Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que consagró el aborto como un derecho constitucional en todo el país, el alto tribunal ha revocado la histórica decisión Roe v. Wade (1973) y Casey v. Planned Parenthood (1992) con cinco votos a favor, tres de ellos por jueces nombrados por Donald Trump.
“Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, señala el fallo. “[La sentencia] Roe era escandalosamente incorrecta y contraria con la Constitución desde el día que se decidió”, añade.
Cuál es el argumento del Supremo
“Consideramos que [las sentencias] Roe y Casey deben ser anuladas. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y tal derecho no está protegido implícitamente en ninguna provisión constitucional”, señala la sentencia, redactada por el juez Samuel Alito. Las sentencias de los casos de Roe y Casey sostenían, por el contrario, que el aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad. “Esta provisión se ha utilizado para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero estos deben estar ‘profundamente arraigados en la historia y tradición de la nación e ‘implícitos en el concepto de libertad ordenada'”, señala el juez citando otra sentencia anterior del tribunal.
“El derecho al aborto no cae en esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era totalmente desconocido para la legislación estadounidense. De hecho, cuando se aprobó la enmienda número 14 de la Constitución, tres cuartas partes de los estados consideraban el aborto como un crimen en todas las fases del embarazo”, añade.
Algunos consideran que esta visión podría poner en peligro otros derechos que no están escritos explícitamente en la Constitución y que se basan también en la libertad de la vida privada, como por ejemplo los diferentes derechos de las parejas homosexuales y el uso de anticonceptivos, entre otros, ya que en el momento de su aprobación no estaban “arraigados” en la historia del país. Sin embargo, la sentencia lo niega: “Esta decisión afecta al derecho constitucional al aborto y a nada más. Nada en esta opinión debe entenderse como una forma de poner en duda precedentes que no se refieren al aborto”.
“[La sentencia] Roe estaba claramente mal desde su inicio. Su razonamiento era excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas. Lejos de traer un acuerdo nacional sobre el aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y aumentado la división”, añade la sentencia.
Qué decía Roe v. Wade
No hay ninguna ley en EEUU que legalice el aborto a nivel federal: lo que existían son dos sentencias fundamentales del Tribunal Supremo, Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992), que han vetado hasta ahora prohibir el aborto en todo el país hasta la viabilidad del feto, es decir, cuando puede vivir fuera del útero, lo que, según el Supremo, está entre 23 y 24 semanas.
Norma McCorvey, conocida por el pseudónimo Jane Roe, denunció a su fiscal de distrito, Henry Wade, porque quería abortar, pero la ley de Texas no se lo permitía. El juzgado le dio la razón, pero Texas recurrió al Supremo, que por una decisión de siete a dos, consideró que el aborto era una derecho. Entonces, cinco jueces nombrados por presidentes republicanos y dos nombrados por demócratas apoyaron la decisión.
El derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”, decía la sentencia de 1973.
¿Ahora qué?
Ahora cada estado será libre de regular libremente el aborto y el Guttmacher Institute, especializado en este tema, calcula que hasta 26 estados, la mitad del país, podrían prohibir el aborto muy pronto.
13 estados ya tienen leyes aprobadas que prohíben el aborto y que señalan que entrarán en vigor una vez derogada Roe v. Wade. Louisiana, por ejemplo, señala que su prohibición entra en vigor de forma inmediata tras la revocación del Supremo. Idaho, sin embargo, establece un periodo de 30 días desde la sentencia hasta la entrada en vigor.
Otros nueve estados tienen leyes aprobadas desde antes de Roe v. Wade que prohíben el aborto y que habían quedado anuladas por la sentencia del Supremo. Doce estados tienen leyes aprobadas que prohíben la interrupción del embarazo a partir del segundo mes o antes. Incluso hay cuatro estados que prohíben el derecho al aborto en su constitución. Muchas de estas leyes nunca han entrado en vigor gracias a la sentencia del Supremo, otras han sido recurridas en los tribunales y los expertos auguran un periodo de caos hasta que los estados implementen definitivamente sus prohibiciones.
Minutos después de hacerse pública la sentencia, el fiscal general de Missouri presumió de que el estado se convertía en el primero en prohibir de forma efectiva el aborto. Exactamente lo mismo ha hecho la fiscal general de Louisiana.
En los dos últimos años, numerosos estados han intentado bloquear el acceso al aborto. Solo en 2022, Florida, Arizona y Kentucky han aprobado leyes prohibiendo la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas. El gobernador de Idaho aprobó en marzo una ley que ha sido temporalmente bloqueada por el Tribunal Supremo del estado en el que se veta el aborto a partir de la sexta semana excepto en caso de violación, incesto, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre. El gobernador de Oklahoma, por su parte, firmó otra ley que directamente prohíbe el aborto a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada y no contempla excepciones en caso de violación ni incesto. En Wyoming existe otra ley similar.
En 2021, Arkansas aprobó una ley que actualmente está bloqueada y que solo permite el aborto en casos en el que la vida de la persona embarazada esté gravemente en peligro. Texas también aprobó el año pasado una prohibición total si el Tribunal Supremo anula Roe v. Wade. Carolina del Sur aprobó otra legislación vetando la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del feto. Otros estados han aprobado leyes similares o normar cuyo objetivo en la práctica es bloquear el acceso al aborto sin tener que prohibirlo explícitamente.
Votos particulares contrarios
Otros tres jueces han emitido un voto particular expresando su desacuerdo con la decisión adoptada por sus otros cinco colegas y las consecuencias que tendrá esta sentencia sobre las mujeres estadounidenses. “Ayer, la Constitución garantizaba que una mujer que se enfrentase a un embarazo no planeado podía (dentro de unos límites razonables) tomar su propia decisión sobre si tener un hijo. Salvaguardando la libertad reproductiva de cada mujer, la Constitución también protegía su capacidad de participar con igualdad en la vida social y económica. Pero ya no. Desde hoy este tribunal defiende que un estado puede forzar siempre a una mujer a dar a luz, prohibiendo incluso los abortos más tempranos”.
“Con dolor –por este Tribunal, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental– disentimos”, señalan los tres jueces –Breyer, Sotomayot y Kagan– en su voto particular.
Además, dudan del argumento que defienden en la sentencia los cinco jueces conservadores para intentar afirmar que su decisión no afectará a otros derechos. “La única justificación para lo que la mayoría hace hoy es que el derecho a abortar no está 'profundamente arraigado en la historia'”, afirman. “La mayoría podría escribir una opinión igual de larga, por ejemplo, mostrando que hasta mediados del siglo XII 'no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional a obtener anticonceptivos'”
“Así que una de dos cosas debe ser cierta. O bien la mayoría no cree realmente en su propio razonamiento. O si lo hace, todos los derechos que no tienen historia desde mediados del siglo XIX no están garantizados. O bien el fundamento de la opinión de la mayoría es hipocresía u otros derechos constitucionales están amenazados. Es una cosa o la otra”.
Misisipi, el origen del conflicto
La sentencia del Supremo es la respuesta a un recurso presentado por el estado de Misisipi después de que varios tribunales rechazasen leyes que, en la práctica, suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, que se puede dar entre las seis y 12 primeras semanas.
“Me he comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de EEUU para un niño no nacido y esta ley nos ayudará a lograr este objetivo”, declaró el gobernador del estado, Phil Bryant, durante la firma de la ley de las 15 semanas, la más dura de todo el país. “Probablemente nos demandarán en media hora, pero no me importa”, bromeó.
Y tenía razón. La última clínica abortista de Misisipi, también conocida como la Casa Rosa, demandó y, cuatro años después, llegó a manos del Supremo. El desenlace ya lo conocemos: Misisipi ha ganado.
JBA