El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó hoy las “masacres” de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las muertes en Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, indicó la investigación presentada en el Banco Central de Bolivia.
“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, afirmó la representante del GIEI Patricia Tappatá.
La experta en Derechos Humanos aclaró que el informe no intenta dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral previo constituyeron fraude o golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del Gobierno argentino que encabezó Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir el conflicto, dado que no es parte del mandato que recibieron.
“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”, precisó sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba.
Esos hechos de violencia a los que hizo referencia ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien, tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quorum ni oposición.
Tras esa situación “particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, indicó la CIDH que, sin embargo, “no duda en calificar a los hechos de Sakaba y Senkata como masacres”.
En ese sentido, Tappatá señaló que es “esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas”.
El informe de la GIEI también da cuenta que las manifestaciones y protestas no estallaron inesperadamente sino que hubo “agitadores”.
“Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”, subrayó Tappatá.
La experta también hizo foco en la discriminación que sufren algunos bolivianos y que se profundizó en aquellos días.
“La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados”, sostuvo al recordar que se usó la identidad étnica como criterio de pertenencia o no a la sociedad boliviana y como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes.
Al finalizar su discurso, Tappatá entregó el informe al presidente Luis Arce, quien estuvo junto a otras autoridades en el Banco Central de Bolivia, mientras se escucharon de fondo los aplausos y los pedidos de justicia de los asistentes.
Tras recibir el trabajo, el mandatario exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.
“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo durante el acto que tuvo un emotivo minuto de silencio en homenaje a los fallecidos.
El mandatario sustentó la demanda en el criterio de que los hechos y argumentos legales expuestos por el informe final del GIEI demostraron con claridad de que en Bolivia se dio un golpe de Estado, informó la Agencia Boliviana de Información.
Además, manifestó que el documento dejó constancia de que en la ruptura del orden constitucional hubo “graves violaciones a los derechos humanos”, que se “perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales” por parte del Gobierno de facto.
“Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada paria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, concluyó.
Por otro lado, anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI: “Estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral”.
“Asimismo, siguiendo la sugerencia, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.
DA