En un acto en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó este mediodía un acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, para el intercambio automático de información tributaria, de modo de poder descubrir los US$ 100.000 millones que se calcula que argentinos esconden en bancos, sociedades y propiedades en la superpotencia. Está en duda si servirá para detectar los activos de compatriotas que guardan su patrimonio en firmas cuyos accionistas no están claramente expresados.
“Me complace estar aquí para la firma del acuerdo para implementar la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, FATCA, como se conoce en inglés”, comenzó Stanley. “Este acuerdo es importante para Estados Unidos porque permitirá el intercambio de información de las cuentas financieras mantenidas por personas estadounidenses especificadas, directamente o a través de determinadas entidades, en instituciones financieras argentinas. El acuerdo es recíproco, y Estados Unidos también proporcionará cierta información relativa a las cuentas financieras mantenidas por residentes argentinos en instituciones financieras estadounidenses. Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado más de 100 acuerdos bilaterales de este tipo con jurisdicciones extranjeras. La firma de hoy supone un importante paso en nuestros esfuerzos mutuos para combatir la evasión fiscal en el extranjero que afecta a ambos países y aumentar la transparencia en el sistema financiero mundial”, apuntó Stanley.
Luego fue el turno de Massa, quien se jacta de haber conseguido lo que no pudo el gobierno de Mauricio Macri. “Estamos poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo, que durante muchísimos años, la Argentina intentó llevar adelante con Estados Unidos. En 2017, se firmó un acuerdo FACTA pero con una particularidad, no nos sirvió para nada, porque era de intercambio persona por persona frente a requerimiento. Este año sólo tuvimos información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo”, disparó el ministro y apuntó a uno de sus antecesores en el gobierno de Macri, Alfonso Prat-Gay, quien ayer en el canal de La Nación lo había calificado de “vende humo”.
“Este cambio sustantivo es sobre cómo funciona el volumen de información: es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y el IRS (el organismo homólogo de Estados Unidos) tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial”, continuó Massa. “Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los cinco o 10 años.”
“Esto hace a la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, cumple con sus obligaciones, todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales”, apuntó el jefe del Palacio de Hacienda. “Este es un acto de estricta justicia tributaria. Pretendemos que todos aquellos que son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente aquellos que se escapan, eluden, y además tienen el blindaje del sistema financiero de los Estados Unidos. No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino.”
“Este paso importante es el capítulo más trascendente en los más de 100 acuerdos que la Argentina tiene con la OCDE”, aludió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Hay más de 100 acuerdos firmados que nos permiten que quienes depositan dinero en Suiza, Islas Caimán y tantos paraísos estén controlados por AFIP. Este es un acuerdo masivo; van a estar alcanzados ciudadanos y ciudadanas argentinas que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en los Estados Unidos y que lo hayan hecho per se, como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trust. Lo que de alguna manera el sistema de información le transfiere a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas; son las utilidades o rentabilidades que pueda haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades. Es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero. Estamos frente a un sistema de información masivo que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos construir un camino para que exterioricen, blanqueen en la Argentina, con la idea de generar, además, algunas condiciones de inversión y algunas condiciones de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, pero también a la idea de que rompemos la cacería en el zoológico. No estamos yendo a buscar a los que pagan siempre; la AFIP va a ir a buscar a los que eludieron, no pagaron, para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días.”
Ahora que tiene en la mira a los evasores en Estados Unidos, Massa quiere darles la oportunidad de que blanqueen sus capitales y así reforzar las reservas del Banco Central y las cuentas públicas. “Quiero aprovechar la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación (Cecilia Moreau) en este encuentro para pedirle que rápidamente, junto al presidente de la Comisión de Presupuesto (Carlos Heller), que también se encuentra, convoquen a la Comisión de Presupuesto y a la de Legislación General para que nuestro titular de la AFIP (Carlos Castagneto) y otros funcionarios puedan asistir e informar y poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior”, aseguró el ministro. La idea es aprovechar un proyecto de ley que ya aprobó el Senado y que impulsó Oscar Parrilli para promover una amnistía fiscal con cuyos fondos se pague la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Muchas veces a la hora de hablar de la administración austera, de la buena administración de los recursos del Estado, nos olvidamos de poner sobre la mesa que quienes eluden sus obligaciones, evaden impuestos, también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal que un Estado necesita”, sostuvo Massa. “Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestras metas y principios de orden fiscal, rigurosidad técnica en la administración de este acuerdo y sobre todas las cosas, de fortalecimiento de nuestra economía. Les pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino, a partir de la ley que trate nuestro Parlamento, se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos”, finalizó el ministro.
El gobierno de Joe Biden hizo caso omiso a una reciente carta de ultraliberales para que no firmara el pacto con el gobierno de Alberto Fernández. El diputado libertario y economista José Luis Espert, el senador del PRO Pablo Torello, los economistas Roberto Cachanosky, Manuel Adorni y Gustavo Lazzari y el abogado argentino radicado en Miami y especialista en patrimonios en el exterior Martín Litwak, asesor de Javier Milei, firmaron una esquela advirtiendo que en la Argentina “es un país que ha violado constantemente los derechos de privacidad de muchos de sus ciudadanos”. Claro que las filtraciones han ocurrido en otros países del mundo, como lo demostraron los Panamá y Pandora Papers, entre otras. Litwak reaccionó al anuncio de hoy de Massa con un lapidario mensaje en Twitter que buscaba quizá ofrecer tranquilidad a sus clientes: “Fue tanto humo e incluyó tantos horrores conceptuales la arenga de Massa que es difícil de comentar. Seguramente, fue precisamente lo que buscó. Nuevamente, esperaremos el texto final del tratado para opinar con propiedad. Por el momento, traten de no entrar en pánico”. Si es humo, ¿entonces para qué mandaron la carta al gobierno de Biden? Si no lo es, entonces los dueños de los US$ 100.000 millones están en problemas.
Contadores de renombre en la City porteña advierten qué tan lejos ir la AFIP con el FATCA en su caza de evasores. “Cuando se implemente, aquellos que no tienen las cuentas declaradas van a necesitar el blanqueo. Lo que sí tengo dudas de que se implemente tan rápido”, opina César Litvin. “El modelo FATCA no llega al beneficiario final (de una sociedad) sino al titular de una cuenta. Con lo cual, si un sujeto argentino tiene una estructura armada en algún paraíso fiscal, la información que va a dar Estados Unidos es al paraíso fiscal y no a la Argentina. En ese caso, habrá que ver qué jurisdicción tiene o no intercambio con la Argentina y si identifica a los beneficiarios finales. Por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas son muy utilizadas por los argentinos en Estados Unidos porque para sus bancos es una jurisdicción muy amigable por tener normas anglosajonas. A partir del 1 de enero de 2023, Islas Vírgenes Británicas obligará a hacer balances y hay que identificar la cuenta, los accionistas dentro de la estructura societaria. Es decir, que con el FATCA la información irá a esas islas y de éstas puede ir a la Argentina. En cambio, hay otras jurisdicciones donde se puede seguir jugando a las escondidas”, analiza Litvin.
Su colega Jorge Gebhardt ratifica que el FATCA sólo apunta a los titulares de cuentas, pero no de sociedades, pero señala que “hay que esperar para ver la letra chica del acuerdo y hasta dónde entregan información y con qué límites a un kirchnerismo que ya ha demostrado usarla con fines políticos”. De todos modos, admite que esas filtraciones ocurrieron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no en el de Alberto Fernández.
AR