La apertura de un nuevo mercado de hoja de coca en Villa El Carmen, organizada por el dirigente Arnold Alanes, afín al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), contaba incluso con la autorización de Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional. Pero en su marcha en La Paz, los cocaleros del nuevo mercado, en protesta por las movilizaciones a su apertura por parte de la dirigencia del mercado tradicional de Villa Fátima, encontraron a un nuevo protagonista en un conflcto campesino que libra sus batallas en la ciudad sede del gobierno boliviano. En las calles avanzaban contramarchas organizadas por los vecinos del barrio paceño de Miraflores, que reclaman el pronto fin a los conflictos entre los campesinos cocaleros que se han extendido en las últimas cuatro semanas.
La dura represión policial de las manifestaciones ha contribuido a recrudecer en vez de a pacificar movilizaciones y enfrentamientos. No son pocas las miradas que se dirigen al sindicalista cocalero y ex presidente masista Evo Morales Ayma, como sola figura idónea para hallar una solución superadora, que lo colocaría en camino a una nueva y consensuada postulación presidencial.
Dos mercados legales de venta de hoja de coca, y otro en cuestión
En Bolivia la Ley General de la Coca, la ley 906, dictamina la comercialización de la planta y establece de acuerdo a convenios internacionales, dos mercados legales para vender hoja de coca en el país.
Uno, el de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, capital del departamento del mismo nombre, donde opera la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), dirigida por Freddy Machicado. En él venden los cultivadores de la región tropical de Yungas, en el departamento de La Paz, pero a dos horas de la altiplánica ciudad La Paz, situada a 3600 msnm.
El otro, el de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. En el trópico cochabambino, en el Chapare, fueron las primeras victorias, políticas y gremiales de Evo Morales, el cultivador y sindicalista cocalero de familia aymara que llegó ser el último presidente la República y el Estado Plurinacioanal de Bolivia.
La apertura del nuevo mercado provocó las protestas violentas de los indígenas de Yungas, dirigidos por Machicado,
Una marcha y una vigilia
La 'gran marcha nacional' del jueves 25 de agosto encabezada por el presidente Arce, junto con el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales fue a favor del nuevo mercado de Alanes y en contra de los reclamos de los cocaleros de Adepcoca.
Como respuesta, los afiliados de Adepcoca han planificado una vigilia ante el temor de una intervención de su asociación departamental. Han convocado a sus bases de las provincias de Los Yungas, para viajar hasta la ciudad de La Paz, con el objetivo de que se unan a la acción. Su dirigente Freddy Machicado ha dicho que están “abiertos al diálogo”. Argumenta que su protesta se dirige contra el Gobierno, “porque es el que viene haciendo funcionar puestos de venta ilegal, transgrediendo las normas que rigen nuestro Estado”.
Iván Velásquez, de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, sostiene que las connotaciones políticas del conflicto están en primer plano. “Por un lado, están los campesinos afines al MAS que operan en el departamento La Paz, junto con los indígenas del Chapare en el departamento de Cochabamba, afines a Evo Morales. Por otro lado están los Yungas, que por este problema han dado la espalda al MAS y al Gobierno”.
Con la legalización y normalización del mercado paralelo de Villa El Carmen, los cultivadores del movimiento indígena-campesino que operan en el altiplano y en el trópico del departamento de La Paz quedan divididos. Está en juego también el factor económico, porque se dividen también los lugares de venta. Lo cual a su vez trae otra nueva consecuencia política, la de que el poder de Adepcopa ha resultado por ello disminuido.
Por todo ello, el conflicto cocalero podría ser la antesala de la vuelta al poder de Evo Morales. Muy activo entre los cultivadores de coca del Chapare en Cochabamba. Y única figura consensuada y reconocida por su probada idoneidad para dirimir en litigios entre sectores cocaleros enfrentados, y en proponer soluciones satisfactorias para ellos, y finalmente también para la sociedad boliviana.