La situación de los derechos humanos en 2021 en Perú tuvo más sombras que luces, ya que, si bien hubo avances en célebres procesos penales, se agudizó la violencia de género, persistió la impunidad del uso excesivo de la fuerza y se siguió negando el derecho a la salud de pueblos indígenas, alertó en las últimas horas Amnistía Internacional (AI).
Así lo advierte AI en su informe anual de situación de los derechos humanos en el mundo, en el que destaca el impacto de la pandemia de Covid-19 en un año marcado por un proceso electoral que polarizó la sociedad peruana y sembró una campaña lastrada por “la discriminación y el racismo contra el electorado de las comunidades rurales y los pueblos indígenas”.
En concreto, el estudio subraya el deterioro en la violencia contra niñas y mujeres en el país, donde cada día cuatro menores de 15 años dieron a luz el año pasado, cuando 146 mujeres fueron víctimas de feminicidio, diez más de las que fueron asesinadas por misoginia en 2020.
También escaló de 11.828 a 12.984 el número de mujeres desaparecidas, quienes representan el 64 % del total de casos de desaparición registrados en Perú, cuyo Gobierno sigue sin reconocer esta situación como forma de violencia de género.
Aún en este plano, AI resalta que la fuerte recuperación económica del país en 2021 (13,3 %) favoreció más a los hombres que a las mujeres y el empleo remunerado masculino aumentó un 15 % frente al 8 % del femenino.
IMPUNIDAD Y USO DE LA FUERZA
El informe también advierte que en 2021 persistió “la preocupación por la impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” en Perú.
Por un lado, se mantuvo vigente la ley de protección policial de 2020, que es “contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, y por otro el gobierno militarizó las fronteras para limitar la llegada de personas solicitantes de asilo y migrantes.
Sobre los derechos de las personas refugiadas, AI critica “los obstáculos burocráticos, los costos inasequibles y la prohibición arbitraria” que limitan su regularización en el país, así como la disposición de tener suspendida por la pandemia la tramitación de solicitudes de asilo desde febrero hasta fines de año.
Además, el informe lamenta el lento avance de las investigaciones fiscales sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes que murieron a manos de la policía durante las masivas marchas ciudadanas en noviembre de 2020.
“Pese a que el Gobierno concedió a las familias ayuda económica y en materia de salud y educación, el derecho de éstas a la verdad y justicia no se había realizado al concluir el año”, sostiene.
EPICENTRO DE LA PANDEMIA
Asimismo, el documento resalta que Perú siguió siendo en 2021 uno de los epicentros mundiales de la pandemia al registrar el mayor número de muertes por covid-19 por millón de habitantes.
Según AI, la falta de oxígeno y la insuficiente capacidad hospitalaria fueron las principales barreras a una respuesta eficiente de los servicios médicos del país, que en cambio sí lanzó una exitosa campaña de vacunación con la que logró cerrar el año con más del 80 % de su población mayor de 12 años protegida frente al virus.
Esto, “pese a los escándalos iniciales sobre corrupción y el incumplimiento por las autoridades gubernamentales del orden de prioridad”, recuerda el texto, en alusión al “Vacunagate”, el escándalo de vacunaciones secretas de más de cien altos funcionarios con un exclusivo lote al que accedieron antes de que cualquier ciudadano pudiera ser vacunado.
MEDIOAMBIENTE Y JUSTICIA
En el informe, AI también menciona la inacción de las autoridades peruanas ante la crisis de salud que sufren los pueblos indígenas a causa de la contaminación medioambiental por sustancias tóxicas, así como las deudas aún pendientes en la protección de los defensores de derechos humanos.
En ese sentido, AI señala que tres defensores fueron asesinados en 2021, cuando Perú se convirtió en el tercer país más letal de América del Sur para quienes defendían los derechos humanos, según la ONG Global Witness.
Por otra parte, la organización subraya avances en el derecho a la verdad y justicia de las víctimas y familiares de casos emblemáticos que seguían abiertos en Perú, como el de Manta y Vilca, que se reanudó en septiembre pasado, y el de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Sobre este último, el informe saluda que, tras más de 25 años, finalmente la Justicia peruana ordenó en diciembre el inicio de una investigación judicial contra Fujimori y sus exministros de Salud por este caso.
“Sin embargo, y pese a que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas recogía más de 7.000 casos documentados, el Ejecutivo siguió sin concederles reparaciones”, indica.
En la misma línea, AI lamenta que, de las más de 21.000 personas que figuraban en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), en 2021 solo se había recuperado el 20 % de los cadáveres.
Con información de EFE.
IG