El jefe del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, insistió esta tarde ante el Tribunal Superior Electoral que su partido quiere la revisión de los resultados de la segunda vuelta, que el domingo 30 de octubre le dio el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva. Para el titular del PL, tal como dijo en posterior conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros, la apuesta es a la anulación de los votos computados en 280.000 urnas electrónicas, fabricadas con anterioridad al año 2020. Afirmó también que a partir de esta inversión, Jair Bolsonaro pasaría a detentar 51% de los votos válidos y Lula da Silva, a su vez, sería el derrotado de turno con 49%.
En síntesis, si la justicia electoral aceptara semejante pedido, sería reelecto el mandatario actual. Durante el mitin con la prensa, Costa Neto dijo que los defectos de las urnas fueron “finalmente hallados” después de ocurridos los comicios, a pesar que todos los partidos políticos tuvieron muchos meses previos para realizar los chequeos. Inclusive, las Fuerzas Armadas brasileñas, a instancias del jefe de Estado, debieron encargarse de probar ellas mismas la eventual existencia de problemas. No obstante, en su informe final dijeron que no se había registrado ningún tipo de anormalidad.
Otro dato significativo es que, con semejante procedimiento defendido por el PL en su presentación judicial, quedarían simplemente anuladas las opciones presidenciales de 45% de los brasileños que participaron de la segunda vuelta. El magistrado Alexandre de Moraes, titular de la Corte Electoral, les había exigido a los liberales que llevaran a su despacho un informe adicional sobre lo acontecido en la primera vuelta. Pero Costa Neto, en comunión con Bolsonaro, sostuvo hoy que la solicitud no procedía por tener “terribles consecuencias”. En sus palabras, habría de provocar “un grave tumulto procesual”. Es que a juicio de los liberales bolsonaristas, “extender la verificación extraordinaria también para el primer turno traería como efecto la propia inviabilidad de la medida pretendida para la segunda vuelta”. En síntesis, la demanda sería válida para los candidatos a la presidencia, pero no para el resto de autoridades electas en el primer turno: gobernadores, diputados y senadores.
Este miércoles trascendió que el actual mandatario intervino directamente en la redacción y lanzamiento de la presentación ante la justicia electoral. El martes de la semana pasada se reunió con Costa Neto, con el abogado Marcelo Bessa y con el ingeniero Carlos Rocha, en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en Brasilia. El asesoramiento del especialista le costó al PL nada menos que 350.000 dólares, según dijo el diputado Eduardo Bolsonaro (hijo presidencial), pero aclaró que fueron pagos con dinero privado. Curiosamente, la cúpula del Partido Liberal había dicho en agosto que ya en ese momento contaba con el informe técnico realizado por Rocha, pero que la decisión tomada en aquella oportunidad fue aguardar hasta diciembre para divulgarla. Como es obvio, no habrían de hacerla pública en caso de un triunfo de Bolsonaro.
Fue Jair Messias quien determino la fecha en que debía efectivizarse la presentación de la demanda, además de establecer los pasos a seguir por el trío. Fuentes consultadas por el sitio UOL, del grupo Folha de Sao Paulo, dijeron que el lunes 15 de noviembre –feriado nacional por la proclamación de la República brasileña—el jefe de Estado convocó a Valdemar Costa y le dijo que apresurase los trámites para dejar a punto la demanda judicial. Y este martes por la mañana, Bolsonaro convoco a los tres asesores para ejecutar la presentación. Allí se encontraba, además, el publicista político Duda Lima.
Bessa aconsejó poner, en el escrito, que “las inconsistencias (verificadas en las urnas) no permiten garantizar que el resultado electoral coincidiera con la real voluntad de los electores”.
“¿Cuál es el alcance real de esta maniobra?” indagó este medio a un importante miembro del Partido de los Trabajadores. En su visión “no irá muy lejos, terminará en breve”; pero el problema que observan en la dirección petista remite a las turbulencias políticas creadas por toda la situación que dificultará en forma significativa el proceso de transición comandado por el vice electo Geraldo Alckmin.
Para el actual vicepresidente, Hamilton Mourao, la acción “no será bienvenida. Pero hay una franja de la sociedad que entiende que hubo problemas en el proceso electoral”. Dio a entender que podrán extenderse en el tiempo, y. tal vez crecer en intensidad, los piquetes realizados por los camioneros bolsonaristas.