En sus casi 850 kilómetros de frontera, Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia comparten varias cuencas hidrográficas con un volumen de aguas útil para la alta demanda hídrica del sector minero e industrial chileno y con un valor potencial para la emergente minería boliviana en el área, y la actividad agrícola. El curso de agua del río Silala nace en los faldeos del cerro Inacaliri, a más de 4.000 metros de altura, en el departamento boliviano de Potosí. En un punto, el caudal se une con un segundo curso de agua y baja por un cañón hacia la frontera chilena para unirse con el río Cajón y origina el río San Pedro de Inacaliri, que desemboca en el río Loa. En términos geopolíticos, las aguas del Silala son un recurso de interés tanto para Bolivia como para Chile. Primero, si es que el fenómeno del escurrimiento de bofedales hacia el oeste es una regla o una excepción. El Silala una excepción.
Al norte del rio Silala se encuentra el salar más importante de Bolivia, el Salar de Uyuni, ubicado en la zona más baja del altiplano, con una superficie 10.582 km2, donde se extrae litio, boro, potasio y magnesio entre otros productos. A la vez, los salares constituyen una fuente de recursos no renovables con gran potencial económico para el Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que su presencia en la zona es importante. Uno de los proyectos considerados por el gobierno boliviano para el río Silala era trasladar sus aguas por cañerías hacia el Salar de Uyuni.
El origen de un conflicto más que centenario
El fundamento de la disputa entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Chile por las aguas del río Silala se remonta a la fijación de los límites entre los dos países después de la Guerra del Pacífico (1979-1884), que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú, con la victoria chilena. La firma entre Chile y Bolivia del Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904 define la demarcación fronteriza a partir de la línea divisoria de las aguas en un extenso tramo terrestre cordillerano de acuerdo con los puntos de altura que estuvieran sobre ellas. Desde una perspectiva científica, geográfica y de carácter hídrico resulta relativamente sencillo para aguas superficiales y de flujo exorreico, pero no para cuencas endorreicas- y justamente, el escurrimiento del Silala-que no se fueron contempladas en el documento internacional. Sin embargo, lo primordial en el Tratado de 1904 es la cesión territorial. El hecho de que Bolivia perdiera su salida al Pacífico ha determinado toda la relación posterior entre los dos países. Pero también, al igual que un año antes con el Tratado Petropolis (1903) con Brasil, se exigió la indemnización de 300 mil libras esterlinas y la construcción de ferrocarriles.
En 1907, la Prefectura del Departamento de Potosí otorgó el permiso para el uso y el aprovechamiento de las aguas del Silala a la empresa británica The Antofagasta-Bolivia Railway Company Ltd -luego llamada Ferrocarriles Antofagasta -Bolivia (FCAB)- con el propósito de alimentar las calderas de sus máquinas a vapor. En 1910 por escritura pública se aprueban el uso y los permisos otorgados a la empresa entre ellos la autorización para construir canales y obras de mampostería en territorio boliviano y utilizar, sin costo alguno, las aguas del río Silala.
En 1962, cesó el funcionamiento del tren a vapor pero el escurrimiento natural de estos recursos a territorio chileno se mantuvo. Si bien en años ’50 autoridades políticas bolivianas expresaron diferencias y reclamos sobre la licitación realizada a la empresa británica, principalmente relacionadas con el incumplimiento del acuerdo sobre uso de las aguas, apenas en 1966 el Estado boliviano cuestionó el uso de las aguas del Silala y sostuvo que Chile estaba aprovechando aguas que no le pertenecían.
El tema escaló en 1997 cuando la Cámara de Diputados boliviana ordenó que no se usara el término ‘río’ para referirse al Silala, debido a que se trata de “un manantial o de ojos, cuyas aguas se consumirían allí mismo”. En ese momento, adicionalmente, se instruyó que se borrara la palabra “río” de los mapas del Instituto Geográfico Militar boliviano. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en ejercicio de su primer mandato (1993-1997), decidió promover una fuerte campaña para la capitalización de las empresas estratégicas del país. Una nueva concesión a favor de DUCTEC SRL por el uso de estas aguas y revocó la que se había otorgado originalmente a la Antofagasta-Bolivian Railway. A la vez, se planteó el cobro a Chile por el uso del Silala.
El tema referido al usufructo de las aguas del Silala se reactivó en 2008. La discusión se dio en el marco de la Agenda de los 13 Puntos, acompañada por un diálogo reservado de alto nivel. El Silala que siempre fue considerado un río, pasó a plantearse como aguas de manantial, un recurso natural, que, en su nueva condición, se encuentra incorporada en la Constitución Política Plurinacional del 2009 en calidad de “un recurso de todos los bolivianos”.
El tema del Silala en los tiempos de Evo Morales
Durante los catorce años de la administración Morales, la revolución andina amazónica y su modelo económico del socialismo del siglo XXI realizaron reformas estructurales y simbólicas de envergadura. Desde el cambio de nombre del propio país al tema del mar, que de permanente disputa verbal con Chile se consideró tema irrenunciable en el contexto de su política exterior.
Los tres primeros años de la primera administración de Evo Morales y primera de Michelle Bachelet (2009-2011) coinciden con el impulso de la Agenda de los 13 Puntos en el contexto de una diplomacia presidencial. Respecto al Silala, este integró parte de la agenda binacional y se llegó en 2009 a un preacuerdo o Acuerdo Inicial, que estableció: “apoyar el acuerdo preliminar que define el pago de Chile por el 50% de las aguas del Silala mientras duren los estudios técnicos sobre el uso y aprovechamiento de esos recursos hídricos”.
En el Acuerdo, Bolivia introduce por primera vez que el Silala no era un río, sino una sumatoria de afluentes canalizados por Chile. Este cambio de estatus de río a manantiales modificaba el fondo de la legislación internacional a aplicar .Sin embargo, por mucho que se invoque el preacuerdo, el mismo no se concretó en ninguna negociación formal, no por causa de la negativa chilena, sino a la oposición del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que pedía el pago total de la “deuda histórica”.
El año 2009
En febrero de 2009, la nueva Carta Magna reconoció el tema marítimo y de aguas, como un asunto permanente (Art. 267, I y II). Complementariamente al tema marítimo, un segundo articulado, menos conocido, que atañe directamente a los recursos hídricos de frontera; el Artículo 377 establece: “I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado” y el inciso II: “El Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos”.
Al articulado constitucional se añade la Ley Nº 320, 14 de diciembre de 2012, que declara a las “Aguas del Silala”, recurso natural estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, que está ubicado en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.
La ausencia de avances a fines del primer gobierno de Bachelet hizo crisis con la elección de Sebastián Piñera en 2010.
El mismo día que se perdió el mar, se reclama el mar
El 23 de marzo de 2011, fecha clave que conmemora la pérdida del litoral año a año, el entonces presidente Morales anunció la demanda marítima y llevó la disputa a los tribunales internacionales. En las disposiciones previas en la Constitución del nuevo Estado Plurinacional, se ponía fecha de expiración a los tratados internacionales que fuesen “lesivos” a los intereses de Bolivia. Este criterio impulsaba la decisión de una una eventual impugnación del Tratado de 1904 con Chile. En ese plano, no solo se incluye el Silala, también alude a los costos del cumplimiento del Tratado de 1904. Todos temas que remiten al conflicto centenario entre ambas naciones por el mar.
De hecho, a menos de un año del primer gobierno de Piñera, Morales señalaba contrariado que “Atacama antes era Bolivia, esperamos recuperarla pronto” .A las horas, Piñera retrucó, “Atacama es y seguirá siendo chilena, con soberanía chilena, y eso nunca ha estado ni va a estar en las conversaciones con Bolivia”. A partir de ese año, el diálogo entre Bolivia y Chile se interrumpió.
Bolivia completaba su estrategia a nivel internacional en 2012 con una tardía suscripción al Pacto de Bogotá (1948), acto que ponía al país en la senda de discutir todos los pendientes bajo el marco de la solución pacífica de las controversias. Sin dejar pasar tiempo, Morales retoma el tema Silala y judicializa la política exterior y la relación bilateral completa hacia Chile.
Política interna del Estado Plurinacional
El Silala se potenció como un recurso natural de gran importancia geopolítica al adscribirlo a un manejo dependiente del Poder Central. Consecuentemente, el presidente Morales anunció nuevos proyectos: la construcción de una hidroeléctrica, con el propósito de generar electricidad al puesto de avanzada militar y una planta embotelladora. En 2013, Morales inauguró en la zona de la frontera un proyecto piscícola (criadero de truchas) y declara que son aguas pertenecientes al Estado boliviano.
En este clima diplomático, Bolivia preparó la demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una salida soberana al Océano Pacífico. Los siguientes cinco años, la política exterior de Bolivia concentra todo su interés en el tema marítimo, dejando en pausa el tema del Silala, hasta que una declaración de Morales el 23 de febrero de 2014 pone en alerta a Chile: “Si un dictador como Augusto Pinochet propuso una salida, esperamos que un gobierno socialista pueda hacer realidad esta demanda. Quedan pendientes otros asuntos como el Lau-ca, Silala, los daños económicos por el enclaustramiento y que se resuelva el trato degradante que se está aplicando a los exportadores y a los transportistas bolivianos”. El mandatario llegó a declarar que su vecino estaba “robando aguas del departamento de Potosí”.
En este marco, Chile reacciona enérgicamente en junio de 2016 solicitando a la CIJ que se pronuncie sobre si, efectivamente se trata o no de un río internacional -así define Chile- o un manantial-como decía entonces Bolivia- y los derechos de cada país respecto del uso de las aguas.
La resolución en torno al Silala, ¿río o manantial?
La CIJ el 1 de diciembre constató de que “no hay duda de que el Silala es un curso de agua internacional”. Sin embargo, el Tribunal dejó en claro que el Silala tiene su nacimiento en territorio boliviano porque tiene “su origen en manantiales de agua subterránea en los humedales Sur (Orientales) y Norte (Cajones), ubicados en el departamento de Potosí de Bolivia, aproximadamente de 0,5 a 3 kilómetros al noreste del límite común con Chile a una altitud de alrededor de 4.300 metros”.
Además, el CIJ reconoció los derechos de Bolivia al establecer que “en virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario sobre el uso de los cursos de agua internacionales que se aplican al Silala, Bolivia y Chile tienen derecho a una utilización equitativa y razonable de las aguas del Silala”.
Los jueces estimaron que, en buena parte de los puntos en disputa, ambos países tenían acuerdo. “En realidad, no había controversia y, por tanto, no había objeto de juicio. Y esto es fundamentalmente porque Bolivia durante toda la tramitación cambió de posición”, explica Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional en Universidad de Concepción, en Chile.
El abogado internacionalista boliviano Sergio Fernández sostiene que “Existe este curso de agua que fluye de manera natural y seguirá fluyendo y Chile, como país aguas abajo, seguirá recibiendo el flujo de aguas actual”. Desde esa perspectiva, estima que no hubo sorpresa alguna.
Por el contrario, había expectación era en la presunta existencia de un flujo artificial canalizado a comienzos del siglo XX por Chile, postura defendida por Bolivia y rechazada por los jueces. Uno de los puntos que defendía el Estado Plurinacional era el pago de compensaciones por parte de Chile. El Senado boliviano incluso llegó a deslizar una cifra: mil millones de dólares por el uso de agua por más de un siglo. “Había expectativa en Bolivia porque este flujo, si era incrementado artificialmente, daba lugar ya no a un flujo natural que va de un país a otro, sino a un aumento que podía dar espacio a un pago. Era una de las expectativas que había en Potosí. Es una de las novedades que se clarifican con este fallo”, sostiene Fernández que no considera el fallo como derrota para su país dado que en abril había abandonado la posición inicial de que las aguas manantiales habían sido desviadas artificialmente.
Las voces presidenciales
Los presidentes de ambos países declararon en torno al fallo de la CIJ. El andino Luis Arce destacó: “La Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”, escribió en sus redes sociales. Y el chileno, Gabriel Boric, ponderó el dictamen de la Corte de La Haya como “sólido”, “fundamentado” y “categórico” y que el máximo tribunal de las Naciones Unidas reconoció que el río Silala, que nace en Bolivia, es internacional. “Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar!”, reconoció el mandatario chileno en una declaración oficial desde el palacio La Moneda, sede de Gobierno en la ciudad capitalina de Santiago.
AGB