El Gobierno tiene una semana para saber si su esfuerzo por acelerar la sanción del proyecto de ley que habilita a refinanciar la deuda de US$45.000 millones con el FMI valió la pena o si, a pesar de a haber dejado en el camino la redacción propuesta por el ministro Martín Guzmán y jirones de la unidad del Frente de Todos, deberá enfrentarse a una situación de default. El próximo lunes está agendado un nuevo vencimiento con el organismo internacional y el país no dispone del dinero para pagar, pero tampoco tiene margen para no cumplir. Entrar en un atraso con el Fondo equivale a no poder darle las puntadas finales al acuerdo y, después de tanto correr, dejar ese frente abierto.
Según se detalla en el programa enviado por Guzmán al Congreso (que fue eliminado, a pedido de la oposición, del adjunto del proyecto de ley), el lunes 21 de marzo la Argentina enfrenta un vencimiento por US$960 millones y el martes 22 otro, de US$1.850 millones. En total suman US$2.800, que son parte de los alrededor de US$19.000 millones que debe pagarle al FMI este año.
Si para esa fecha el acuerdo estuviera aprobado por el Congreso y también avalado por el Directorio del FMI, que son los dos trámites pendientes, el propio organismo giraría el dinero necesario para cubrir el vencimiento, con un excedente destinado a engrosar las reservas. Según adelantó Guzmán, el primer desembolso programado será de US$9.800 millones.
La situación es otra si el 21 el acuerdo no está cerrado. En el Ministerio de Economía aseguran que no se caería en default porque, técnicamente, esa categoría “no existe” en el FMI y que el término que corresponde es “arrear”: el Gobierno entraría en un “atraso” con el Fondo. Es solo un matiz semántico. En los hechos, el organismo internacional no ofrece período de gracia y el país ingresaría en una situación de mora de manera inmediata.
De todos modos, es cierto que el default no es una condición monolítica en la que se ingresa el día uno de atraso, sino que va empeorando con sanciones que aplica el FMI a medida que se extiende el plazo. De acuerdo con el reglamento del organismo, en las dos primeras semanas el FMI debe comunicarse con el país y exigir el pago y, al mes, la directora gerente, Kristalina Georgieva, tiene la obligación de notificar al Directorio. A los dos meses se emite una queja formal, a los tres se publica en la web el default y se le suspende al país el derecho de usar DEGs. Así continúa la espiral hasta que a los dos años se evalúa la expulsión del organismo.
Pero más allá de las formalidades, el punto clave es que el FMI no refinancia a países en atraso. Es decir que el Directorio no puede avalar el acuerdo técnico que negoció Guzmán hasta que la Argentina no se ponga al día. Así, los dólares para pagar deben salir de algún lado.
La primera opción es apelar a las reservas. El Banco Central tiene alrededor de US$38.000 millones de reservas brutas, pero las que están disponibles para ser utilizadas –las netas– son muchas menos. Para llegar a ese número hay que descontar los encajes en dólares (los depósitos de los ahorristas), el swap con China (un préstamo que no es de libre disponibilidad) y los préstamos de otros organismos, entre otros conceptos. Los cálculos privados divergen: algunos consultores aseguran que al país ya no le quedan reservas netas y otros las ubican en torno a los US$1.000 millones. En cualquier caso, no son suficientes para pagar el vencimiento.
El economista Francisco Eggers explica que los dólares depositados por los bancos (e, indirectamente, por los depositantes) no forman parte de las reservas netas porque son pasivos de corto plazo; el Banco Central debe tenerlos disponible para girarlos inmediatamente ante la exigencia de las entidades. “En el momento en que se llegue a un acuerdo con el FMI, el Gobierno podría pagar con esos dólares si sabe que se le van a devolver rápidamente”, plantea Eggers como alternativa. “El problema de pagar con esos dólares viene de las expectativas negativas que puede desatar, pero si el acuerdo con el FMI ya está cerrado –que sería el único caso en que el gobierno pagaría el vencimiento de marzo– no creo que sea grave”, suma.
Otra opción para hacerle frente al vencimiento es conseguir financiamiento de un tercero, ya sea otro país u organismo internacional, lo que tampoco es sencillo en este contexto. Como tercera alternativa, se podrían canjear yuanes del swap con China por dólares, que con la última ampliación equivalen a US$23.600 millones, aunque ese canje implica un interés del 7%, superior al 4% que ofrece el FMI.
“Hay convicción de que el legislativo aprobará el acuerdo antes”, responden en el entorno de Guzmán ante la consulta sobre cuál es el plan alternativo. No hay opción b, al menos en el discurso público.
Para el FMI el 21 y 22 de marzo también son fechas de relevancia. Según datos del organismo internacional procesados por la consultora 1816, si la Argentina no paga será el default más grande de la historia del FMI. Hasta ahora el récord lo ostenta Grecia, que en 2015 incumplió por 20 días con un vencimiento de US$2.000 millones.
Por el monto extraordinario del préstamo otorgado a Mauricio Macri, el repago por parte de la Argentina es central para el organismo. Mientras que en el momento de mayor incumplimiento desde que se creó el FMI, en 1944, tuvo el 10% de sus préstamos defaulteados, hoy la deuda contraída por la Argentina representa el 28% de su cartera.
DT