Judith Machaca fue vista por última vez camino a su hogar cuando regresaba de su trabajo, en su ciudad natal de Tacna, en el sur de Perú. La estudiante de ingeniería ambiental trabajaba a tiempo parcial en una tienda de telefonía móvil y siempre enviaba un mensaje a su familia en caso de llegar a casa más tarde de lo habitual.
El último mensaje de texto registrado en su teléfono celular fue enviado a las 11.00 de la noche del 28 de noviembre. Al día siguiente, su padre denunció angustiado la desaparición de la joven de 20 años a la Policía. Lo despacharon bien lejos, diciéndole que probablemente su hija estaba con su novio y que aparecería pronto.
Machaca nunca volvió a su hogar. Cuando se verificó que la Policía no hacía nada para investigar la desaparición de la estudiante de 20 años, su familia comenzó a organizarse y protestar, realizando vigilias frente a la comisaría con pancartas que clamaban “¿Dónde está Judith?” y denunciaban “Encubrimiento policial”.
Dos meses después, unas excavadoras mecánicas descubrieron el cadáver de Judith Machaca, bajo tierra, boca abajo con las muñecas atadas a la espalda. A su lado había otro cuerpo, el de la más joven Noemí Escobar, de 14 años de edad. Estaban enterradas. Para dar con sus restos mortales, las máquinas cavaron un pozo de 80 metros de profundidad en el terreno de una finca que pertenecía a los padres de un oficial de policía.
El asesinato de Machaca dio un giro inesperado y aún más oscuro cuando se reveló que el juez local Yuri Maquera Rivera había dictado la libertad con restricciones para el oficial policial en casa de cuyos padres se habían encontrado los cuerpos. Santiago Christian Paco Mamani se hallaba en prisión preventiva, acusado e investigado por la muerte de ambas mujeres.
En una serie de videos que podían verse en línea, publicados por Paco desde su celda, este oficial de policía había confesado la autoría de los asesinatos. También informaba que su participación en una red de trata de personas y tráfico sexual que opera convenientemente desde adentro de aquella unidad policial que tiene bajo su responsabilidad la investigación de la Trata de personas y Desapariciones.
El jefe de Policía de la región de Tacna, general Segundo Mejía, inició una investigación policial interna el mes pasado. Otro oficial que trabajaba con Paco también ha sido arrestado. Unos 30 agentes de policía han sido trasladados a otras unidades mientras prosigue la investigación.
Paco continúa siendo objeto de una intensa persecución.
La muerte de Judith Machaca es, sin embargo, una sola en un conjunto más de mil veces mayor, el del número creciente de mujeres y niñas en todo el país víctimas del mismo crimen que los activistas de Derechos Humanos han caracterizado como ‘emergencia mortal’ en Perú.
La ONU ha calificado el aumento de la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo durante los encierros de COVID-19 como una “pandemia en la sombra”.
Las autoridades de Perú denunciaron un total de 138 feminicidios en el transcurso del 2020, pero más de 5.521 mujeres fueron asentadas oficialmente como desaparecidas en un registro de personas desaparecidas creado recientemente por el gobierno. Dos tercios de la cifra anotada correspondía a niñas.
Eliana Revollar, quien dirige la División de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú, dijo que las cifras son “muy altas”, sin embargo admitió: “No tenemos información sobre cuántas personas están realmente 'desaparecidas'”.
Y agregó que, de los 138 femicidios contabilizados oficialmente el año pasado, 34 correspondían a mujeres y niñas que habían sido denunciadas anteriormente como desaparecidas.
Elevadas como son, es no obstante muy probable que estas estadísticas oficiales sean una gruesa subestimación. Según cifras compiladas por Mujeres Desaparecidas, un grupo de defensa de familias peruanas basado en Facebook, 11.828 mujeres y niñas fueron registradas como desaparecidas en 2020 según informes policiales. Una vez más, alrededor de dos tercios tenían menos de 18 años.
Utilizando la misma metodología, la organización ha registrado 41.445 mujeres y niñas desaparecidas desde principios de 2018 hasta febrero de este año en Perú, un país cuya demografía se acerca a 33 millones de personas.
Las supuestas circunstancias en torno a la muerte de Machaca no sorprendieron a la fundadora del grupo, Katherine Soto, quien abrió la página de Facebook en 2016 cuando una amiga activista desapareció, antes de que se supiera que había sido asesinada.
“Este caso demuestra que incluso tratar con las autoridades, como mujer, te pone en riesgo”, dice. “No sabes si al denunciar una desaparición, podrías denunciarla al propio traficante en persona.”
A pesar de la presunta participación de agentes locales en las muertes de las jóvenes Machaca y Escobar, la apatía generalizada de la Policía como institución y la inacción ante las desapariciones de mujeres en todo Perú está facilitando la ola de violencia sexual que se apodera del país. Perú ha sido uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia, con más de 1,4 millones de casos de COVID-19 y casi 49.000 muertes, y el confinamiento y las dificultades económicas exacerban los riesgos para las mujeres.
Un informe publicado conjuntamente por los ministerios de Justicia y de la Mujer de Perú este mes encontró que hubo más de 23.000 llamadas y mensajes a una línea directa de violencia doméstica entre mayo y octubre de 2020, el doble que en el mismo período del año anterior.
La violencia contra las mujeres ha sido desde siempre en Perú un problema de larga data, con un promedio de cinco mujeres y niñas reportadas como desaparecidas todos los días, según la Defensoría del Pueblo.
Soto afirma que, dado que la policía a menudo no está dispuesta a investigar, muchas de las mujeres y niñas “desaparecidas” nunca son encontradas. “Sin cuerpo, sin crimen”, puntualiza que les dicen. “En el caso de otras desapariciones, sus familias no tienen derecho a conocer la verdad, no tienen derecho a la justicia y mucho menos derecho a poder cerrar estas historias sin fin y estas heridas que permanecen abiertas.”
Revollar informa que las desapariciones de mujeres peruanas ni siquiera se registraban oficialmente hasta fines de 2020. Ella jugó un papel decisivo en la creación de un registro nacional de desaparecidos, pero aún está incompleto. “Está avanzando”, agrega, “pero es muy lento”.
En la página de Facebook de Soto, familiares y amigos angustiados publican fotos e información de personas desaparecidas con el propósito de buscar la ayuda del público en general para la búsqueda de sus seres queridos. El grupo también brinda asesoramiento legal y apoyo a las familias.
El actual gobierno de Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, cuenta con la mayor cantidad de mujeres en puestos clave e instituciones públicas que haya conocido la historia de la república peruana. Hay mujeres en la Presidencia del Poder Judicial, la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, en la Presidencia del Legislativo, la congresista Mirta Vásquez Chuquilín que es presidenta del Congreso, y en la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo, la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez Valdivia. Pero la cercanía de las elecciones presidenciales de abril sugiere que es poco probable que tengan tiempo suficiente para seguir adelante con estas reformas necesarias y urgentes.
La legislación existe para proteger a las mujeres y las niñas. Pero es letra muerta sin una aplicación efectiva, son solo palabras vacías, dice Revollar.
Y agrega la directora de la División de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú: “Solo hubo dos sentencias por femicidio en todo 2020. ¡Dos!”. Y precisó: “Eso no es justicia legítima.”
Traducción de Alfredo Grieco y Bavio