El 26 de junio fue un día como son todos los que vive Bolivia desde 2006, sólo que un poco más. En el curso de unas horas vespertinas, el comandante en jefe del Ejército boliviano, general Juan José Zúñiga, al frente de tropas y divisiones blindadas, avanzó por las calles céntricas de La Paz, derribó él mismo a bordo de una tanqueta una puerta del Palacio de Gobierno, exigió un nuevo Gabinete con un nuevo ministro de Defensa (que confirmaría al general en un cargo que éste veía amenazado), confrontó cara a cara al presidente Luis Arce Catacora que le ordenó retirarse, añadió a sus demandas la liberación de “presos políticos” (la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, el ex gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y diversos altos mandos militares condenados por su participación en los hechos golpistas de 2019), oyó los repudios de movimientos sociales, sindicatos, ex presidentes nacionales (Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Evo Morales) y presidentes y organismos internacionales (Lula, OEA) contra su levantamiento, un nuevo comandante fue designado para sustituirlo y lo sustituyó solemnemente en su cargo, su aprensión fue ordenada por la Fiscalía acusado de sedición, a las cinco de la tarde abandonó el centro paceño y se recluyó en el cuartel mayor del Ejército en el barrio de Miraflores, donde después se entregó pacíficamente a la policía declarando que todo se había tratado de la escenificación de un autogolpe, coordinada desde el domingo con un oficialismo dramáticamente ansioso de popularidad.
Sucesos bolivianos
Entre las causas inmediatas de los sucesos del día miércoles se encuentra el razonable temor a ser sustituido en su cargo que se había adueñado del general Juan José Zúñiga, comandante en jefe del Ejército, desde que sus declaraciones en un programa de tv causaron un pequeño escándalo. Decía que Evo Morales ya no podía ser nunca más candidato presidencial y que si se postulaba, las FFAA lo detendrían.
Este acto no desprovisto de obsecuencia hacia la Presidencia en ejercicio y su titular no fue bien recibido por nadie y comenzó a circular la noticia de su posible destitución. De lo que nadie parece dudar al final de la jornada del miércoles, donde cada hora resulta más rica en dudas que la anterior, es de que un objetivo de mínima del general que irrumpió con sus tanques en Plaza Murillo (equivalente paceño de la porteña Plaza de Mayo) era consolidar su posición y liderazgo al frente del Ejército.
A cada día no le basta su afán
Todos los días a todos los presidentes bolivianos los más diversos sectores, y no de a uno por vez, les piden que preserven sus privilegios establecidos o los mejoren, a expensas del resto del país. O le piden la cabeza de diversos integrantes del Gobierno o del Gabinete, contrarios a sus intereses. Esta es una de los característicos motivos de la inestabilidad tradicional del Ejecutivo. Y uno de los motivos mayores de la estabilidad de Evo Morales en la presidencia: único presidente en durar más de una década en el cargo después del mariscal Andrés de Santa Cruz en el siglo XIX. El MAS reveló una idoneidad única hasta ahora en Bolivia para mediar en última instancia entre reclamos irreconciliables de distintos grupos, partidos, corporaciones, regiones.
Si la demanda militar del miércoles lucía como una intentona de golpe de Estado del general Zúñiga, lo era porque las FFAA disponen de medios que sólo ellas poseen para hacer presión en sus demandas. Son frecuentes los reclamos de la Policía, que se autoacuartela, como ayer también el Ejército, en reclamo de mejoras salariales, mejoras laborales, y régimen previsional privilegiado. Todo esto ha obtenido. Sin el oportuno acuartelamiento de las Fuerzas de Seguridad posterior a elecciones presidenciales de octubre de 2019, no se habría desencadenado la desbridada violencia que forzó en noviembre la dimisión del Ejecutivo de Morales y Álvaro García Linera.
No todo es complicado, pero todo se complica
La causa mediata, pero cercana, por omnipresente, de los hechos del miércoles, está en la guerra política sin tregua que libran el presidente Luis Arce Catacora y el ex presidente Juan Evo Morales por la sucesión en el poder. Empezó en el interior del gobernante Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) como una lucha por encabezar la fórmula para las elecciones de 2025, año del Bicentenario de la Independencia de Bolivia. Tanto Evo como Lucho aspiran a iniciar un nuevo mandato propio en ese año preñado de simbolismos. Sería el cuarto período de su biografía política para el ex sindicalista cocalero y primer indígena electo presidente boliviano y el segundo para su ex director del Banco Central y ex Ministro de Economía.
La Administración pública y quienes revistan en y para ella están a favor de un segundo mandato de Lucho. En líneas muy generales, Evo retiene el sostén de muchos de los movimientos sociales y del voto rural (apoyos clave desde las primeras elecciones presidenciales que ganó en 2005). A diferencia de la Policía, las FFAA le fueron mayoritariamente y consecuentemente favorables. En su condena a los hechos de ayer, Morales la restringió con minucia a algunos “sectores de las FFAA”. La violencia de las declaraciones anteriores de Zúñiga en su contra merecieron condena política y ciudadana por la injerencia militar en el proceso electoral, pero a la vez, y más gravemente, hicieron sospechar la existencia de una connivencia oculta del General con el Presidente.
Cuando la tarde declina, sollozando al Occidente
A largo de la tarde, el general Zúñiga mantuvo la ocupación de la Plaza Murillo, la cercó, colocó piquetes en las calles adyacentes para impedir el paso. Se fueron sucediendo condenas a los medios movilizados por el militar y defensas de la democracia constitucional. El Gobierno denunció la amenaza y el peligro de “Golpe de Estado” Las condenas de la Central Obrera Boliviana (COB), el ex presidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), el mayor partido opositor, del ex presidente banzerista Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de alcaldes opositores, de diversas figuras públicas no fueron ni tardías ni tenues, pero preferían hablar de movilización inusual, de motín, de movimientos irregulares, de insubordinación militar inaceptable, de desobediencia inconcebible en el marco jurídico constitucional.
Cuando volvió a dirigirse a los medios y a la población, fue perceptible un giro y alcance nuevos en las demandas del general Zúniga. Como antes, decía obrar como agente constitucional designado para la preservación de la democracia en Bolivia. Habló contra Morales y Mesa, que ya habían tenido carreras políticas demasiado extendidas, dijo, como para tener el derecho de verlas prolongadas aún más por el voto del pueblo boliviano. El que siempre sufría, engañado, especialmente en zonas rurales. Y ahora pidió la liberación de los “presos políticos” encarcelados por condenas por su actuación en 2019. La ex presidenta Áñez fue senadora del Beni y el ex gobernador cruceño Luis Fernando Camacho fue presidente del Comité Santa Cruz. Acaso buscaba entonces un apoyo del Oriente camba, en oposición regional por el Censo 2024 y diversas políticas económicas con su tradicional contrincante, el Occidente colla y el gobierno de La Paz. El tal espaldarazo, si era esperado, no llegó y el alcalde de Santa Cruz se pronunció contra las violencias paceñas del día.
Un final provisorio
El Ministerio Público abrió una causa penal contra el general Zúñiga por delitos contra el orden democrático y ordenó a la Policía su aprensión inmediata. Cuando fueron a arrestarlo al predio del Estado Mayor en Miraflores, el militar se entregó pacíficamente. Ya había sido sustituido como comandante en jefe del Ejército, para entonces.
Antes de subirse a la camioneta que lo llevaría a la unidad judicial de Lucha contra el Crimen, Zúñiga ofreció una nueva interpretación más de su propio actuar. Novedoso era que la expresara él, y que la proveyera de datos probatorios de los que no pudo dar prueba, pero que a esas horas ya había sido oida de voces opositoras y de analistas, que la mencionaban al mismo tiempo que condenaban el levantamiento militar. El general no usó la palabra autogolpe, que ya había sido dicha, escrita, leída en las redes.
El general dijo que todo lo que habían visto ese día había sido espectáculo poco menos que guionado, y cuya autoría les correspondía a él y a Lucho. Contó que el domingo se habían encontrado el General y el Presidente en el Colegio privado La Salle (en Zona Sur, la más rica de la urbe paceña) y habían convenido ambos en que se venían días difíciles. Después de haber sido inhibida su repostulación como candidato, Evo Morales había sido rehabilitado en sus derechos políticos plenos por la Justicia constitucional. La vida económica boliviana atraviesa una falta de dólares y de combustibles sin resolución a la vista. Había que hacer algo, “me dijo el Presidente, para recuperar popularidad”. “¿Sacamos los blindados?”, habría sugerido el General. “¡Sacá!”, se habría entusiasmado el Presidente. El mismo domingo por la noche los tanques iniciaron su marcha a La Paz. En la mañana del miércoles, la población urbana creía que las operaciones de tropas y blindados eran maniobras y ejercicios de práctica, rutinas de entrenamiento.
Quién ganó, quién perdió
La reacción de Luisa Nayap, legisladora de CC, es sólo una enunciación feliz en su forma de una convicción que se va generalizando más allá del acierto o desacierto de lo que enuncia: “Que nos devuelvan las entradas. Fue un gigantesco show”. La insinuación de que el Gobierno no era ajeno en la puesta en escena de una insurrección armada de militares insubordinados había crecido a lo largo de la tarde. Las mismas personas que condenaban toda intentona golpista decían que sólo creerían que en efecto había sido esto lo ocurrido si veían después castigar con la máxima severidad ejemplificadora al general Zúñiga. La Iglesia Católica fue la única voz que pidió diálogo; todas las restantes pidieron castigo. Si el Presidente resolvía el conflicto con un diálogo, la oposición declaraba que este resultaría de un pacto criminal previo.
Sólo del diálogo que no ocurrió se habría visto beneficiado el general Zúñiga, ahora encarcelado, procesado, investigado, ni a otros siete oficiales cuyo arresto también fue pedido por la Fiscalía. El gobierno de Luis Arce no sale beneficiado después de ser acusado de montar un show para recuperar alguna popularidad con un simulacro farsesco que banaliza la noción misma de Golpe de Estado. Con total prescindencia de si algo de verdad hay en esta acusación del golpista depuesto, a quien la oposición prefiere ahora felicitar por su sinceridad antes que por su destreza para los giros argumentativos. El oficialismo relata la dispersión final de las tropas de la Plaza Murillo como un triunfo de los petardos de los movimientos sociales; no es imposible, pero es inconvincente.
En La Paz había filas de cuadra y media en cada uno de los muchos cajeros automáticos. Los mercados y supermercados se llenaron de gente. Empiezan a buscarse concomitancias de fondo, condiciones de posibilidad últimas para que pudiera pasar lo que pasó. Es evidente, por ejemplo, que el acuerdo de Bolivia con la empresa rusa Uranium no se cuenta entre las noticias mejor recibidas en Washington en tiempos de Guerra Fría recalentada.
Evo, de nuevo
Entretanto, hay una figura favorecida al final del día. La oposición antimasista ha sido la primera en desesperarse, porque ve que de momento puede sacar poco rédito de lo ocurrido de una jornada aciaga.Como a lo largo de décadas de actividad sindical, social y política cuyas raíces están en el siglo pasado, nunca queda mejor colocado Evo Morales que cuando Bolivia enfrenta acontecimientos atroces o riesgos inpensados a los cuales no es posible vincularlo personalmente de ningún modo razonable.
AGB