El acuerdo técnico que firmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo dice muy claro: “se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”. Sin embargo, desde la otra vereda del Frente de Todos se impulsó este lunes un proyecto para recaudar dólares de activos externos sin declarar (a cambio de eliminar penalidades, una especie de blanqueo por otros medios), que serán destinados a saldar la deuda con el Fondo.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, promotora de la idea, ofrece una medida que escapa a la letra chica del compromiso aprobado por el board del FMI apenas tres días antes, pero que puede ayudar a cumplirlo.
Según informó ayer el bloque de senadores del Frente de Todos, se presentó un proyecto para constituir un “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI”. La iniciativa establece una tasa de 20% sobre los bienes irregulares detectados, que deben ser cancelada en dólares. En el “sinceramiento” impulsado por Mauricio Macri en 2016 la tasa llegaba al 10%.
En el artículo 10°, el proyecto detalla que aquel contribuyente que “reconozca y declare en forma espontánea y voluntaria” sus activos dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma, tendrá los mismos beneficios que ya fueron definidos para el blanqueo de la construcción, lanzado en abril de 2021. Es decir, los fondos declarados no se consideran incrementos patrimoniales no justificados a efectos impositivos, quedan libres de toda acción legal y eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar.
Hasta ahí, un blanqueo clásico. El punto fuerte del proyecto del oficialismo es la creación de la figura del “colaborador” que facilite el hallazgo de esos bienes y, a cambio, se quede con hasta el 30% de lo recaudado. Pueden encarnar este rol tanto ciudadanos comunes como entidades bancarias, liberados de “cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor”.
Iván Sasovsky, titular de Expansión Holding, señala que tanto la figura del colaborador como el levantamiento del secreto fiscal son herramientas que se utilizan en otras partes del mundo. Sin embargo, cuestiona que “el proyecto se basa en el miedo, porque no hay confianza como en el gobierno de Mauricio Macri, cuando los propios bancos invitaban a los inversores a adherirse al blanqueo”. “Entonces, se crea la figura del colaborador, pero sin filtros: cualquier empleado de un banco o de AFIP puede denunciar y cobrar ese 30%, lo que puede generar una catarata de denuncias”, agrega.
Para César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asoc, la figura del colaborador es “una herramienta muy poderosa, que puede ser usada en algunos casos para el bien y en otros para el mal”. Según anticipa, puede dar lugar a extorsiones y entorpecer las relaciones sociales, además de propiciar falsas denuncias que pueden acarrear consecuencias penales.
El impulso del “colaborador” es relevante, porque se asume que el Estado ya rastrea por todos sus medios los activos que los argentinos tienen en el exterior de manera irregular y aplica las sanciones correspondientes. Litvin señala, incluso, que la AFIP cuenta con una “excelente base de datos”.
Según pudo saber elDiarioAR, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont cuenta con un sistema de intercambio automático de información del que se reciben datos de las colocaciones financieras de argentinos en más de 90 países. Además, dispone de intercambios de información “a pedido” a partir de distintos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, Estados Unidos no hace intercambios automáticos de información con ningún país pero sí accede a proveerla si hay una procedimiento iniciado con sospecha cierta de delito.
“Hay países como Suiza que nunca abren el secreto bancario, de hecho es un tema que tomó importancia con la guerra de Ucrania, momento en que los países querían limitar el movimiento de los fondos que pertenecieran a personas de nacionalidad rusa”, sumó Fernanda Laiún, socia del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt. Para la tributarista, “la seguridad jurídica implica sostener lo que se promete por ley, entre otras cosas el secreto bancario”.
A partir de los mecanismos de intercambio de información vigentes AFIP tiene bajo investigación unas 3.000 cuentas financieras de residentes argentinos alrededor del mundo, que surgen de la información recibida sobre 300.000 cuentas financieras para los períodos 2016 y 2017. Actualmente se encuentra procesando los paquetes de datos correspondientes a 2018 y 2019. “Como a lo largo de los últimos años se amplió el conjunto de países que participan del intercambio automático de información previsto por la OCDE y el G-20, las áreas especializadas deberán analizar más de 500.000 registros de cuentas financieras que fueron recibidas a lo largo de los últimos años”, explican.
El proyecto presentado por los senadores del Frente de Todos, salido del despacho de la vicepresidente, podría encontrar un obstáculo en el acuerdo con el FMI. En las 137 páginas del acuerdo técnico se precisa que “seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”. Aun así, el directorio está especialmente interesado en que la Argentina recaude los ingresos necesarios para cumplir con el repago del préstamo más grande que entregó en su historia. ¿Está habilitado, entonces? En la órbita de Guzmán se llaman a silencio sobre el tema y derivan las consultas al Senado, a los “autores del proyecto”.
En uno de sus artículos la iniciativa le encomienda al Ministerio de Economía solicitarle asistencia al FMI para avanzar con la iniciativa, algo que también le pidió personalmente Cristina Fernández de Kirchner al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en una reunión que mantuvo este lunes. Además, en los fundamentos del proyecto se señala la necesidad de colaboración del FMI, al que se señala como “corresponsable de los desastres que vivió la economía argentina desde el otorgamiento de un préstamo que financió una salida de capitales de tamaño histórico”.
“Si Estados Unidos no colabora, el proyecto nace muerto –apunta Sasovsky–. Pero los intereses de cobrarle a la argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto”.
DTC/CC