Este miércoles, seis de los empleados que participaron de la fundación de la empresa de electrónica Mirgor hace 40 años volvieron a la planta donde comenzó esta empresa en Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, con 98.000 habitantes, pero sin las montañas de Ushuaia. La temperatura rondaba los cero grados, como en estos días invernales, con neblina, sin nieve, calefacción agobiante en los lugares cerrados, amanecer a las 9 de la mañana y atardecer a las 18, no tan mal. En 1983, Mirgor fue fundada por Mauricio Macri, su amigo del alma, Nicolás Caputo, y Roberto Vázquez como autopartista fabricante de aires acondicionados. Once años después Macri vendió su parte. Caputo quedó con el 23%. Su familia tiene otro 25%. Juntos dejaron la gestión en un CEO profesional, José Luis Alonso. Vázquez, de 80 años, sigue de presidente. Un 30% de las acciones está en manos de inversores que las compraron en la bolsa. Totalizan unos 5.600. El 22% es de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Mirgor está embarcado en un proyecto de crear un puerto en Río Grande, donde están radicadas la mayoría de las ensambladoras de electrónica de la isla, como BGH y Philips. Newsan está en Ushuaia. Desestiman que se concrete la iniciativa china para construirlo, aquella que fue anunciada este año por el gobierno provincial pero negada después por el nacional, ambos del mismo signo político. La empresa de los Caputo quiere terminar con el engorro de que las piezas electrónicas lleguen al puerto de Buenos Aires y recorran en camión 2.870 kilómetros, incluido el cruce de frontera de Santa Cruz a Chile, la balsa por el estrecho de Magallanes hasta la Tierra del Fuego chilena y otra vez volver a territorio argentino. Cuando se terminan de armar los productos vuelven a hacer ese viaje a la capital nacional. Asi sean los aires acondicionados, las radios, los equipos de infotainment (información y entretenimiento) y los módulos electrónicos para los Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Chevrolet o Fiat (en el caso de esta marca, se exportan a Brasil) o los celulares y televisores Samsung.
El sueño de un puerto privado pero de uso público para Río Grande lleva décadas sin concretarse, entre falta de financiamiento y dificultades para construir entre las mareas de su costa atlántica. El de Ushuaia es pequeño y en verano sólo se usa para cruceros. El plan de Mirgor es elaborar el suyo con dragado y entre escolleras para que los buques de hasta 170 metros de eslora (largo) puedan amarrar y descargar con independencia del clima. Necesita invertir US$ 380 millones y está buscando financistas. Ya ha encontrado algunos nacionales, pero por razones de confidencialidad aún mantienen sus nombres en secreto. El 18 de agosto lanzará ademas obligaciones negociables (deuda) en el mercado. Parte del dinero provendría del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que está en manos del Estado, se constituye con el 1,89% de las ventas de la electrónica fueguina y debe destinarse a proyectos de diversificación de la isla. Este fideicomiso se creó a fines de 2021, cuando se prorrogó el régimen de beneficios impositivos del sector por 15 años, con la posibilidad de extenderlos por 15 más, pero el gobierno de Alberto Fernández, con Matías Kulfas entonces como ministros de Desarrollo Productivo, exigió que a cambio de la continuidad de la promoción sectorial se invierta en otros sectores. Por ahora, el fondo estatal no ha aprobado proyectos. A su vez, las firmas electrónicas también deben destinar el 1,26% de su facturación a diversificar la producción isleña.
El puerto comenzaría a construirse en mayo o junio de 2024 y se terminaría a fines de 2026, cuentan en una de las fábricas de Mirgor, que, como los casinos, no tienen ventanas al exterior. No se sabe si de es día o de noche. Tierra del Fuego es también la provincia con más tragamonedas por habitante del país.
El proyecto ya cuenta con la aprobación ambiental de la provincia y le falta la autorización de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Mirgor fundamenta su necesidad en varias razones. Por un lado, blande la idea de soberanía, de modo de trasladar sus insumos y productos, pero también los de otras empresas de electrónica, las petroleras que necesitan trasladar equipamiento a sus pozos offshore de gas, así como el transporte de personas y vehículos por aguas nacionales, sin pasar por Chile. Además puede servir para que la Armada custodie mejor el Mar Argentino y sus recursos naturales, al tiempo que puede ofrecerse para el abastecimiento de bases antárticas, tarea que hoy concentra Punta Arenas, Chile.
Por otra parte, se sumaría una tercera vía de suministro a Río Grande, que hoy se provee desde el país vecino o por mar por Ushuaia. El puerto bajaría en un 25% a 30% el elevadísimo costo logístico de la industria electrónica. Esto permitiría además ampliar la matriz productiva al incentivar otros sectores con potencial como la ganadería. Por último, se facilitaría el traslado de las aspas de molinos eólicos de 65 metros de largo que se requieren para instalar parques que generen electricidad y para el desarrollo de hidrógeno verde, que usa la energía del viento para separar el hidrógeno del oxígeno de las moléculas del mar. Hasta 450 personas trabajarían en la construcción y 60 una vez que esté funcionando el puerto. Mirgor será su administrador, pero no descarta concesionar su gestión a alguna firma experta en la materia. Podrá recibir 2.000 contenedores por mes.
Durante el kirchnerismo, Mirgor pasó de autopartista a fabricar electrónica de consumo masivo. Pero a diferencia de los componentes de vehículos, que se fabrican para unidades nacionales que se exportan o directamente para Brasil (hay un proyecto en carpeta para Sudáfrica), los celulares sólo se vendieron en algún momento y ya no más a Paraguay y Uruguay, ahora sólo son para el mercado interno. Al menos pueden decir que sus precios son competitivos y hasta los compran turistas porque sus piezas se importan a tipo de cambio oficial, ya sea en dólares o cada vez más en yuanes, dado que la mayoría viene de China. Las autorradios y los televisores son los productos con mayor valor agregado nacional.
Los elevados beneficios impositivos a una industria que sobre todo ensambla y para el mercado interno han derivado en críticas de los sectores más liberales de la Argentina. De hecho, pese a la amistad y el apoyo financiero que Caputo le dio a Macri, este último abrió la importación de computadoras, con lo que se cerró esta unidad de negocios en Tierra del Fuego. El gobierno de Cambiemos prometía una baja de precios que nunca ocurrió. El empleo en la electrónica de la isla cayó con el anterior gobierno de 11.325 puestos de trabajo en 2015 a sólo 6.030 en 2019, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte). En 2022 repuntó a 9.199. De ellos, 2.500 son de Mirgor, cuyas plantas producen las 24 horas. Nicky Caputo se fue distanciando de Macri en su gobierno y ahora apoya la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.
“Yo estuve en Tierra del Fuego, no me lo cuentan, yo fui a las fábricas y recorrí, la verdad es que hay tecnología de primer nivel y tenés líneas de montaje que desarrollan los circuitos, no es solamente una ensambladora, eso es un facilismo, ahí fabrican los circuitos integrados, eso no significa que no hay cosas que se puedan mejorar, la industria fueguina puede adaptarse y diversificarse”, se deshizo en elogios Larreta hace pocos meses. También Patricia Bullrich habló del asunto, pero sin alabar a la electrónica: “Integrando los recursos naturales provinciales vamos a potenciar el régimen de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene una capacidad de desarrollo inmensa. Debemos aumentar las oportunidades para el desarrollo industrial, logístico, petroquímico, educativo, energético y de servicios turísticos. Necesitamos puertos y aeropuertos mejores”.
Javier Milei, en cambio, rechazó en 2022 la electrónica fueguina: “El régimen industrial de Tierra el Fuego es una estafa a los argentinos de bien porque lo paga toda la sociedad y le cuesta muchísimo a todos los argentinos. Si fuera presidente, anularía la ley que rige como beneficio diferenciado para la provincia”. Este año, en una visita multitudinaria a Ushuaia, esquivó el tema.
Massa, en tanto, el año pasado propuso en el presupuesto 2023 rediscutir todas las exenciones tributarias del país, incluida la de la electrónica fueguina. Finalmente se aprobaron algunos mínimos cambios para este sector. No se descarta que vuelva a insistir en el presupuesto 2024, que gane o no debe presentar como ministro de Economía el 15 de septiembre. Sin embargo, de los cuatro favoritos es quien más confianza despierta entre los trabajadores. Al menos, así lo expresa el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar “El Zurdo” Martínez: “Nosotros esperamos por Massa, que asumió un compromiso importante con nuestra industria. El centralismo porteño sólo proyecta el costo fiscal. Nosotros reivindicamos la industria nacional y la creación de puestos de trabajo. De no fabricarse en la provincia, los productos seguramente se importarían, como pasó con las notebooks, que tuvieron mayor costo y generaron menos impuestos. En 2015-2019 perdimos casi 50% de los empleos. Y Milei para nosotros es mala palabra, más allá de que ha generado simpatía en los jóvenes. La mayoría de los habitantes de Río Grande ha venido de otras partes del país y países vecinos en busca de alternativas laborales, hicieron sus proyectos de vida, pero sin continuidad laboral en la industria tienen dificultades enormes para seguir viviendo en la provincia. Nosotros reivindicamos el derecho soberano a seguir habitando Tierra del Fuego, a pesar de los análisis económicos”.
AR/MG