Durante décadas, especialmente a lo largo del pontificado de Juan Pablo II, fue una de las cunas de la Iglesia ultra en Latinoamérica. Capitaneada por el todopoderoso Juan Luis Cipriani, el primer cardenal en la historia del Opus Dei, la Iglesia peruana se convirtió, junto a la mexicana, en el epicentro de la restauración neocatólica.
Perú, como antes lo fue México, protagonizó el matrimonio entre los poderes neoconservadores en el mundo de la política, la empresa, la judicatura y la religión. Lo hizo ocultando abusos, aupando el crecimiento de organizaciones radicales como el Sodalicio de la Vida Cristiana o el Instituto del Verbo Encarnado (el primero está a punto de ser disuelto, el segundo fue intervenido por Roma) y arremetiendo, hasta casi la extinción, contra la Teología de la Liberación, fundada también en Perú por el teólogo Gustavo Gutiérrez, recientemente fallecido.
Todo ello con el aval del Opus Dei, que todavía hoy ejerce una suerte de primado político en Lima a través de la figura del alcalde, Rafael López Aliaga, miembro también de la Obra y que este mismo mes de enero otorgó a Cipriani la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”. Fue justo antes de recibir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante el mandato de Cipriani, tanto el Opus como el Sodalicio camparon a sus anchas en el país. La alianza entre Cipriani y Luis Fernandi Figari (fundador del Sodalicio) fue estrecha durante décadas. Ídolos que resultaron tener pies de barro, como se ha demostrado en el caso de Figari quien, como Marcial Maciel y la Legión de Cristo que fundó, utilizó la obra –y el apoyo cerrado de la institución– para convertirse en un depredador sexual y tejer una red de negocios prácticamente infinita.
Negocios de mil millones
Según los investigadores Paola Ugaz o Pedro Salinas, los negocios del Sodalicio –que arrancaron con la cesión de muchos cementerios a lo largo del país– superan los mil millones de dólares. Un dinero que el delegado papal para la disolución del Sodalicio, el español Jordi Bertomeu, tiene el encargo de utilizar para, entre otras cosas, poder indemnizar a cientos de víctimas. En un gesto simbólico, el primer denunciante de Figari fue recibido la pasada semana por el Papa Francisco en el Vaticano, confirmándole la disolución de la organización y la ayuda total para los supervivientes. En los mismos salones vaticanos que ocuparon a sus anchas Figari o Maciel, otro Papa acogía a sus víctimas.
Poco después de cumplir los 75 años, el Papa fulminaba a Cipriani como arzobispo de Lima. En 2019, tras unas denuncias por abusos sexuales supuestamente acaecidas en 1983, el Papa Francisco “impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias”, tal y como reveló este fin de semana El País y confirmó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. Entre las medidas impuestas estaban no utilizar las insignias cardenalicias, reducir su presencia pública o viajar a Perú.
Pese a ello, Cipriani –que reside en Madrid desde entonces– viajó en varias ocasiones al país latinoamericano, la última de ellas para recibir un galardón de manos del alcalde López Aliaga. El purpurado negó las acusaciones. “Quiero aclarar que los hechos que describen son totalmente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente ni en 1983 ni antes ni después”, afirmó, y llegó a decir que fue rehabilitado por Roma en 2020. Sin embargo, tal y como aclaró la Santa Sede, dichas medidas “siguen vigentes”.
El velo de silencio sobre Cipriani comenzó entonces a resquebrajarse. La puntilla se la dio su sucesor en Lima, Carlos Castillo, a quien Francisco designó cardenal en el último consistorio, y que es uno de los pocos prelados peruanos que defendió a las víctimas del Sodalicio frente a la protección de la mayor parte de la Conferencia Episcopal del país. En una carta abierta a los fieles, Castillo fue tajante con el caso Cipriani: “En los últimos meses, luego de serias y precisas investigaciones, existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede. Convocamos a todos a entrar en razón mediante un camino de conversión que implique abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y el rechazo a la verdad”.
Sostiene Castillo en su misiva: “Lo declarado oficialmente por la Santa Sede hace unos días nos remite, ante todo, al inmenso dolor y al sufrimiento que experimentan las víctimas de todo tipo de abuso dentro de nuestra Iglesia y en la sociedad”. Un sufrimiento que “desgarra nuestro espíritu, nos interpela profundamente y nos compromete solidariamente con ellas”, se lee.
“Todo ser humano ultrajado es un clamor de Dios”, añade Castillo, quien invita a “esforzarnos personal y eclesialmente en acoger y acompañar, así como detener y sancionar las agresiones, usando los medios adecuados y justos, y comprometernos en su protección, defensa, restablecimiento y reparación”.
Tras el cardenal de Lima, el episcopado de Perú, tradicionalmente refractario a reconocer el sufrimiento de las víctimas (que consideran que sólo cinco prelados de los 54 que forman parte de la Conferencia Episcopal hicieron algo para frenar los abusos del Sodalicio en el país), admitió que en el caso de Cipriani “se comprobó la veracidad de los hechos”.
“Nos sentimos apenados al conocer las recientes noticias acerca del Cardenal Cipriani”, arranca la nota, en la que los obispos lamentan “el dolor sufrido por la víctima de abusos y por la comunidad eclesial”, y piden “a todo el Pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato”.
“Reafirmamos nuestra cercanía a todas las víctimas de cualquier tipo de abuso”, constatan los obispos del país, que reconocen “la sabia decisión del Santo Padre, al unir en ella la justicia y la misericordia, de aceptar que deje el Ministerio Episcopal del Arzobispo Emérito de Lima al cumplir los 75 años, y de imponerle algunas limitaciones ministeriales”. “Pedimos a todo el Pueblo de Dios que ofrezca oraciones por el denunciante, por el Cardenal Juan Luis Cipriani y por la Iglesia para que sea espacio seguro, donde vivir la reconciliación”, finaliza el escrito.
La reacción de Cipriani no se hizo esperar. “Sorpresa y dolor”, aseguró en una nueva carta, en la que denunció “la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona”.
“Se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor”, asegura Cipriani. E insiste, frente a lo dicho con anterioridad, en que ha “aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa”, de la que no se ha podido defender, según asegura. Desde Madrid –la Archidiócesis dice desconocer en qué lugar reside el purpurado–, un Cipriani herido prepara su defensa.
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