El Gobierno sufrió un nuevo revés en su intento por convertirse en un actor determinante en la mesa de las empresas de telecomunicaciones y tener la última palabra en cuanto a los ajustes de las tarifas de telefonía, televisión e internet. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal denegó los recursos extraordinarios interpuestos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra la sentencia que le otorgó a Telecom una cautelar que le permite mantenerse al margen del decreto 690.
Ese decreto, que se anunció en agosto de 2020 y entró en vigencia en enero pasado, declaró “servicio público esencial en competencia” a la industria de las telecomunicaciones y estableció que cualquier modificación de los precios debe contar con aprobación oficial previa, lo que desde el principio generó tensiones con las compañías proveedoras. De hecho Telecom no es la única que incumplió y se negó a devolver lo cobrado demás a los usuarios; también lo hicieron Telefónica (Movistar) y Claro.
Telecom tampoco es la única gran empresa que solicitó una cautelar en la Justicia, pero es la única que la obtuvo hasta el momento. Según informó Enacom, el resto de los pedidos fueron rechazados en primera instancia y recurridos a la instancia de la Cámara, por lo que la cuestión de fondo no se ha resuelto todavía. Así las cosas, no se descarta un mayor vaciamiento de la norma al aumentar la cantidad de usuarios que quedarían fuera del paraguas del decreto.
Con este fallo, que fue resuelto por mayoría, Telecom puede mantener al margen de las regulaciones del DNU, por 6 meses, a todas sus empresas: Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga). El argumento central de la sala es el perjuicio económico que el grupo tendría si se aplicara la normativa, algo que en el Gobierno aseguran que no está debidamente probado.
Si bien Telecom fue notificada de la resolución el 18 de junio, lo informo hoy a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en una nota firmada por la apoderada, Andrea Cerdán.
Diego Leiva, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Enacom, ya había explicado que la intención final del recurso extraordinario presentado ante la Cámara era llegar a la Corte Suprema, donde creen que se debe resolver el asunto. El argumento oficial para solicitar la intervención de la Corte es que el fallo “trasciende el mero interés de la parte”. “Está en cuestionamiento un DNU que fue ratificado en el Congreso, que es ley, y regula un servicio para todos los habitantes”, señaló Leiva en una conferencia de prensa ofrecida en mayo. Según dijo, están en juego derechos constitucionales como la salud, la educación, la información y la libertad de prensa, más allá de la afectación de la empresa en particular.
A principio de este mes Enacom comunicó que los servicios de telefonía fija y móvil, TV por cable e Internet tendrán un incremento del 3% en el mes de junio y del 5% en e julio de 2021, algo que sin embargo todavía no fue oficializado en el Boletín. Si se considera este último ajuste en suspenso, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%.
DT