El Congreso de Perú admitió este jueves a trámite una nueva moción de vacancia (destitución) presentada por la oposición contra el presidente Pedro Castillo por una presunta “permanente incapacidad moral” para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.
La decisión, que implica la autorización para que la moción continúe el proceso parlamentario hasta volver al pleno para su debate final, el próximo 7 de diciembre, se tomó con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones.
La medida se anticipaba porque el pedido de vacancia, que fue impulsado por el legislador independiente Edward Málaga, se entregó el pasado martes con las firmas de 67 congresistas de los partidos opositores Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú.
Una moción de este tipo requiere, por lo menos, del voto favorable del 40 % de los congresistas hábiles para ser admitida a trámite, en este caso de 52 legisladores.
TERCER PROCESO CONTRA CASTILLO
Este es el tercer proceso de este tipo al que se someterá a Castillo, quien sorteó un primer pedido de destitución en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.
En el caso del documento presentado por Málaga, de más de 100 páginas, asegura que “resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”.
Al exponer los motivos de su moción, Málaga dijo que lo hizo “con la plena convicción de que la salida más exitosa a esta crisis política es un adelanto de elecciones generales” y que el pedido de destitución de Castillo “debería servir como un primer paso para ese reacomodo” de las “condiciones democráticas”.
“El espíritu de esta moción es de control político, no hay aquí motivaciones ideológicas, políticas, y mucho menos odios, como se podría interpretar”, agregó.
Tras reiterar que el control político “es un deber del parlamento”, el congresista añadió que “la moral que juzgan no es una razón judicial, es una instancia política”.
DA