Primero fue una resolución publicada en mayo en la que el Gobierno cedía al pedido de la CGT y anticipaba que compensaría la caída de la recaudación supuestamente sufrida por las obras sociales sindicales en abril como consecuencia de la pandemia. La maniobra se repitió en junio, julio, agosto hasta que se explicitó que se mantendría la dinámica hasta que se levantara el aislamiento o se secara el fondo de emergencia del que manaban los recursos. En total, el Gobierno giró $5.510 millones a las obras sociales sólo para saldar la baja de aportes y contribuciones de 2020, de los que el 20% fue a parar a la obra social de hoteleros y gastronómicos, que conduce Luis Barrionuevo.
Según detalla un documento de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los giros más voluminosos se dieron en los primeros dos meses posteriores al inicio de la pandemia. Se destinaron $1.279 millones para saldar la brecha de recaudación de abril y un número muy similar, $1.277 millones, para cubrir la de mayo.
En junio la ayuda bajó a $822 millones, fue de $125 millones en julio y de $503 millones en agosto. En septiembre el aporte extraordinario se ubicó en $527 millones y bajó a $415 millones en octubre y $334 millones en noviembre. La última ayuda se oficializó la semana pasada, destinada a saldar la brecha de diciembre, y fue de $227 millones.
Para definir el monto de apoyo financiero otorgado a cada obra social se calculó la diferencia de los aportes y contribuciones recibidos por esas organizaciones en cada uno de los meses, en comparación con la recaudación de marzo de 2020, de acuerdo con los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Así, los mayores giros coincidieron con las entidades que representan a las actividades más golpeadas por la crisis del coronavirus. A noviembre, el último balance oficial, la gran mayoría de los fondos habían sido destinados a la caja de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos: $1.055 millones, que se extendieron a $1.140 con el giro correspondiente a diciembre —no computado en el informe— y alcanzaron el 20% del total de las erogaciones. El criterio definido para repartir redundó en que la obra sindical más favorecida fuera la conducida por Luis Barionuevo, un antikirchnerista de línea dura, gremialista afín al Ejecutivo de Macri en sus primeros dos años y uno de los pocos sindicalistas históricos que no circula con frecuencia por el despacho presidencial.
El listado oficial enumera 300 entidades sindicales, algunas de las cuales recibieron ayuda sólo algunos meses, otras todos los meses a partir de abril y otras nunca. Según el informe del acumulado a noviembre, la segunda mayor porción de la ayuda, de $309 millones, fue para la Obra Social del Personal de la Construcción. Se destinaron $256 millones a la obra social de Conductores de Transporte de Colectivo de Pasajeros, $249 millones a la Obra Social de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas y $249 para Petroleros Privados.
En las sucesivas resoluciones el Gobierno insistió que se trata de un apoyo financiero “con carácter excepcional y extraordinario”, que busca evitar que se rompa la cadena de pagos del sistema de salud “en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”.
Los recursos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia a las Obras Sociales, del que dispone la Superintendencia de Servicios de Salud y que fue constituido en 2016 con el objetivo de atender, entre otras cosas, situaciones de epidemias o emergencias en el ámbito del territorio nacional. Al momento de su creación se apartó un monto de $4.500 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que fue depositado en el Banco Nación, se engrosó gracias a los intereses financieros y hasta 2020 no había sido utilizado.
Los recursos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia a las Obras Sociales, constituido en 2016
La ayuda llega en un momento en que los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de avanzar con una reforma del sistema de salud para volverlo más eficiente pusieron en alerta a los sindicatos. El universo de las obras sociales —que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población— está compuesto por alrededor de 300 entidades, pero sólo 20 dan cobertura al 50% de los afiliados, y la brecha de recursos disponibles entre obras sociales de altos y bajos ingresos es de 5 a 1.
En la CGT aseguran que todas las ineficiencias de las obras sociales pueden ser resueltas en el marco del actual sistema y, aun antes de que se inicie oficialmente la discusión, unifican posiciones para bajarle el tono. El principal temor es que, al buscar una mayor integración de los tres subsistemas existentes —público, privado y de obras sociales—, el Gobierno amenace el dominio que hoy tienen sobre sus cajas.
DT