones pequeñas de 900 millones cada una. Una tercera opción intermedia, la que sostienen petroleras nacionales como las de Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Paolo Rocca (Tecpetrol, del grupo Techint), consiste en colocar varias de esas plantas más chicas.
Pero no sólo Alemania necesita reemplazar el gas ruso sino otros países europeos como Italia. Por eso, Fernández invitó a Draghi a que invierta en plantas de GNL en la Argentina. “Estamos tratando de acelerar”, dijo el jefe de Estado. Claro que primero deben construir el demorado gasoducto Néstor Kirchner, desde Neuquén a la provincia de Buenos Aires, que debería empezar en agosto y terminarse en el invierno de 2023. Después se debería prolongar la cañería hasta la provincia de Santa Fe, un proyecto que el Gobierno en un principio proyectaba con financiamiento chino pero después de la guerra de Ucrania aparecieron interesados del sector privado internacional, desde petroleras hasta brokers de energía. También las plantas de licuefacción correrían por cuentas de empresas porque los países europeos, a diferencia de China, no ponen créditos estatales para este tipo de obras en el exterior. A lo sumo aportan garantías para el financiamiento privado de compañías de su país.
Fernández le comentó de pasada a Georgieva en la cena del domingo el reclamo que explicitaría al día siguiente en el plenario del G7: la eliminación de los sobrecargos que cobra el FMI a los países deudores y la redistribución de derechos especiales de giro (DEG) entre naciones de ingresos medios y pobres. La jefa del Fondo se comprometió a insistir que el asunto de las sobretasas en la próxima reunión del directorio del organismo. También prometió seguir estudiando el reparto de DEG, necesarios en países flojos de reservas como la Argentina y que, en cambio, sobran a los países ricos.
AR