El mega DNU y el proyecto de ley ómnibus del Gobierno nacional que se debate en comisiones en el Congreso de la Nación han puesto en estado de alerta a distintos actores de la actividad azucarera y de la producción de alcohol derivado de la caña de azúcar, que tiene una fuerte presencia en las economía del NOA, en especial en Tucumán, Jujuy y Salta. De avanzar las iniciativas y de no haber cambios, las consecuencias serían que se permitiría el ingreso de azúcar de importación, sin barreras arancelarias, y se desregularía la producción y comercialización del mercado del bioetanol, lo que pondría a la industria sucroalcoholera en riesgo de quebranto, según el empresariado y los cañeros de la región.
Tucumán es el distrito desde donde han surgido los mayores cuestionamientos y tienen múltiples razones quienes han levantado la voz en contra de las decisiones del presidente Javier Milei. Desde el Centro Azucarero Argentino (CAA), su presidente Jorge Feijóo, informó a elDiarioAR que el complejo sucroalcoholero está integrado por 20 ingenios azucareros (15 en Tucumán, 2 en Salta, 3 en Jujuy); 16 destilerías de alcohol, con una capacidad instalada conjunta de 700.000 m3 año; 12 deshidratadoras de alcohol; 7.100 productores cañeros independientes, 6.200 de ellos con explotaciones de menos de 50 hectáreas y 160 industrias metalmecánicas de servicios. Además, emplea en forma directa a 61.000 trabajadores; 19.800 en la industria, 34.800 en campo, 4.300 en los servicios de cosecha y 2.000 en el transporte de productos elaborados. Para Tucumán esto se traduce en un ingreso provincial de casi 540 millones de dólares anuales, uno de los más importantes junto a la citricultura del limón, una industria también en jaque por el proyecto de la ley ómnibus.
“Desregular la agroindustria de la caña de azúcar significaría que cualquier país vecino podría introducir azúcar al nuestro, en desmedro de una actividad que genera miles de empleos. Y si se desregula el bioetanol, implicaría que las tres petroleras que hoy compran alcohol de la caña de azúcar y del maíz, lo van a poder comprar en Brasil o cualquier otro país”, explicó el gobernador Osvaldo Jaldo, en diálogo con varios medios. El mandatario tucumano encabezó el lunes de esta semana una cumbre de distintos referentes del sector, entre los que estuvieron el presidente de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara; Juan Carlos Mirande, presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART); el vicepresidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Bernabé Alzabé, representantes de ingenios, la senadora nacional peronista Sandra Mendoza; y el secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), Roberto Palina.
Desregular la agroindustria de la caña de azúcar significaría que cualquier país vecino podría introducir azúcar al nuestro, en desmedro de una actividad que genera miles de empleos
Al finalizar la reunión, el secretario de Producción provincial, Eduardo Castro, indicó que se buscará la derogación de los artículos que afectan al sector, tanto del mega DNU como del proyecto de ley ómnibus. “Los diputados y senadores nacionales van a trabajar para que se mantenga la ley 25.715 que nos rige en la actualidad”, sostuvo. Mirande, del Centro Azucarero Regional de Tucumán, sostuvo, categórico, a este medio: “Si los cambios propuestos amenazan los logros y derechos adquiridos en las leyes existentes, se buscará la defensa de estas disposiciones en el Congreso nacional para salvaguardar los intereses de la industria azucarera y las economías regionales”. Uno de los principales temores es que el azúcar de importación ingrese al mercado local a precio de “dumping”, es decir, un valor inferior al producto elaborado en el país.
Desde la FOTIA, el gremio de los trabajadores, Palina indicó a este medio que se declaró el estado de alerta y movilización. “El ingreso de azúcar de otras partes del mundo afectaría la producción local y el trabajo de muchas familias argentinas que se mantienen con la actividad”, señaló.
Con colectivos al Congreso
A raíz de este escenario, elDiarioAR consultó al empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA, que produce azúcar y alcohol, quien se manifestó en contra de modificar las condiciones del mercado que vencen en 2030. Argumentó que la agroindustria hizo inversiones millonarias, teniendo en cuenta esos tiempos y reglas del juego. “No pueden atropellarnos, si lo hacen, liquidarán a Tucumán, Salta y Jujuy”, dijo.
Explicó que de levantarse las barreras arancelarias sería imposible competir con la industria de Brasil, en donde se mantiene un esquema de subsidios estatales desde hace 50 años. “Ellos tienen 10 millones de hectáreas de caña, mientras que Argentina sólo tenemos 400.000. Competir con Brasil es como pelear con un gorila en un cuarto de dos por dos”, graficó. Para tratar de revertir el contenido de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, impulsó una movilización desde el norte argentino hacia la Capital Federal para hacer escuchar los reclamos: “Hay que contratar 250 ómnibus para ir a protestar a las puertas del Congreso de la Nación o a la Residencia Presidencial de Olivos. Así podría tener relevancia nacional nuestro pedido; el porteño que vive en Buenos Aires no conoce la Argentina”.
Brasil tiene 10 millones de hectáreas de caña, mientras que en Argentina sólo tenemos 400.000. Competir con ellos es como pelear con un gorila en un cuarto de dos por dos
Pronunciamiento legislativo
En las últimas horas, la Legislatura tucumana dio a conocer un documento que lleva la firma de sus autoridades y de la mayoría de los bloques parlamentarios, en donde se expresa “En defensa de la actividad azucarera”. Entre otras consideraciones, la solicitada señala: “Instamos a los diputados y senadores nacionales por la provincia a oponerse a estas medidas destructivas del trabajo de miles de tucumanos, y que por ende afecta seriamente el PBI de nuestra provincia. Esto nos retrotrae a épocas ya vividas en el gobierno de Onganía (con el éxodo de doscientos mil tucumanos que engrosaron las villas del conurbano bonaerense) al producirse el cierre de once ingenios en el año 1966. No firmaron los legisladores Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana y socio de Milei en la provincia, y José Macome, parlamentario del PRO.
Esto nos retrotrae a épocas ya vividas en el gobierno de Onganía (con el éxodo de doscientos mil tucumanos que engrosaron las villas del conurbano bonaerense) al producirse el cierre de once ingenios en el año 1966.
El bioetanol
La legislación vigente sobre bioetanol establece que se reserva para las pymes la provisión del 12% de alcohol derivado de caña de azúcar y de maíz, y del 7,5% de biodiesel en base a aceite de soja. La propuesta oficial, vía ley ómnibus, habilita a que intervengan las petroleras en el mercado interno, más las grandes agroexportadores que producen biocombustibles. En la actualidad, las petroleras deben proveerse solo de las empresas argentinas. Además, contempla la importación libre de biocombustibles. “Si esto sucede será un golpe duro para las pymes que están protegidas por la ley actual y en un momento de expansión. Es imposible competir con los tanques, con las empresas de otros países que tiene apoyo del Estado, como sucede en Estados Unidos, que es el primer productor y exportador de alcohol de maíz del mundo”, reflexionó un empresario que administra un ingenio azucarero tucumano que tiene una destilería en el que produce alcohol.
DC/MG