Daniel Noboa: un año de gobierno y 365 días de conflicto con la vice Verónica Abad

Al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa, su promesa de solucionar las crisis más urgentes de los ecuatorianos, en cambio, no se ha cumplido.La tensión política se ha agudizado por la escalada del crimen organizado contra el que declaró el “conflicto armado interno”, la crisis económica agravada por las impopulares medidas adoptadas, la crisis externa  abierta con México después del asalto a su embajada; crisis interna con el enfrentamiento con  su vicepresidenta Verónica Abad y la crisis energética con apagones de hasta  14 horas. La oposición habla que no se trata sólo de un ‘apagón eléctrico’ sino de ‘apagón democrático’.

Hijo del empresario bananero Álvaro Noboa, hombre más rico del país que dolarizó y cinco veces candidato sin éxito a la presidencia, Daniel Noboa ganó como candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) a la correísta Luisa González en la segunda vuelta electoral del 20 de junio 2023. Eran elecciones anticipadas, después de que el ex presidente Guillermo Lasso, también multimillonario, ex banquero, de derecha conservadora en cuestiones sociales y liberal en economía, para evitar el juicio político decretara la “muerte cruzada” a fin de evitar un juicio político. Lasso disolvió el Congreso y adelantó las elecciones en el marco de una crisis de seguridad y un avance del crimen organizado como nunca Ecuador vivió en su historia.

El empresario millonario Noboa, liberal anti tradicionalista,  asumió a los 36 años sin experiencia de gestión política previa el 23 de noviembre de 2023, el año donde la violencia llegó a su clímax con el asesinato del postulante presidencial Fernando Villavicencio, uno de los candidatos que con mayor franqueza denunció los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales.

Noboa  llegó al Palacio Candorelet, la sede del gobierno nacional en la ciudad capital de Quito, sin plan de seguridad ni cuadros para implementarlo. Aún con este déficit, el flamante presidente instrumentó dos vías para campear la difícil situación del país.

La primera armó una coalición legislativa antes de su asunción  con el Partido Social Cristiano (PSC)  de derecha y de orientación neoliberal y Revolución Ciudadana (RC), de izquierda liderado por ex presidente Rafael Correa a cambio de ceder el control de la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país andino.  Un pacto inicial que le permitió aprobación de leyes pero que mostró en el tiempo un imparable deterioro. Los últimos proyectos legales, que fueron motivo de rispidez entre el Ejecutivo y el Legislativo, recibieron vetos parciales por inconstitucionalidad. Además, las relaciones entre la Asamblea y la Presidencia se tensaron aún más por un segundo veto inconstitucional a la Ley que prevé una nueva conformación del Directorio Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Previsión Social (IESS)

La segunda estuvo centrada en la lucha contra el narcotráfico. Si bien el operativo Metástasis  encabezado por la Fiscal General de Estado Diana Salazar detuvo 30 personas acusadas de integrar la red de crimen organizado y narcotráfico (entre los detenidos, el juez presidente del Consejo de la Judicatura, un general de la Policía Nacional y el jefe de Antinarcóticos), la sonada fuga de Alias Fito, el delincuente vivo más nombrado de Ecuador, líder de Los Choneros, vinculados a las masacres carcelarias que desde 2020 se suceden en Ecuador, puso nuevamente al Gobierno en vilo.

Los DDHH en caída libre

Ante los hechos, Daniel Noboa sólo encontró la opción de decretar el 8 de enero el estado de excepción en todo el territorio nacional. La respuesta fue inmediata: esa misma noche autos incendiados en vía pública, secuestros de guías penitenciarios, fuego dentro y fuera de las cárceles, fuga de detenidos. El martes 9 de enero, TC Television durante el noticiero del mediodía sufrió un asalto criminal que se transmitió en vivo y en directo con el equipo periodístico a merced de delicuentes armados; las imágenes de este hecho se viralizaron. En la tarde el mimo día, se decretó por parte del gobierno por primera vez en la historia de Ecuador “conflicto armado interno” y “objetivo militar” a los 22 grupos criminales.

La  medida encuadra con  la estrategia del Pentágono a partir de la propuesta de Plan Ecuador del ex presidente Lasso a la Casa Blanca, en junio de 2022. En diciembre de 2022 resultado en el acuerdo de inversión de más de 3.100.  millones de dólares en el fortalecimiento de las FFAA ecuatorianas se instaló en país un Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa. En  octubre 2023, se firmó el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas  que refiere al personal de defensa y sus contratistas extranjeros en suelo ecuatoriano. El 22 de enero llegó a Quito  una delegación de EEUU para coordinar la implementación del Acuerdo.

La declaración de “conflicto armado interno”, que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, dispone que las FFAA asuman el control del Estado, subordinan a la Policía y cierran el paso a cuestionamientos sobre sus miembros por presenta vinculación con el crimen organizado. Favorece a las elites económicas y a la derecha neoliberal para liberar de manera total la economía con una progresiva militarización de la sociedad.

Con todo, la militarización ha mostrado su relativa y peligrosa eficacia: 16 masacres carcelarias, la última el 12 de noviembre, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande Ecuador ubicada en Guayaquil, se produjo una nueva masacre, directores fallecidos, 15 presos muertos y 14 heridos en ámbitos donde se registran 200 denuncias por violaciones de los DDHH, cuyos defensores son considerados ‘antipatrias’ : por ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra varones y mujeres trans en las cárceles, detención de ciudadanxs inocentes..

Si bien entre enero y septiembre 2024 hubo una disminución en las cifras de crímenes violentos, los secuestros, robos y extorsiones se dispararon. 

Precarización de la vida cotidiana

El primer año de presidencia de Daniel Noboa estuvo marcado por la implementación de dos medidas económicas poco populares que otros gobiernos intentaron y no pudieron concretar, y que le han permitido a su administración tener más recursos disponibles. La primera fue el incremento de tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó de 12% a 15% desde el 1 de abril de 2024. Y un par de meses después, la segunda, la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas de bajo octanaje (Extra y Ecopaís), con la implementación de un sistema de bandas de precios que varía cada mes desde el 12 de julio de 2024.

Sin embargo, aunque esas medidas y otros incrementos de impuestos en este año han permitido al gobierno de Noboa tener más recursos disponibles, la economía ecuatoriana sigue con síntomas de estancamiento y lo más probable es que 2024 cierre como un año de decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). No hay mejoras en la vida cotidiana: la canasta familiar de 782 subió a 812 dólares No hay mejoras en personal de policía ni en el desempleo que Noboa en su discurso inaugural prometió solucionar y al término de este primer año de gobierno se incrementó en otras causas debido a los cortes de luz.

A partir de marzo de 2024, los cortes de luz sin previo aviso tomaron por sorpresa a la ciudadanía de Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa, que ese momento realizaba la campaña para su consulta popular relacionada con la seguridad, no reconoció la crisis; llamó "desconexiones de emergencia" a los apagones.

Un país sumido en la oscuridad

Solucionar la crisis eléctrica en nueve meses con una inversión de USD 300 millones en transmisión eléctrica fue una de las promesas de campaña del actual presidente. Promesa fallida. A partir de marzo de 2024, los cortes de luz sin previo aviso tomaron por sorpresa a la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno, que ese momento realizaba la campaña para su consulta popular relacionada con la seguridad , no reconoció la crisis;  llamó “desconexiones de emergencia” a los apagones y anunció que desde el 12 de abril que no habría cortes de luz programados. Apenas cuatro días después, con el embalse de Mazar en niveles críticos, tuvo que publicar los cronogramas de los cortes programados que durarían hasta mayo. 

Los meses de octubre y noviembre de 2024 han sido los peores meses para Ecuador, en medio de una severa sequía que no se había visto en 61 años y cortes de luz de hasta 14 horas. Ante la evidencia de la crisis, el Gobierno dijo que se había vaciado el embalse de Mazar a propósito en solo 12 días, lo que técnicamente no es posible. Incluso, puso una denuncia por paralización de servicio público en contra de su entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien sostuvo que advirtió con tiempo la crisis, y otros 21 funcionarios.

La licitación de emergencia por parte del gobierno no sólo fue insuficiente para cubrir la cantidad necesaria de megavatios sino que también se han anunciado demoras. Se espera que parte de la energía pendiente empiece a operar a finales de diciembre, pero no hay certeza de las fechas.  Con todo, La crisis  recrudeció en septiembre de 2024, con cortes de luz más prolongados, que sólo  pudieron ser reducidos a ocho horas al día, tras el reinicio de la venta de electricidad de Colombia por una mejora en la situación de sus embalses.

Octubre y noviembre fueron los peores meses con restricciones en el suministro de hasta 14 horas. Expertos eléctricos han mencionado que habría sido mejor empezar con los racionamientos desde septiembre con dos o cuatro horas, para evitar cortes prolongados en los siguientes meses. La preservación o fortalecimiento de los embalses tampoco ha sido posible, y eso no se debe solo a la falta de lluvias.

El jueves 27 de noviembre, las nuevas protestas en  doce provincias del país, incluida Quito, organizadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, y se centraron en reclamos relacionados con la crisis energética, los “despidos intempestivos”, la “persecución sindical” y el aumento de la inseguridad.

Crisis políticas internacionales, irrupción en la embajada de México en Quito

Las decisiones del gobierno en materia de relaciones exteriores han generado conflictos con otros Estados. En apenas un año, el gobierno del ‘nuevo Ecuador’ suma episodios que han puesto en jaque relaciones bilaterales.  

En rápida sumatoria: la ruptura de relaciones con México y la condena de la comunidad internacional por el asalto a su Embajada en Quito para arrestar el ex vice presidente Jorge Glass: el ‘castigo’ a las exportaciones ecuatorianas a Rusia, después del intento de venderle ‘chatarra’ soviética a EEUU; las desatinadas declaraciones sobre los presidentes Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (San Salvador), Gustavo Petro (Colombia).

La inédita inasistencia de mandatarios continentales a la primera Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Quito una semana antes de lo previsto por la crisis energética y de seguridad, reflejó la soledad internacional del gobierno de Noboa.

El 10 de noviembre, la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad fue apartada del gobierno por 150 días, sancionada por el presidente Noboa, sin goce de remuneración, “por abandono injustificado del cargo”: una figura jurídica no aplicable en su caso porque fue elegida por voto popular.

Desafíos políticos, conflictos internos y oposición creciente

El 10 de noviembre, la  vicepresidenta Verónica Abad fue apartada del gobierno por 150 días sancionada sin goce de remuneración “por abandono injustificado del cargo” una figura jurídica no aplicable en su caso porque fue elegida por voto popular. Según el Ministerio de Trabajo debería haber cumplido la orden de trasladarse el 1° de septiembre desde Israel -donde se desempeñaba como “embajadora de paz” designada por el presidente- hacia Turquía debido al conflicto bélico que afronta el primer país. Abad llegó a la ciudad de Ankara, capital de Turquía- ocho días más tarde.  La justificación de Abad se sostuvo en que su traslado a  Turquía no fue “debidamente preparado” y que se cometieron atropellos porque el gobierno planteó “que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía”.  Afirmó, además, que se busca su destitución para “evitar la sucesión presidencial”.

El presidente Noboa aspira de manera irrenunciable a un nuevo mandato del 2025-2029 y para la campaña de las próximas elecciones presidenciales deberá solicitar una licencia.  De acuerdo con la Constitución, Abad debía asumir la presidencia, pero con la última sanción impuesta se frena la sucesión. Por esta y otras acciones, Abad denunció al presidente Noboa y tres funcionarios del gobierno, incluida la canciller, Gabriela Sommerfeld, por supuestamente cometer ocho actos de violencia política de género en su contra. La violencia política de género es considerada una falta electoral “muy grave” en la legislación ecuatoriana y se sanciona con multa, destitución y/o suspensión de los derechos de participación política por hasta cuatro años.

Abad, en lo que ella misma llamó ‘acto de rebeldía’ ante la decisión del gobierno, regresó por recursos propios el miércoles 20 de noviembre a Ecuador. Aunque no tiene impedimentos legales ni de otro tipo para retornar al territorio, denunció que se encuentra en total indefensión. “La ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo”, resaltó Abad a su llegada a la capital y pidió al presidente ecuatoriano que recapacite.

La sanción a la vice y el posterior nombramiento de Sariha Moya para el cargo de vicepresidenta promovió el debate político. La Asamblea Nacional ha condenado la suspensión y ha solicitado a la Corte Constitucional que intervenga, alegando que se trata de un ataque al equilibrio de poderes.  

Las crecientes críticas a la administración de Noboa y la posibilidad de que Verónica Abad decida postularse como candidata presidencial suma un nuevo elemento de incertidumbre en el país que en tiempos de Rafael Correa, era uno de las naciones más tranquilas de América. Después de la acumulación de droga en la pandemia, el ingreso de mafias europeas en una economía abierta y la libertad de moneda, hoy Ecuador es como México en los 90s: el lugar más peligroso de los Andes.

AGB