El fracaso del referéndum constitucional en Chile ha sumido en el desconcierto a la izquierda del país suramericano y hasta a la del mundo entero, atónita ante la rapidez con que parece haberse esfumado la gran mayoría que hace apenas tres años había emergido para romper por fin con todas las ataduras heredadas del régimen del dictador Augusto Pinochet. ¿Qué ha pasado?
Las causas que ayudan a entender un hundimiento tan insólito y rápido de la opción rupturista son necesariamente múltiples y los académicos las delimitarán más pronto que tarde. Pero entre ellas seguro que se encuentra también el papel desempeñado por los grandes medios de referencia, que moldean la opinión pública del país y que rechazaron al unísono y con agresividad el texto sometido a referéndum.
Lo han explicado muy bien, entre otros, Pablo Iglesias en Ctxt y la investigadora chilena de la Universidad de Manchester Ivette Hernández Santibañez: en el terreno de juego creado por los medios para debatir, hostil y alimentado por fake news, muchas de las propuestas de la nueva norma jugaban en campo contrario y quedaban rápidamente asociadas al extremismo o a la extravagancia. El problema del papel que desempeñan los medios hegemónicos en el debate democrático trasciende lógicamente Chile y es uno de los grandes retos pendientes que nunca acaban de abordarse por los partidos mayoritarios que dicen defender tanto la democracia.
¿Cuarto poder o mercancía?
La teoría liberal subraya la importancia de los medios de comunicación para el funcionamiento global del sistema hasta el punto de elevarlo a Cuarto Poder, que se supone fiscaliza a los otros tres y garantiza el libre flujo de información. Sin embargo, y pese a la importancia pública de esta función para la democracia misma, luego queda casi todo a expensas del mercado, como si se tratara de una mercancía cualquiera. Y ya sabemos cómo funciona el mercado cuando se necesitan grandes recursos económicos: sólo está al alcance de los más ricos y los mejores instalados en el sistema, normalmente los más reacios a cualquier cambio que ponga en riesgo sus privilegios.
En el mercado de medios realmente existente, pues, los que defienden cambios de calado suelen ser o bien excluidos del debate público o bien estigmatizados como extravagantes, radicales o ignorantes.
En el caso de Chile, la situación es todavía peor porque el ecosistema mediático ni siquiera lo ha definido el mercado, sino la violencia y la dictadura. El diario de referencia del país, El Mercurio, no solo jaleó el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, en 1973, sino que participó activamente en la conspiración. Más adelante, los medios que aplaudieron la dictadura fueron los que coparon el mercado durante la transición, supervisada por el mismísimo Pinochet desde la jefatura suprema del Ejército.
'El Clarín': reparación pendiente
En realidad, el “mercado mediático” en sentido estricto iba en Chile por otro camino: antes del golpe, el diario de más patrimonio y más vendido del país, con 250.000 ejemplares diarios, era El Clarín, popular, comprometido con la democracia y propietario de un español, Víctor Pey, republicano exiliado que había llegado al país tras la guerra civil a bordo del Winnipeg, el barco fletado por el poeta Pablo Neruda. El mismo día del golpe, antes incluso de bombardear La Moneda, las unidades del Ejército se incautaron el diario y sus propiedades -adonde siguen apostadas a día de hoy- y trataron de silenciarlo para siempre a punta de bayoneta.
La recuperación de la democracia no corrigió tan burda adulteración del mercado, a pesar de los múltiples intentos de Pey de recuperar el diario para volver a editarlo. Ante la cerrazón absoluta de las instituciones bajo vigilancia, Pey y el abogado Joan Garcés -ex asesor de Allende- llevaron el caso al tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) especializado en inversiones extranjeras. La causa se ha convertido en la más larga de toda su historia ante múltiples acciones propias del filibusterismo orquestadas por Chile, que ha mantenido una oposición frontal al resarcimiento tanto con gobiernos de centroderecha como de centroizquierda.
Finalmente, el CIADI falló en 2020 de forma ya definitiva en favor de los propietarios españoles de El Clarín, aunque Pey ya no pudo verlo: en 2018 había fallecido, a los 103 años. El grueso de las participaciones de la empresa se habían traspasado en 1990 a la Fundación española Presidente Allende, que solicitó a los tribunales españoles la ejecución del laudo del CIADI. Recientemente, el juzgado de instrucción númeúro 10 de Madrid ha comunicado al Estado chileno la valoración de los daños realizados por la consultora Accuracy, con sede en París, una de las referencias internacionales en procesos de arbitraje: nada menos que 551 millones de dólares.
El auto se emitió en tiempo de descuento del mandato de Sebastián Piñera, quien le pasó la patata caliente a Gabriel Boric. A diferencia de su predecesor, Boric se había comprometido con la causa de El Clarín hasta el punto de abanderarla en el Parlamento cuando ejercía de diputado opositor. Sin embargo, como presidente se ha mantenido fiel a la actitud obstruccionista y filibustera que ha seguido en estas tres décadas la lógica del Estado profundo chileno, radicalmente contraria a indemnizar a los propietarios de El Clarín, cuya eventual reaparición supondría una auténtica sacudida al ecosistema mediático del “atado y bien atado” que lidera El Mercurio.
A pesar de abjurar de su propia trayectoria personal y de orillar las exigencias que le imponen los tratados internacionales firmados por Chile, Boric parece haber optado resignadamente por jugar dentro del terreno de juego que le marca el ecosistema mediático impuesto a sangre y fuego por Pinochet.
El primer resultado de esta apuesta es ya muy visible: fracaso rotundo en el referéndum. Y no hace falta ninguna bola de cristal para intuir el futuro que le espera a este gobierno en un marco definido por El Mercurio y el establishment: sólo podrá sobrevivir si deviene lampedusiano y renuncia a cambios de calado.
La diferencia con tantos mandatarios progresistas impotentes ante los tremendos corsés impuestos por marcos mediáticos hostiles es que Boric tendría posibilidades reales de alterarlos respetando escrupulosamente las reglas del juego que ha heredado: le bastaría con cumplir las resoluciones del tribunal internacional y del juzgado español, y convenir una transacción con los inversores españoles.
La gran paradoja es que Boric tiene ahora una gran oportunidad de demostrar que el giro hacia la moderación que ha prometido tras el fiasco del referéndum va en serio: como buen moderado, podría indemnizar de una vez a los propietarios de El Clarín y facilitar con ello no solo el cumplimiento de la legalidad internacional sino también la restitución de un mercado libre que fue brutalmente intervenido por los tanques y la dictadura.