Relatores de Naciones Unidas pidieron este martes a la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, que incluyan los abusos, violaciones de Derechos Humanos y malos tratos a los que se vieron sometidos los 40 detenidos que quedan en Guantánamo cuando desarrollen un plan para el cierre de la prisión.
En un comunicado, los expertos aplaudieron la decisión del Gobierno de tener en el punto de mira el cierre de las instalaciones y reiteraron su petición de acabar con la “impunidad” en el marco de la llamada “guerra contra el terror”.
“A medida que se acerca el 20º aniversario del 11S, hacemos un llamamiento a la transparencia y la revisión de las operaciones y la legalidad de la prisión”, señalaron poco después de que Biden anunciara que su Administración evaluará cómo cerrar Guantánamo, una promesa ya realizada por el expresidente Barack Obama.
Los expertos indicaron que muchos de los detenidos se encuentran en una situación vulnerable y son ahora ancianos cuya integridad física y mental “se vio comprometida por la privación de libertad y el sometimiento a torturas y tratos inhumanos”. “Recordamos la necesidad de repudiar estas políticas y prácticas para prevenir prácticas recurrentes que violan claramente el Derecho Internacional”, objetaron.
Así, aseveraron que es esencial que aquellos que han sido víctimas de “desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas” tengan una “reparación adecuada”. “Muchos de los individuos que fueron retenidos en Guantánamo vivieron una experiencia kafkiana donde las leyes no importaban y se hacía un uso coercitivo y brutal de poder”, lamentaron.
En este sentido, recalcaron la importancia de redistribuir a los presos que quedan en las instalaciones e hicieron hincapié en que “las democracias pueden hacerlo mejor”.
“Estados Unidos debe claramente cerrar este oscuro capítulo de su historia y demostrar que está preparado no solo para cerrar la prisión sino para garantizar que estas prácticas no vuelven a llevarse a cabo ni quedan sin castigo alguno”, remarcaron.
Durante su mandato, Obama pretendía trasladar a algunos presos a territorio estadounidense, pero el Congreso le impidió disponer de los fondos necesarios para ello y estableció que, antes de liberar a un recluso, el Gobierno debe notificárselo a la comisiones parlamentarias.