El sector energético se encuentra convulsionado, con los tableros pateados tanto por la política exterior como la interior. Por un lado, la guerra en Europa disparó los precios. Por otra parte, las internas en el Gobierno no permiten definir un rumbo claro. En el medio, las poderosas empresas del sector reclaman mayor rentabilidad.
La próxima parada es la audiencia pública que determinará no solo nuevos aumentos, sino también los lineamientos concretos de la segmentación de tarifas. Las organizaciones de defensa del consumidor ya movieron la primera pieza y pidieron que Martín Guzmán presida la nueva audiencia, mientras los organismos oficiales eligen el silencio.
Si bien estaba estipulada en principio para fines de abril, las organizaciones de defensa al consumidor esperan que la nueva audiencia pública para definir los precios del gas y la segmentación de tarifas se convoque en estas horas, para mediados de mayo, con la intención de que empiece a regir en junio. En este marco, elevaron una nota al Ministerio de Economía, en la que piden básicamente dos cosas: que la audiencia sea presencial, sin cupo; y que sea presidida por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Una de las organizaciones firmantes es la Unión de Usuarios y Consumidores, encabezada por Claudio Boada, quien habló al respecto con elDiarioAR: “El intrincado laberinto de la segmentación fue diseñado por el Ministerio de Economía y en el marco del acuerdo con el FMI. Por tanto, creemos que en lugar de delegar a la Secretaría de Energía, es el propio Guzmán quien debe encabezar la audiencia y dar todas las explicaciones del caso”.
Con respecto a la presencialidad, expresó: “Creemos que mucha gente quiere participar y, si bien la virtualidad ayudó en su momento, también tiene sus limitaciones. Se está planteando una quita de subsidios en base a ubicación geográfica y no se tiene en cuenta ningún otro tipo de cuestión; por ejemplo, si la persona es propietaria o alquila. Es importante que haya mucha participación en la audiencia para que se visibilicen estos cuestionamientos porque lo que salga de ahí va a marcar el rumbo para todo el país”, planteó Boada.
Ante la consulta de este medio, desde la Secretaría de Energía aseguraron no tener novedades sobre el asunto.
La interna energética
La Secretaría de Energía se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que no solo busca segmentar las tarifas, sino que tendría la intención de buscar aumentos más importantes, que ayuden a reducir el déficit fiscal que ostenta el esquema energético, agravado por la disparada de precios provocada por el conflicto bélico europeo.
Desde el sector kirchnerista del Gobierno, entienden que no hay lugar para ningún tipo de aumento en las tarifas y, bajo protesta, estarían dispuestos a aceptar subas en el orden del 20% como máximo, ya estipuladas después de las audiencias de enero y febrero. Aunque minoritario en el sector, el kirchnerismo maneja tanto la intervención del ENRE como la dirección del Enargas y la presidencia de YPF, a través de Pablo González.
Un exfuncionario de Energía -del actual gobierno, pero anterior a la gestión de Darío Martínez- advirtió a este medio: “La clave de las audiencias es lo que pase después: cuánto aumento se otorgará y si los entes reguladores luego lo avalarán. En este contexto, hay chances de que no lo avalen”. Este escenario abriría las puertas a una nueva contienda entre las distintas corrientes de la coalición gobernante. Cabe recordar que la primera disputa fuerte se dio justamente en el sector energético, con un aumento impulsado por Guzmán que debió dar marcha atrás, en 2021.
Por qué una nueva audiencia
A partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, celebrado en marzo último, se propone que los incrementos en las tarifas tengan relación con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS, elaborado por el Indec). En 2021, subió un 53,4 por ciento. Para los beneficiarios de tarifa social, la suba sería equivalente al 40% del CVS; es decir, un aumento del 20% en la tarifa, en línea de lo ya aprobado en audiencias públicas de enero y febrero. Para el resto de los residenciales, la suba será equivalente al 80% del CVS; es decir, en torno al 40% en la tarifa. Por último, habrá un 10% de usuarios que no tendrán subsidio alguno. Se trata de los estratos más pudientes de la sociedad, que verán sus tarifas duplicadas.
Como en los dos últimos casos se supera a lo establecido en las audiencias públicas anteriores, la Secretaría de Energía llamará a una nueva audiencia, a celebrarse a fines de abril. Sin embargo, los tiempos se dilatan y todavía no hay llamado. El objetivo es que el nuevo esquema entre en vigencia desde el 1 de junio, por lo cual los márgenes no son muy amplios.
JR/CC