Todo comenzó hace dos semanas, el 14 de abril, cuando el Instituto de Estadística (Indec), anunció en plena mala cosecha por la sequía que la inflación de marzo marcaba el 7,7%. Antes de esa noticia, el dólar blue estaba a $ 398. Nueve días después, este martes tocaba los 495. Esa jornada, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió desobedecer un pacto que él mismo había sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una de las revisiones del programa original que había rubricado a principios de 2022 su antecesor Martín Guzmán. El economista platense nunca aceptó que el FMI le prohibiera intervenir en el mercado de los dólares financieros (MEP y CCL), pero el abogado tigrense cedió en marzo pasado y al mes, forzado por la corrida cambiaria, cambió de opinión y ordenó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que perdiera reservas en esa plaza con tal de moderar la divisa. Al calmar el dólar MEP y el CCL, el blue terminó la semana tranquilizándose en $ 469, 71 pesos arriba del nivel de hace dos semanas, pero al menos 26 abajo que el martes.
Igual, se trata de una solución de corto plazo. Los US$ 21.000 millones que se perdieron de la cosecha de soja y maíz por la seca no se recuperarán y eso afecta a una estructura económica endeble, que depende del clima. Acotar la suba del blue no seda las remaraciones de precios que la acompañaron en las últimas dos semanas y que retroalimentaron una inflación que ya venía al 7,7%. Tampoco resuelve la escasez de divisas y por eso el equipo de Massa busca en el FMI un adelanto de los desembolsos de 2023 para que lleguen antes de las primarias de agosto, por más que después haya que destinarlos al repago del préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018 y por más que el giro impique nuevos ajustes.
Acuerdo
Massa se reunió este miércoles con referentes de la CGT y los movimientos sociales oficialistas para hablar de un nuevo acuerdo de precios y salarios, aunque los jefes de las principales cámaras empresariales todavía no fueron notificados de nada. Por lo pronto, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, reaccionó el jueves con un centenar de inspecciones en cadenas de supermercados del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para controlar el cumplimiento de Precios Justos porque las grandes empresas de alimentos, bebidas e higiene retacean el abastecimiento en ese sector, que representa un tercio del consumo masivo, y lo canalizan en los negocios chinos y almacenes, donde no rige el tope general de subas mensuales del 3,2% hasta las elecciones primarias de agosto. De los 25.000 productos ofrecidos en los grandes súper, unos 4.000 tienen un techo autorizado más alto, del 6,5% promedio. Las empresas de economías regionales que quieran exportar al dólar agro a $ 300 más del 30% de su producción deben someterse a mayores topes: incluso las que destinan al exterior más del 70% de sus productos sólo pueden remarcar 1% mensual en el mercado interno.
La Secretaría de Comercio multó este viernes a Coca-Cola y Danone porque vendían determinados productos a comercios de cercanía con aumentos superiores al acordado en Precios Justos, alcanzando en algunos casos hasta un 32,8% mensual. A la empresa norteamericana le cayeron sanciones por $ 40 millones y a la francesa, por $ 45 millones. Además, están imputadas y en proceso de investigación las siguientes firmas: Quilmes, Molinos Rio de la Plata, PepsiCo, Arcor y Mastellone (La Serenísima).
Pero ni las intervenciones del Banco Central con el dólar financiero ni las multas resultan suficientes para calmar el problema de fondo: la falta de reservas. Por eso, las segundas líneas del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y del jefe de asesores del ministerio, Leonardo Madcur, comenzaron a negociar con el Fondo un nuevo desembolso. La negociación “viene complicada”, según fuentes de diálogo frecuente con los funcionarios técnicos. “Como el Gobierno no quieren devaluación, hay más apriete fiscal del FMI”, agregan. ¿En qué más se puede ajustar? El Fondo apunta a las tarifas de servicios públicos, que suben fuerte pero sólo para el 30% de mayores ingresos, no para el 30% siguiente, de clase media. Otra alternativa a la resistencia a devaluar consiste en elevar el dólar agro de $ 300 a un nivel mayor, más cercano al nuevo piso del blue a 469. Por más que estos tipos de cambio especiales llevan a que el Banco Central emita más dinero para comprar divisas y eso sea inflacionario, todo sea por calmar las aguas hasta las primarias y después ya se verá.
Por lo pronto, ya el gobierno de Alberto Fernández ajustó y mucho, desde Guzmán hasta Massa. Un informe de la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggeto, muestra que el gasto público promedió el 25% del PBI entre 1961 y 2001, trepó al 43% en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se ajustó al 36% con Macri, volvió a subir al 41% en 2020, con la pandemia, entre el mayor impulso de las erogaciones y el achicamiento de la economía, pero ahora ya está otra vez en el 36% que lo había dejado Cambiemos. Todo un dato para los opositores que claman contra el gasto del Estado.
El gobierno de Alberto Fernández ajustó y mucho, desde Guzmán hasta Massa: trepó al 43% en el segundo gobierno de Cristina, se ajustó al 36% con Macri, volvió a subir al 41% en 2020 con la pandemia y ya está otra vez en el 36%, según Eco Go
Al menos, la consultora Ecolatina, la que fundó Roberto Lavagna, rescata “El Gobierno reaccionó frente a la suba de la brecha” en el título de su último informe y continúa: “La marcada volatilidad evidenciada en los dólares alternativos motivó al Gobierno a reaccionar en varios frentes para contener la brecha cambiaria: las autoridades volvieron a intervenir en el mercado de deuda pública en dólares, convalidaron una fuerte suba de tasas y aceleraron aún más el crawling peg del tipo de cambio oficial (subas graduales a la par de la inflación). Por su parte, la baja liquidación del agro (aún con ”dólar soja/agro“) y una demanda de divisas persistente le impidieron sostener las reservas al BCRA. A su vez, pese a una relativamente buena licitación en el marco de esta inestabilidad, el Tesoro volvió a solicitarle adelantos transitorios al BCRA para cubrir sus necesidades. En la última semana, el BCRA vendió US$ 50 millones en el MULC (mercado oficial), terminando el mes con un saldo positivo de apenas 34 millones, producto de una oferta acotada pese a los incentivos otorgados y una demanda que se muestra persistente a pesar de las restricciones vigentes. De esta manera, en el primer cuatrimestre, el BCRA habría perdido casi US$ 3.000 millones en el MULC, teniendo como resultado unas reservas Netas bajo la metodología del acuerdo con el FMI que se ubicarían en niveles cercanos a cero, según nuestras estimaciones. El agro liquidó algo más de US$ 2.400 millones durante abril (el doble de lo aportado en marzo, aunque con una caída del 24% interanual), de los cuales poco más de US$ 1.600 millones corresponden al ”dólar soja 3.0“, que en sus primeras 13 ruedas muestra resultados que se alejan de la trayectoria esperada para llegar a los USD 5.000 M previstos”.
“¿A que se debe el flojo desempeño en la tercera edición de este mecanismo?”, se pregunta Ecolatina. “La explicación se encuentra en un conjunto de factores que dificultan la logística necesaria (paro de puertos, demora lógica en la cosecha dada la demora previa en la siembra) y deterioran los incentivos (rumores políticos, incremento de la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación). A su vez, el precio pagado por la exportación a los productores sería insuficiente para incentivarlos a vender, en un marco en que el precio de la soja a nivel internacional cayó en abril de casi US$ 560 la tonelada a 530. Por tal motivo, y dado que el incentivo a liquidar se reduce con cada día que pasa ante la aceleración del crawling peg, no descartamos que el sector vuelva a reunirse con las autoridades para acordar modificaciones en el mecanismo que fomenten una mayor liquidación”, apunta la consultora a la posibilidad de elevar el dólar agro, al tiempo que sube más rápido el oficial, que ya está a $ 229.
“El Gobierno tuvo que intervenir en el mercado para frenar la corrida cambiaria”, evalúa la consultora en la que Federico Moll se desempeña como director de investigación económica. “Los dólares alternativos iniciaron la semana mostrando una preocupante tendencia alcista, marcando máximos reales desde la crisis de deuda de junio 2022. Como respuesta, el Gobierno volvió a intervenir en el mercado de bonos públicos en dólares (pese a estar vedado por el FMI) y logró estabilizar la brecha con los dólares financieros en niveles similares al cierre de la semana previa, aunque el blue aún se encuentra en niveles elevados. En números, la brecha cambiaria con los dólares financieros cerró la semana entre un 98% y un 96% ($441 y $437 para el CCL y el MEP, respectivamente), mientras que el dólar blue cerró el viernes en $469, con una brecha del 111% (contra el 102% de la semana previa). Si bien el dólar blue rozó los $500 el martes, mostrando ya un nivel de crisis y un máximo real en comparación a los meses previos, aún fue un 15% inferior en términos reales de su pico en julio del 2022 y se ubicó un 34% por debajo de máximo real en octubre de 2022. No obstante, el avance semanal en términos reales se alzó como la máxima suba (+15,6%) desde el impacto de la pandemia en abril del 2020. ¿Por qué es tan preocupante la volatilidad evidenciada a principios de la semana? Mantener contenida a la brecha cambiaria es parte esencial del Plan Massa y un desafío transversal al frente de los dólares, el de los pesos y el de los precios: actualmente, un salto en los dólares paralelos se filtra con mayor facilidad en la inflación (probablemente veamos algún impacto en los números de abril y mayo) y aumenta las expectativas de devaluación, reduciendo aún más la oferta neta de divisas.”
El impacto (de la suba de tasas) en la brecha cambiaria será transitorio si no se complementa con otras medidas de política económica que colaboren en disminuir la incertidumbre
“El crawling peg volvió acelerarse por cuarta semana consecutiva y ya corre a un ritmo del 8% mensual”, continúa Ecolatina. “No obstante, como venimos señalando, no prevemos que se busque desandar el atraso cambiario, sino administrarlo, lo cual seguirá generando un exceso de demanda de divisas que deberá ser compensado”, aclara y después se refiere a la mayor suba de tasas de interés de los últimos 20 años, que ocurrió esta semana: “Si bien estimamos que la decisión se encuentra en la dirección correcta (pese a sus impactos negativos asociados en la actividad y el balance del BCRA), dado que ayudaría a mantener atractivos los instrumentos en pesos, también sostenemos que su impacto en la brecha cambiaria será transitorio si no se complementa con otras medidas de política económica que colaboren en disminuir la incertidumbre. Con estos niveles de volatilidad política y económica no hay tasa que sea suficiente para compensar completamente los riesgos cambiarios asociados al periodo electoral y la posibilidad de un cambio de gestión”.
AR