El juez federal de Zárate Campana, Adrián González Charbay, suspendió este martes la aplicación de la resolución del Ministerio de Economía que prohíbe a los municipios aplicar una tasa municipal en las boletas de los servicios, como luz y gas, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la comuna de Pilar, hasta tanto decida si la resolución dada a conocer días atrás por el Gobierno es constitucional.
En su fallo, González Charbay reconoció el reclamo que hizo el municipio bonaerense y, bajo el argumento que sostiene la posibilidad de que haya un riesgo de demora para resolver el caso, otorgó la cautelar que solicitó el intendente pilarense, Federico Achával.
De acuerdo al magistrado, la autonomía municipal está respaldada por la Constitución Nacional y la provincia de Buenos Aires, que faculta a los municipios a dictar ordenanzas y establecer su presupuesto, al tiempo que advierte en su fallo que prohibir el cobro de estas tasas afectaría gravemente los servicios municipales, como el alumbrado público y las inspecciones de redes de gas.
De esta manera, el juez resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenar “la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación”. En su escrito, González Charbay resuelve que la medida interina “tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía – Secretaría de Industria y Comercio que produzca el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres días de notificado de la presente resolución”.
El reclamo de la intendencia de Pilar
El responsable del municipio de Pilar, Federico Achával, reclamó a la Justicia que la resolución 267/2024 de la secretaría de Industria y Comercio “causa un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio”.
El municipio bonaerense justificó su pedido en la ley provincial N° 10.740 y en el convenio que mantiene con EDENOR para cobrar el tributo municipal, a través de su incorporación en la factura del servicio de aquella empresa. A su vez, agregó las normas provinciales que dan el marco de la energía eléctrica y la competencia del organismo de control (OCEBA) en aquel territorio.
De acuerdo a Achával, Pilar tiene derecho a cobrar tasas de servicios, por ejemplo, de alumbrado público, incorporándolas en la boleta de Edenor. Lo mismo planteó con la tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, que se incluye en la boleta de Naturgy BAN SA.
Qué dice la resolución de Economía
El Gobierno oficializó el pasado 1 de septiembre la imposibilidad de que los municipios puedan aplicar tasas en las facturas de los servicios públicos, mediante la Resolución 267/2024 publicada en el Boletín Oficial.
La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la tarde del martes en su cuenta de X, al asegurar que “los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”.
Ahora, la norma dispone que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
En ese sentido, aclara que las boletas sólo podrán remitirse al cobro por la prestación brindada “no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la resolución anunciada por Economía: “Todos sabemos que durante el kirchnerismo el tamaño del Estado creció en forma exorbitante. En parte fue porque las provincias y municipalidades encontraron vehículos para cobrar impuestos y tasas ”sin que se notara“. Sin costo político el gasto crece. La resolución 267/24 anunciada por el ministro Luis Caputo prohíbe la inserción de impuestos y tasas en la venta de servicios (ej. facturas de servicios públicos). Ahora municipios y provincias deberán ”poner la cara“ cuando quieran cobrarles a sus contribuyentes”, celebró el funcionario.
“El gobierno nacional ya ha hecho un esfuerzo enorme de reducción del gasto. Menos gasto significa menor carga sobre los contribuyentes. Ahora es necesario sumar al resto de los gobiernos. ¡Bajar el gasto al 25% del PBI, allá vamos!”, concluyó.
La medida gubernamental había entrado en vigencia desde el 10 de septiembre, pero tendrá un plazo de adecuación de un mes, por lo que el impacto en las boletas de los servicios se vería recién en noviembre.
Al explicar la causa que originó la decisión, el texto oficial puntualizó que “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor”.
Al respecto, sostuvo que “la práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”.
De esta manera, consideró que “la situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”.
En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.
La polémica por la incidencia de las tasas municipales en el costo final de bienes o servicios viene desde hace unos meses cuando se empezó a aplicar una tasa vial en algunos distritos bonaerense, que derivó en un encarecimiento de los combustibles y ahora el debate se profundiza ante el aumento de impuestos locales que impactan en supermercados, comercios y servicios, generando un mayor incremento de precios.
Ante esto, se fueron multiplicando los reclamos de distintas asociaciones y cámaras empresarias, en rechazo al incremento de las tasas y buscando conseguir un alivio en el impacto de las mismas sobre el costo final de las facturas.
Caputo ya había adelantado que estaba trabajando en buscarle una solución al tema indicando que “ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre” remarcando que “la baja de la inflación es innegociable”.
El reclamo de Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó en reiteradas oportunidades contra los municipios por las subas de las tasas que se aplican a comercios en diferentes distritos bonaerenses y aseguró que “la baja de la inflación es innegociable”.
Al citar la opinión del economista Gustavo Lazzari, que en un medio televisivo cuestionó duramente el incremento de los impuestos municipales asegurando que detrás esa decisión se esconde una intencionalidad política, Caputo coincidió con el análisis mediante su cuenta de X.
Lazzari había expresado que la suba de tasas de algunas intendencias bonaerenses “es una crueldad violenta que tiene dos objetivos: uno es el clásico recaudatorio y otro es estropear las reformas a nivel nacional”, denunciando que se trata de una “cartelización de municipios para que la reforma no tenga utilidad”.
En la misma línea, el titular de la cartera económica sostuvo que “los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.
En busca de aportar claridad respecto a la potestad de los intendentes de aplicar subas en sus gravámenes, el ministro manifestó “para que la gente lo entienda” que “las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye”.
Al respecto, sostuvo que “las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable”, por lo que “se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores”.
De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda expresó su preocupación por la injerencia que tendrá en la inflación las subas de estas tasas en distintos comercios y aseguró que “lo peor” de la política recaudatoria municipal es que “cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas”.
La polémica por la incidencia de las tasas municipales en el costo final de bienes o servicios en la provincia de Buenos Aires viene desde hace unos meses cuando se empezó a aplicar una tasa vial que derivó en un encarecimiento de los combustibles y ahora el debate se profundiza ante el aumento de impuestos locales que impactan en supermercados y comercios, generando un mayor incremento de precios.
Entre los municipios que cobran tasas más altas a las cadenas de consumo están Quilmes, con el 3,74%; Hurlingham, el 3,50%, y Moreno, con el 2,60%. En cambio, los que tienen las más bajas son: Florencio Varela (0,90%), Tres de Febrero (0,88%) y Berazategui (0,54%).
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) se pronunció críticamente al respecto, señalando que “contempla con preocupación y alarma el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses” y manifestando que estas medidas “inciden directamente en los precios y licúan los esfuerzos fiscales del gobierno nacional en cuanto a la baja de impuestos y aranceles, resultando con ello perjuicio para todos los ciudadanos y la economía diaria de todos los argentinos”.
Asimismo, también se expresó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), advirtiendo que “estos aumentos se trasladarán a precios y generarán más inflación” y afirmando que “entre tasas, aportes, contribuciones y fondos solidarios, se pone en riesgo la supervivencia de las empresas y se desalienta las inversiones”.
Con información de NA.
IG