A dos semanas del fin del congelamiento de tarifas en telefonía móvil, internet y TV paga, el gobierno aprobará esta semana aumentos en torno a 5% para servicios básicos, que podrían llegar hasta 9% en algunos segmentos y tipos de productos. El nuevo esquema, que se inscribe en la regulación de todo la industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), será definido por Alberto Fernández en el marco de los objetivos de control de la inflación que planteó el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Fernández revisó, en detalle, el esquema tarifario y, en paralelo, analizó la propuesta de reglamentación que se confeccionó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sobre cómo se regularán los servicios de telefonía, TV paga y provisión de internet con el nuevo status de “servicio público” que el gobierno fijó mediante un decreto presidencial en agosto pasado. En Enacom esperan que el Presidente se expida en los primeros días de la semana, una vez que reciba el dictamen de Jefatura de Gabinete, indicaron fuentes próximas al órgano regulador.
El 5%, que en algunos segmentos básicos podría trepar a 9% de aumento y en ningún caso será superior al dígito, significa entre menos de la mitad y un cuarto del 20% que anunciaron algunas empresas a sus clientes, entre ellas Telecom-Clarín y Telecentro, de Alberto Pierri. Hubo, según confiaron a elDiarioAR fuentes oficiales, contactos de primer nivel entre el gobierno y las compañías, e incluso un diálogo entre Fernández y Jorge Rendo, gerente de Relaciones Externas de Clarín. Desde el grupo no confirmaron el contacto.
La regulación de las comunicaciones móviles es la más importante por la cantidad de usuarios. Enacom tiene registradas 56 millones de líneas en funcionamiento para 44 millones de habitantes.
La definición de tarifas es el asunto más urgente y de mayor repercusión pública en la industria TIC: telefonía fija y móvil, internet al hogar y móvil, y TV paga. Al respecto, el gobierno evitará un anticipo de la escala de aumentos para el primer semestre, sino que se propone evaluar mes a mes el cuadro de tarifas de acuerdo a los costos y la evolución de la inflación general.
Atado al paquete tarifario, pero en lo referido específicamente a la reglamentación, aparecen aspectos que involucran miles de millones de dólares de facturación y, por lo tanto, son más caros para las empresas que el porcentaje de aumento en enero, como el alcance de las tarifas sociales —que el gobierno quiere establecer en el marco del “servicio público”—, los precios para “alquilar” infraestructura pública o privada, estándares de calidad y derechos de acceso.
Desde el 22 de agosto, cuando el DNU fue publicado en el boletín oficial —ratificado en septiembre por el Congreso—, la Jefatura de Gabinete y el Enacom mantuvieron reuniones con empresas del sector para establecer el hilado fino. Las negociaciones fueron, coinciden las partes, tensas, con quejas frecuentes de operadores por lo que definen como falta de avances y fluidez en el diálogo. Según los operadores, la intervención estatal en la industria TIC con parámetros similares a los servicios de electricidad y gas daña la rentabilidad de un sector que requiere grandes volúmenes inversión.
Del lado del gobierno, el jefe de Gabinete Cafiero controló de cerca el ida y vuelta de la regulación, que en el plano legal corresponde a Enacom, la oficina dependiente del Ejecutivo que creó Mauricio Macri en diciembre de 2015, cuando eliminó vía un DNU el corazón de la ley audiovisual sancionada en 2009.
Como muchas áreas del Gobierno, Enacom tiene caciques que no siempre apuntan para el mismo lado. Su presidente, Claudio Ambrosini, es un hombre que reporta a Sergio Massa. El vice, Gustavo López, tiene terminales en el cristinismo y es un vocal de larga data a favor de la regulación estatal del sector.
Jefatura de Gabinete y Enacom avanzaron en líneas que parecen consolidadas en el borrador sujeto a aprobación del presidente, de acuerdo a lo informado por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence, con cita a tres fuentes del Gobierno. Varias de ellas no serían del agrado de Clarín-Telecom, aunque se abre un compás de espera en temas sensibles como el alquiler de la infraestructura existente a la competencia.
Telefonía e internet móvil
El proyecto bajo análisis establece un plan de minutos con acceso libre a texto de WhatsApp a un costo para el cliente menor a $ 200, al cual se podría añadir 1 gigabyte de datos a un valor final del orden de los $ 350. La regulación contempla que se podrían prepagar minutos diarios a bajo precio. Las comunicaciones móviles son las más importantes entre las TIC en función de la cantidad de usuarios, ya que Enacom tiene registradas 56 millones de líneas en funcionamiento para 44 millones de habitantes.
TV Paga
El proyecto de Enacom incluye en la regulación al servicio de suscripción satelital, como DirecTV, que había sido excluido del DNU de agosto. Las empresas líderes, como Cablevisión, de Clarín —con cerca de 40 % del mercado—, y DirecTV, the AT&T —con cerca de 33%—, deberán ofrecer mayores descuentos a sus abonados como tarifa social. El mercado de la TV paga está concentrado entre empresas que administran el 85% de los abonados, en un país que hace décadas tiene más del 80% de su población adherida a algún servicio, pero seccionado geográficamente y disperso en el último 15% en manos de operadores de pueblos y ciudades pequeñas o medianas. Los cableros de menor porte tendrán menor exigencia de ofrecer descuentos. Este, no obstante, era uno de los temas bajo análisis de la lapicera de Cafiero, quien se expediría entre hoy y mañana.
Otro aspecto clave es que las proveedoras de contenidos deberán ofrecer sus señales a las empresas de TV paga en forma individual y no en paquete, y a precio regulado. No es un tema menor y obedece a un reclamo específico de Claro TV y de los operadores menores. Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, lidera el market share de la telefonía móvil, pero es débil en TV paga, en la que apenas logró avances en algunos partidos del Gran Buenos Aires. En principio, enfrenta dos dificultades. Primero, el amplio dominio de Cablevisión/Fibertel, que tiene al Gran Buenos Aires y al Gran Córdoba ya cableados sobre postes en la vía pública: en varios distritos, a los nuevos les exigen el soterramiento de sus tendidos, algo mucho más oneroso. En segundo orden, los productores de contenidos más importantes —una vez más, Clarín— venden las señales como paquetes, lo que eleva artificialmente su precio. Por ejemplo, Canal 13 o TN son productos atractivos para un cablero, pero Magazine o Volver no lo son tanto. Clarín no vende Canal 13 si no le compran sus canales menos vistos, en lo que técnicos de Jefatura de Gabinete y Enacom entienden como competencia desleal, de acuerdo al informe de REDD.
Internet fija
El entrecruzamiento de datos con receptores de asignación universal por hijo y jubilaciones más bajas permitirá determinar quiénes podrán acceder a tarifas de banda ancha más convenientes. Sin embargo, el nudo de la “democratización” del acceso a internet está vinculado al uso de las redes existentes. La fusión de Telecom y Cablevisión, aprobada por el Gobierno de Macri en 2018, implicó que en algunas ciudades sólo quedara un oferente de internet al hogar, sobre todo, en aquellas en las que antes convivían Arnet y Fibertel y pasaron a ser sólo una. Este sesgo se da, sobre todo, desde Córdoba hacia el norte, en la que era el área original de Telecom tras la privatización de Entel. Una forma de solucionar este dominio o monopolio puro, según la región, es a través del alquiler de la infraestructura a un precio regulado. Esta vía implica una serie de regulaciones técnicas y económicas que podrían no estar incluidas en la reglamentación del DNU firmado por Alberto Fernández en agosto, que se conocerá en las próximas horas o días.
Con agencia REDD Intelligence. Colaboró Pablo Ibáñez.