El Gobierno busca firmar un nuevo Consenso Fiscal con gobernadores de todo el país que se aplicará a partir de 2022 y que, entre otros puntos, incluye el impulso para la generación de dos nuevos impuestos, propuesta que ya fue rechazada por líderes de la oposición.
Por un lado, el texto definido en las oficinas del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, impulsa a las provincias a crear impuestos a la herencia. Concretamente, señala que “procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”. En el Gobierno destacan que se trata de un impuesto “progresivo” y una herramienta válida para sumar fondos en un contexto de crisis como el actual.
No es más que una sugerencia: los impuestos directos, que gravan manifestaciones concretas de patrimonio, son potestad primaria de las provincias. Por lo tanto, de hacer propia la iniciativa, cada jurisdicción debería definir la alícuota a aplicar y el destino de los fondos recolectados.
Aunque hubo intentos de avanzar en otras jurisdicciones, hasta el momento la única provincia que grava la herencia es Buenos Aires. El “impuesto a la transmisión gratuita de bienes” fue reintroducido en 2010, durante la gestión de Daniel Scioli. Según los argumentos esgrimidos entonces, el tributo “atiende a la igualdad de oportunidades a través de la redistribución de aquella riqueza que no resulta como producto directo del esfuerzo del sujeto gravado”.
En la provincia conducida por Axel Kicillof, el impuesto alcanza a cualquier transmisión que genere un “aumento de riqueza en forma gratuita” (herencias, legados o donaciones) y, actualmente, se paga sobre montos superiores a $1.344.000 en el caso de padres, hijos y cónyuge y de $322.800 en el caso del resto de los beneficiarios. La tasa más alta llega al 8,8%. La provincia de Entre Ríos, por otra parte, lo creó en 2013 y lo derogó cinco años después, en enero de 2018.
De acuerdo con un repaso del especialista Máximo Bomchil, presidente del estudio homónimo, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes tiene una larga tradición en nuestro país. Fue creado en 1801 mediante una Real Cédula que impuso en ese momento una tasa del 1 o del 2% y siempre fue un impuesto local provincial. Sin embargo, fue eliminado por la dictadura en 1976 y el patrimonio quedó sin gravar hasta 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem creó por emergencia el impuesto a los bienes personales.
Hoy ambos impuestos coexisten en la provincia de Buenos Aires y, según explica el contador Ezequiel Passarelli, de la consultora SCI, hay una discusión a nivel mundial en torno a cuál de los dos impuestos es más eficiente. “Una gran mayoría de países ha eliminado impuestos al patrimonio generalizados como Bienes Personales (por ejemplo Italia, Irlanda y Japón) y, aquellos países que aún lo mantienen, lo hacen con mínimos no imponibles muy altos (algunos municipios de España lo cobran con mínimos superiores a los €700.000), a diferencia nuestro país, donde el mínimo estaba en $2 millones (unos €17.000 al tipo de cambio oficial) y pasaría a $6 millones si se aprueba el proyecto de ley en debate (€52.000 al tipo de cambio oficial)”, apunta. El proyecto en discusión llevaría, además, la tasa más alta de Bienes Personales al 1,75% o 2,25% por año.
Passarelli señala que las razones de estos cambios internacionales son básicamente dos. Por un lado, se entiende que este tipo de impuestos al patrimonio “ahuyentan inversiones” y, por otro, se argumenta que ya se pagó impuestos sobre ese “ahorro” en el proceso de su generación. “Si bien la discusión sobre cuál de los dos impuestos es más eficiente es sumamente válida, lo que es realmente inadmisible es que coexistan los dos impuestos, con mínimos no imponibles tan bajos y tasas tan altas”, concluye el contador.
En otro punto, el borrador impulsa a gravar “el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la CABA”. Esto incluye el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos), la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó este jueves su rechazo al proyecto. “En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso no lo vamos a firmar”, anticipó, luego de hacer anuncios referidos a la vacunación. El diputado Luciano Laspina, uno de los principales referentes económicos del PRO, también manifestó su rechazo a través de las redes sociales. “El inminente Pacto Fiscal 2021 delegará en las provincias la creación de un nuevo 'Impuesto a la Herencia'. Además, permitirá aumentos en los topes de Ingresos Brutos en varios rubros. La voracidad impositiva no tiene límites”, escribió.
DT