Veintitrés días después de las elecciones en Brasil, que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva, este martes hubo un nuevo intento de desconocer los resultados, esta vez empujado por el Partido Liberal de Jair Bolsonaro. La demanda del PL se basa, una vez más, en los resultados presentados en septiembre pasado por el Instituto Voto Legal donde la entidad avisaba en un informe que había problemas de seguridad con las urnas electrónicas. La supuesta investigación de ese instituto, que ni siquiera tiene un site auténtico en internet, fue rechazada en su momento por el Tribunal Superior Electoral que juzgó el dossier de “falso, mentiroso, fraudulento y que apunta a tumultuar las elecciones”.
Según el grupo político del presidente brasileño saliente Bolsonaro, a quien le restan apenas 39 días en el poder, mencionó en su presentación “disconformidades irreparables de mal funcionamiento” (sic) de miles de urnas electrónicas. De acuerdo con la manifestación de los liberales, que fue firmada por su titular, el diputado Valdemar Costa Neto, habría 279.300 urnas que presentaban problemas crónicos. La eliminación del conteo de votos correspondientes a éstas, representaría un cambio radical en la perspectiva de los comicios del 30 de octubre último: en ese caso, el actual jefe de Estado obtendría 51,05% de los votos y Lula saldría perdedor con 48,95%. De ser aceptado ese criterio de revisión del Partido Liberal, implicaría anular el voto del 68% de los electores brasileños.
Desde luego, los aliados del actual jefe de Estado revistieron la presentación judicial con una pátina de seriedad. Afirman, por ejemplo, que las urnas invalidadas son aquellas producidas antes del año 2020: “Lo que se pretende es una verificación extraordinaria, para confirmar los indicios del mal funcionamiento presentados en el informe técnico, de modo de comprobar la falta de certeza de los resultados generados por las urnas electrónicas fabricadas previamente al modelo UE2020”.
La solicitud del partido oficialista, ante el Tribunal Electoral tiene un flanco débil: ocurre luego que el sistema electrónico electoral resultara aprobado, entre otros, por el Tribunal de Cuentas de la Unión (organismo oficial), la Orden de Abogados de Brasil y las propias Fuerzas Armadas, además de tres misiones internacionales de observadores. Otro elemento adicional fragiliza la operación que el Partido Liberal acaba de descerrajar: el cuestionamiento se refiere sólo a la segunda vuelta, es decir, no pide revisión de la primera. Y hay una razón para eso: poner en cuestión los resultados del primer turno implicaría el desconocimiento de los resultados que obtuvieron entonces gobernadores, diputados y senadores, elegidos de primera intención el domingo 2 de octubre. De hecho, dejaría desprovisto al PL de los 99 diputados que consiguió colocar en el Congreso nacional.
Con la perspicacia que lo ha caracterizado durante toda la etapa electoral de 2022, el juez Alexandre de Moraes, titular del TSE y miembro de la Corte Suprema, señaló: “Las urnas electrónicas que son apuntadas en el pedido, también fueron utilizadas en la primera vuelta. De modo que, so pena de rechazar la demanda, los autores deben adicionar al pedido inicial que abarque los dos turnos electorales (del 2 y del 30 de octubre”. En la resolución Moraes les dio un plazo de tan solo 24 horas para que introduzcan ese cambio. Con esa estrategia, el magistrado coloca a la cúpula del Partido Liberal en un callejón sin salida.
Este engendro de petición fue anunciado en una conferencia de prensa en Brasilia, la tarde de este martes, por Costa Neto. Y dio lugar a nuevos incidentes provocados por los bolsonaristas, que se agolparon en las puertas de las oficinas del político donde se encontraban los periodista. Como es habitual, insultaron a los medios e inclusive llegaron a la agresión física contra profesionales.
Según los analistas brasileños, la acción del PL que se asemeja a la de un putch político, tiene escasas chances de prosperar. Todo indica que la Corte Electoral archivará el caso inmediatamente para impedir su “uso Indebido” por parte del gobierno de Bolsonaro.