El Presupuesto prevé menos gasto en jubilaciones, pero sube en educación y desarrollo social

La Argentina seguramente volverá a tener ley de presupuesto en 2023, después de un 2022 en el que se gobernó por decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esta vez, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa y ahora se avanza para su ratificación en el Senado. En el medio quedaron muchas polémicas, pero quizá poco se debatió que el proyecto original del ministro de Economía, Sergio Massa, establecía un ajuste generalizado de gastos para el año electoral. En el proyecto se habla de una inflación del 60% en diciembre de 2023, pero no se especifica cuál será el promedio del índice de precios al consumidor (IPC) a lo largo del año, que es la medida necesaria para comparar en qué medida crecerán o se achicarán en términos reales las partidas anuales de cada área de gobierno. En años anteriores sí se blanqueaba el dato. En la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y en la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) averiguaron que la Secretaría de Política Económica, que conduce Gabriel Rubinstein, prevé una inflación promedio del 76,1% (se supone que irá bajando gradualmente mes a mes desde el 94,5% estimado para diciembre de 2022).

A partir de ese dato, se puede advertir en dónde se gastará más y en dónde menos en 2023, en comparación con 2022. ASAP elaboró un informe al respecto antes de las modificaciones que el proyecto original enviado por Massa sufrió en la Comisión de Presupuesto y en el recinto de Diputados. Entre las áreas que ajustarían, es decir, las que crecerían por debajo de la inflación promedio del 76,1%, figuraba la de seguridad social (68,2%), que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales por hijo (AUH), que a su vez representan el 45% del gasto total de la administración nacional. Sin embargo, las prestaciones mensuales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que controla Fernanda Raverta, crecerían más que el IPC, un 81,1%, por la fórmula de indexación que tienen por ley. ¿Cómo es que suben los haberes más que la inflación pero el gasto total de la seguridad social termina cayendo en términos reales? Sucede que en 2022 se otorgaron varios bonos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH para compensar el alza de precios y se supone que en 2023, si ocurre el milagro de que disminuyan las remarcaciones, ya no se necesitarán esos extras y por eso la Anses terminará ahorrando. Claro que si la inflación no baja y se asemeja a la de este año, como pronostican bancos y consultoras, entonces es probable que el Gobierno acabe repartiendo bonos y así el gasto no se achicaría en esta área.

Otras dependencias donde se recortarán las partidas en relación al 76,1% de inflación promedio son:

La política energética (53,3%), por la baja de subsidios a la luz y el gas, no solo por incremento de tarifas sino también por la expectativa de terminar el gasoducto Néstor Kirchner el 20 de junio y reducir así la importación gasífera. Esta partida se contrae en términos reales pese a incluir la inversión en esa obra que unirá Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires.
La política de transporte (crecía 53,2%, según el proyecto original), por el ajuste de subvenciones a los boletos de colectivo y tren. No obstante, en comisión las provincias presionaron para recibir $ 28.000 millones más de lo previsto, con lo que el área totalizará $ 1.188 millones y elevará su presupuesto un 56,9%. De todos modos, pese al refuerzo, seguirá contrayéndose si se la ajusta por inflación.
La ecología (56,3%), en retroceso pese a los crecientes impactos del cambio climático y la destrucción de bosques, humedales, glaciares y ríos.
El Poder Legislativo (68,1%).
El Poder Judicial (70,9%).
La cúpula del Poder Ejecutivo (62,3%)
Las relaciones exteriores (68%).
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, el 63%).
Los organismos de control de la gestión pública (72,3%)
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec, que reducirá el presupuesto a la mitad porque en 2022 debió erogar de más por el censo de población, más allá de sus demoras en la difusión de datos).
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI, que elevará los egresos el 69,4%).
Las acciones, por cierto acotadas, del Ministerio de Trabajo (62,8%), que tiene a su cargo planes de capacitación y ayudas a empresas en problemas a través del plan Repro (Reconversión Productiva).
La política de telecomunicaciones (59%).
El área de agricultura (63,2%), aunque en Economía estudian ayudar a los 1.000 productores de trigo afectados por la sequía actual.
La política industrial (71,7%).
El comercio y el turismo (57,2%), lo que incluye un recorte del plan PreViaje, que se acotará a unos pocos meses y a ciertos destinos.
Los seguros y las finanzas (51,8%).

Refuerzos

El gasto total de la administración nacional se contraería ajustado por inflación, dado que nominalmente se elevaría 71,2%, según el proyecto original. Hay áreas en las que se preveían ajustes en la iniciativa de Massa, pero que fueron reforzadas por los diputados oficialistas:

La promoción social, con un aumento del gasto de sólo 68,2%, según el proyecto original, acabará con un alza del 98%. En un reciente reporte de la OPC sobre el texto primigenio se advertía que en términos reales caerían 11,7% los egresos en niños y adolescentes y 8,1% en personas con discapacidad, aunque también sería resultado de que en 2022 tanto unos como otros recibieron bonos compensatorios de la suba de precios. La Unicef también había calculado un recorte del 8,4% en niñez y adolescencia, pero el bloque del Frente de Todos introdujo modificaciones para elevar esta partida el 1,8% respecto de 2022, según calculó su diputado Itai Hagman. Los legisladores también reforzaron en un 25% las políticas alimentarias y un 6% las asignaciones familiares. Ambas partidas se engrosaron con $ 205.000 millones en total.
La política de vivienda y urbanización barrios se incrementaba 67,6%, según la iniciativa de Massa. En Diputados le agregaron $ 27.000 millones al Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU). Con ese dinero, el presupuesto de viviendas y barrios se elevaría 78%, apenas por encima de la inflación.
La educación y la cultura. Lejos de la polémica sobre un supuesto recorte, el presupuesto del ministro la elevaba 76,5%, es decir la mantenía en el mismo nivel real que en 2022, según consta en el informe de ASAP. Lo que sí se advertía es un ajuste en los giros a las universidades. Los diputados elevaron gastos educativos que en principio iban a contraerse como los destinados a las becas Progresar (para estudiantes), la infraestructura y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Agregaron $ 86.000 millones, con lo que el presupuesto educativo final se elevará 86%.

Otros rubros donde crecerá el gasto serán:

Salud (85,4%).
Ciencia (128,6%).
Defensa (87,1%), pese a quienes creen que este gobierno descuida a los militares.
Los pagos de deuda (99,8%).
Ministerio del Interior (84,7%), porque todos los años electorales se eleva esta partida para organizar los comicios.

Las áreas que zafarán de la poda porque mantendrán el mismo nivel que en 2022 serán:

El agua potable y el alcantarillado, cuyo presupuesto crecerá 77,6%, apenas por encima del IPC. Eso incluye AySA, la empresa que preside Malena Galmarini.
La seguridad interior (74,3%, levemente debajo de la inflación).
Y las cárceles (75,4%).

Gasto corriente, transferencias e inversión

Otro modo de analizar el presupuesto consiste en dividirlo en gasto corriente y el de capital, también llamado inversión. El primero iba a crecer sólo 70,1% en el proyecto original, sobre todo porque las transferencias iban a elevarse apenas 49,1%, dado el recorte de subsidios a la energía y el transporte. Este número cambia a partir de los refuerzos en desarrollo social. En cambio, la inversión pública iba a subir 85,1%, según el informe de ASAP. “Las transferencias de capital más significativas tienen como destinatarios las provincias y municipios, la empresa Energía Argentina SA (la que construye el gasoducto), el Procrear (plan de crédito hipotecario), AySA y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social”, señala ASAP.

En tanto, en otro reporte de la OPC sobre la inversión pública en el proyecto original de presupuesto 2023, se señalaba: “Aunque se mantiene en relación con el PBI, la inversión pública prevista para el ejercicio 2023 tendrá un aumento real de 4,8% y ascenderá a $2,2 billones. Casi la mitad de la inversión pública financiada con recursos de la Administración Nacional se destina a empresas públicas y fondos fiduciarios. Energía Argentina SA es la principal empresa destinataria de estos fondos ($355.020 millones), asignados a la construcción de gasoductos y las represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz. Continúan en orden de relevancia presupuestaria los créditos para el Procrear ($183.094 millones). Las transferencias a provincias y municipios se contraen 20,1% (ajustado por IPC). China Development Bank (CDB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son las principales fuentes externas de financiamiento. El programa Conectar Igualdad (de reparto de computadoras a estudiantes) lidera la adquisición de bienes de capital. La puesta en valor del ferrocarril San Martín es la obra plurianual más importante, con $115.687 millones. En la inversión, las empresas públicas ganan participación en detrimento de la administración nacional”. Toda una señal en tiempos en que el ex presidente Mauricio Macri llama a cerrar o privatizar compañías estatales.

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