Blanco y heterosexual. Así parece que hay que ser para encajar en el modelo de sociedad que propone el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se está erigiendo como adalid institucional del neoconservadurismo estadounidense. Desde su atalaya estatal, se ha dedicado a aprobar una serie de leyes que atentan directamente contra los derechos de las minorías o, como a él le gusta llamarlo, contra el pensamiento woke. En una medida parecida al pin parental defendido por Vox, DeSantis ha llevado su cruzada a las aulas, donde está bloqueando el acceso de niños y adolescentes a los libros que aborden la orientación sexual, la identidad de género o la teoría crítica racial.
Los libros son un peligro para el pensamiento ultraconservador: ante ese temor, el Congreso de Florida aprobó en marzo del año pasado la ley HB 1467, cuyo objetivo era “proteger el derecho de los padres” de controlar el material al que se expone a sus hijos en las escuelas. Esta ley incluía a los padres en el proceso de selección de libros escolares y prohibía específicamente los materiales que contuvieran “pornografía y materiales perjudiciales para los menores”, y que no fueran “apropiados para el grupo de edad”.
En la práctica, este texto ambiguo, complementado por otras dos polémicas leyes bautizadas por sus detractores como “No digas gay” y “Paremos lo woke”, ha servido para atacar a los contenidos LGTBI y antirracistas.
La primera ley limitaba a los maestros abordar la identidad de género y la orientación sexual hasta el tercer grado (8-9 años), mientras que la segunda impedía a las instituciones educativas enseñar cualquier cosa que pudiera causar en alguien “sentimiento de culpa, angustia o cualquier forma de malestar psicológico” debido a su raza, color de piel, sexo u origen nacional. Sin embargo, finalmente un juez federal anuló gran parte del proyecto de ley, calificándolo de “totalmente distópico”.
Aulas sin libros
Sí se ha mantenido en pie la normativa que ataca a los libros (HB 1467), que entró en vigor en julio del 2022 y fue reformada en diciembre, cuando el Departamento de Educación de Florida (DOE) extendió su aplicación a las bibliotecas de las aulas de instituto. Desde ese momento, todos los materiales escolares deben ser autorizados previamente por un “especialista”. En caso contrario, los maestros que incumplan la ley podrían enfrentarse a multas de hasta 5.000 dólares o incluso a penas de cárcel de hasta cinco años.
Ante tal temor, las aulas se han vaciado de libros, dejando una imagen desoladora, que algunos profesores se han atrevido a mostrar a través de sus redes sociales. Es decir, la autocensura se ha apoderado de los maestros, que ya de por sí están sufriendo una importante reprimenda. A pesar de que la ley se aplica de manera distinta en cada uno de los 67 distritos escolares del estado, lo que complica el seguimiento, la ONG Florida Freedom to Read Project calcula que hasta el mes de septiembre fueron objetados más de 900 títulos, de los cuales más de 400 habían sido retirados temporalmente de las bibliotecas y 65 sufrieron una censura definitiva.
La organización actualizó a principios de febrero la cifra de solicitudes de retirada en el Estado, que ya asciende a 1.858 títulos. Entre ellos, se encuentran las biografías de Sonia Sotomayor, la primera hispana en convertirse en jueza del Tribunal Supremo, o las de dos iconos latinos y negros, como la cantante cubana Celia Cruz o el jugador de béisbol puertorriqueño Roberto Clemente. Además, la asociación denuncia la retirada de títulos referentes a la activista Rosa Parks o al Dalai Lama.
El profesor sustituto del instituto Mandarin de Jacksonville, Florida, denunció en un tuit a finales de enero que “retiraron todos y cada uno de los libros” de las aulas sus niños. Ante la incredulidad percibida en los comentarios, el día siguiente citó el tuit con un vídeo en el que se veían varios estantes vacíos. En una conferencia de prensa, DeSantis se refirió al video viral como una prueba más de la “falsa narrativa” que supuestamente estaría fabricando el progresismo estadounidense, alertando contra el modelo de censura del gobernador de Florida. Finalmente, ante la presión recibida, esta semana el profesor que colgó el vídeo ha sido despedido por la escuela.
“Ese video es una narrativa falsa, no es cierto”, dijo el gobernador. Según su versión, la escuela “ni siquiera había sacado los libros en un principio. Estas narrativas están tratando de mostrarnos como si de alguna manera no quisiéramos libros”. DeSantis agregó que lo único que ha prohibido su administración es “que un adulto proporcione a un niño contenido pornográfico en la escuela”. De este modo, tachó al vídeo, y al conjunto de las críticas que ha recibido su administración en el último año, como “políticamente motivadas”.
Sin embargo, acto seguido añadió que “los padres están preocupados porque los niños tienen en sexto grado (11-12 años) la habilidad de acceder a un libro que tiene actos pornográficos, y eso está ocurriendo alrededor del país. Sólo hace falta leer libros de género y queer para ver que lo que hay ahí es inapropiado. Así que hemos dado a los padres la habilidad de objetar contra ello y asegurarse de que están teniendo educación y no adoctrinamiento”.
El general anti-woke
La fama de Ron DeSantis se alimenta a base de este tipo de polémicas, que no solo se limitan a las escuelas de instituto. A finales de enero, saltó a la escena nacional la controversia producida por un curso de estudios afroamericanos, conocido como AP (Advanced Placement), que se imparte en universidades y algunos institutos. La restrictiva legislación de Florida obligó a que se eliminaran algunas partes de su currículum que incluían referencias a la teoría queer o a la interseccionalidad de las opresiones de género, clase o raza. Este hecho ha llevado a una treintena de organizaciones de derechos humanos a pedir la dimisión del presidente de la College Board (entidad organizadora el curso), que tomó la decisión de adaptar el currículum para poder seguir ofreciéndolo en Florida.
Otra de las grandes polémicas del gobernador tiene que ver con la prohibición de que las personas trans puedan participar en eventos deportivos de sus institutos y universidades. Además, más recientemente pidió en una encuesta dirigida a 12 universidades estatales que proporcionasen el número y las edades de todos los estudiantes que habían sido diagnosticados con disforia de género y habían buscado tratamiento, lo que incluye la cirugía de reasignación de sexo o las recetas de hormonas. Sin más explicación, la administración de DeSantis alegó que se trata de “gobernar los recursos institucionales y proteger el interés público”.
Este ingenioso político se está labrando una imagen de intransigente ante el progresismo, que le coloca en una posición privilegiada, no solo en la escena estatal, sino en la federal. De hecho, a pesar de que no lo ha anunciado oficialmente, suena como el nombre mejor posicionado para disputar a Donald Trump -su padre político- el liderazgo del Partido Republicano de cara a las primarias presidenciales del año que viene.
Tras las elecciones de mitad de mandato celebradas en noviembre, en las que los republicanos obtuvieron peores resultados de los esperados y DeSantis logró ampliar su mayoría para ser reelegido gobernador, reafirmó sus convicciones políticas: “Luchamos contra los woke en la legislatura. Luchamos contra los woke en las escuelas. Luchamos contra los woke en las empresas. Nunca jamás nos rendiremos ante la chusma woke. Florida será la tumba de lo woke”.