Matías Kulfas escuchó las plegarias de la empresa metalúrgica Impsa, fundada por la familia Pescarmona. En un Zoom que compartió con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el CEO de la firma, Juan Carlos Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo anunció un aumento de la participación accionaria que deja al Estado con el 85% del control sobre la firma. Un movimiento que, a diferencia del que se intentó hacer sobre Vicentin, fue abiertamente solicitado por la empresa y conversado a lo largo del último año.
Tanto fuentes oficiales como de la empresa buscaron evitar el término “estatización”. Insisten en que se trata de un aumento de la participación accionaria del Estado Nacional, que volcó US$15 millones y se quedará con el 63,7% de la empresa, y de la incorporación como accionista de la provincia de Mendoza, que aportó otros US$5 millones y ostenta el 21,2% del paquete. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas: 9,8% en un fideicomiso de acreedores y 5,3% en la familia fundadora.
El acuerdo se cerró hoy de manera virtual pero, según pudo saber elDiarioAR, se espera que sea coronado la semana próxima con un acto del presidente Alberto Fernández. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también avaló el movimiento y, de hecho, Antonio Caló participó hoy de la conversación.
La firma mendocina, que exporta el 80% de su producción, tiene una deuda de US$500 millones reperfilada a fines de 2020 y niveles de actividad golpeados por la pandemia. Ya en diciembre pasado el Ministerio de Desarrollo Productivo había diseñado un programa a imagen y semejanza de las necesidades de la empresa —el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp)— con el que se hizo cargo del 75% de los salarios brutos de los 720 empleados de Impsa durante cuatro meses. Antes la había socorrido por la vía del ATP.
En junio de 2020 el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, le envió una carta al ministro Kulfas en la que le solicitó la asistencia necesaria para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica” para la Argentina como el desarrollo del reactor nuclear Carem, la renovación de las turbinas de Yacyretá o la provisión de equipos para YPF. Proyectos que, alegaba, no podían ser concretados por otra firma local.
En ese momento, la empresa se diferenciaba de la situación de Vicentin, cuyo intento de intervención por parte del Gobierno, principal acreedor de su deuda, fue resistido por la firma. Aclaraba que ella misma le pedía al Estado que salga en su rescate, aun si eso implicaba un aumento de la participación del Estado en la compañía, que ya tenía presencia a través del Banco Nación y el BICE. De hecho, desde la reestructuración finalizada en 2018 el control político estaba en manos del Estado, porque de los tres miembros del directorio el Banco Nación nombró al presidente, Diego Grau.
El rescate estatal llega en medio de un debate todavía no saldado respecto de cuál debe ser la relación del Estado con empresas salpicadas por casos de corrupción. La empresa está involucrada en la causa de “los cuadernos de las coimas” y tanto Enrique Pescarmona, que condujo la metalúrgica hasta 2018, como el directivo de Impsa Rubén Valenti declararon como arrepentidos. En la Justicia, Pescarmona dijo que envió dinero a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación de Planificación Federal, y a Julio De Vido, exministro de Planificación, para que le liberaran pagos adeudados por obras realizadas en Venezuela y relató cómo Impsa había ganado la primera licitación para hacer las represas de Santa Cruz, un negocio que después quedó en manos de Electroingeniería.
Una crisis anterior al Covid-19
La crisis de la metalúrgica empezó antes de la pandemia. En 2014 inició una reestructuración a partir del colapso de una empresa hermana en Brasil, WPE, a la que Impsa le había garantizado US$850 millones de deuda. Con el colapso de WPE se sumaron esos US$850 a la deuda preexistente de Impsa, que era por entonces de US$250 millones.
Los acreedores asumieron un recorte significativo de la deuda y quedaron definidos dos fideicomisos: uno que tenía el 65% de las acciones y estaba constituido por inversores institucionales internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y bonistas internacionales, entre otros) y nacionales (Banco de la Nación Argentina, BICE, obligacionistas, entre los principales) y otro que tenía el 35% de las acciones y correspondía a la familia Pescarmona, atado a una cláusula de “arrastre”. Es decir, los accionistas mayoritarios les impedían a los fundadores “intervenir u opinar” frente a una oferta.
Luego de la reestructuración, quedaba pendiente la venta de la compañía, acordada por los acreedores. En 2019, la firma recibió tres ofertas y avanzó con una hasta que la pandemia de coronavirus frustró el proceso. Como alternativa, la compañía inició un proceso de “reperfilamiento sin quita de capital” de su deuda, que fue aceptada por el 98% de los acreedores los últimos días de noviembre de 2020. El proceso culmina ahora con la “capitalización” de la empresa impulsada por el Estado Nacional y el mendocino, con un aporte total de US$20 millones.
PI/DTC