No bien terminó su declaración Jair Bolsonaro, de reconocimiento de su derrota, el ministro jefe de la Casa Civil Ciro Nogueira tomó el micrófono para anunciar: “Daremos inicio inmediato al proceso de transición con el próximo gobierno, tal como fue autorizado por el presidente de la República”. Era la señal más importante aguardada por el Congreso y el Poder Judicial, sobre la normalización política del país.
Aunque el jefe de Estado omitió mencionar que dejará el sillón presidencial el 1º de enero, las palabras de Nogueira actuaron como bálsamo. La “transición” a la que se refería el funcionario se desarrolla en los dos meses que suelen mediar entre el fin de las elecciones y el comienzo de la próxima administración. Es una misión que deben cumplir los distintos ministerios para entregar en forma ordenada las gestiones realizadas durante 4 años. Como dijo el jefe de la Casa Civil, se puso a disposición de los futuros gestores un salón del Palacio del Planalto. Hoy, señaló, se reunirá con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, quien fue designado por Lula da Silva como el coordinador del proceso de cambio de mando; lo ayudará en esa labor la presidenta del Partido de los Trabajadores, diputada Gleisi Hoffmann.
Poco antes del pronunciamiento de Bolsonaro, distintas entidades del establishment demandaron públicamente la “preservación” de la democracia, que implicó en los hechos la admisión de la legitimidad del triunfo lulista. Es el caso de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), tal como verbalizó en una nota hecha pública hace dos horas. Reconoció, en ese contexto, la condición de futuro presidente de Lula da Silva, pese a que la entidad llegó a pronunciarse a favor de la reelección de Jair Messias Bolsonaro. La federación empresarial reiteró su apoyo a la democracia, que considera “esencial para el desarrollo del sector” y señaló que está lista para “el diálogo y la cooperación con el gobierno electo, escogido por la mayoría del pueblo brasileño”.
Para la Confederación Nacional de la Industria, que reúne a la totalidad del sector manufacturero, se pronunció en forma categórica contra los bloqueos de rutas realizados por parte de grupos de camioneros bolsonaristas. Advirtió: “El sector industrial se manifiesta contrario a cualquier movimiento que comprometa la libre circulación de trabajadores y del transporte de cargas, pues provocan daños directos en el proceso productivo y en la vida de los ciudadanos”. Concluyó que esas movilizaciones son “antidemocráticas”.