Hasta de los peores momentos puede salir algo bueno. Hasta en la destrucción puede construirse algo. Esta es una columna con una luz de esperanza, protagonista inusual de Escala Humana, pero necesaria para surfear la ola de desánimo de una ciudad deteriorada. Una luz que se ve en las reuniones de vecinos con funcionarios, se escucha en las asambleas barriales, se lee en los proyectos de iniciativa popular. Es el activismo ciudadano, cuya efervescencia crece a medida que se pierde el patrimonio.
Muchos dan por sentado este activismo. Tras cubrirlo caso a caso como cronista, yo valoro este nivel de movilización porque sé que no existió siempre, ni nunca tan intensamente, ni en otras ciudades argentinas. Tanto es así, que hoy hasta asumió el rol de impulsar la creación de plazas ante la inacción de los últimos gobiernos. Porque estas agrupaciones no sólo reclaman su construcción: se toman el trabajo de buscar los terrenos y hasta de redactar los proyectos de ley que las hagan realidad.
El caso de éxito más notorio es el de “Una Plaza Para Villa Santa Rita”, asociación que vio cumplido su sueño hace 12 días, tras cientos de pedidos al Gobierno porteño. Años de hablar con funcionarios y medios sobre su barrio sin plazas, de hacer el trabajo de relevar terrenos, de organizar bicicleteadas para despertar conciencia, de participar del diseño, de vigilar que la obra se haga en los plazos pautados, hasta de avisar de la fecha de estreno.
Hay más proyectos vecinales de plazas aún por concretarse: una en Ayacucho y Perón (Balvanera), otra en Corrientes y Gallo (Almagro), y una más en el terreno lindero al Monasterio Santa Catalina de Siena, en Córdoba y Reconquista (Retiro), donde la ONG Basta de Demoler logró frenar la construcción de una torre de 21 pisos. Incluso hay planes en otros lotes de Villa Santa Rita, con textos que ya tienen estado parlamentario.
Pero plazas no es lo único que hacen. Lograron ampliar áreas de protección histórica, hacer catalogar inmuebles patrimoniales, frenar demoliciones y revisar alturas máximas. En pocas palabras: problematizar el patrimonio urbano porteño. Ponerlo en agenda cuando los políticos lo sacaron del debate.
Una lucha de casi seis décadas
Este activismo no nació de un repollo. Ya en 1967 se creó la Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan para preservar la estación y su entorno. Me lo recuerda la socióloga Mercedes González Bracco, de la agrupación vecinal Patrimonio Almagro Boedo, que hoy pelea por la plaza de Corrientes y Gallo. En 1981, plena dictadura, se fundaría la Sociedad de Fomento Belgrano R, la primera en lograr una zonificación específica para el barrio (Distrito U28) y asegurar que mantuviera su uso residencial exclusivo, baja densidad y paisaje arbolado.
Al calor del menemismo también hubo lucha vecinal, en ese entonces más ambiental que vinculada al patrimonio. La Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos nucleaba más de 70 organizaciones vinculadas a plazas y parques, para que se mejoraran los que habían o se crearan nuevos. La excepción a ese foco ambiental fue la defensa del Casco Histórico, caldo de cultivo del cual nacería Basta de Demoler.
Tras la crisis de 2001, la economía comenzó a reactivarse y, como hongos, brotaron edificios altos en barrios de clase media acomodada, que tuvieron como respuesta las primeras asociaciones barriales de este siglo, como S.O.S. Caballito, Preservemos Devoto, Proteger Barracas, Palermo Despierta. El foco patrimonial ganaba terreno.
El fenómeno alcanzó una dimensión inédita al punto de generar cambios normativos, estrategias judiciales entonces novedosas como el uso de amparos, y hasta alianzas con organismos estatales.
En la breve tregua que concedió el boom constructivo allá por 2012, surgieron asociaciones con otras demandas, como las de generar espacios verdes e incluso cuidar más del arbolado, como Basta de Mutilar Árboles. El verde volvía a ganar terreno, aunque en ese momento sólo fuera simbólico.
El activismo ahora
Hoy hay una compleja trama de organizaciones vecinales, asociaciones civiles, asambleas barriales y ciudadanos sueltos que, cada uno a su modo, sostienen estas causas y no le dejan el camino libre al gobierno. Pero, “a diferencia de los noventa, no hay una coordinadora que nuclee todos estos elementos. Lo que sí hay, y es característico de esta última década, son coordinadoras transitorias de asambleas por conflictos concretos”, explica Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Así nació la coordinadora por la venta de Costanera Norte y la del Código Urbanístico de 2018. Con la segunda actualización del Código en 2023, se creó la Red Interbarrial Buenos Aires, que cubre buena parte de este complejo mapa participativo, aunque no todo. Incluso también hay organizaciones por temas, como el activismo ciclista de Bicivilizadxs, Masa Crítica y la extinta Asociación de Ciclistas Urbanos, entre otras.
Semejante recorrido trajo aprendizajes. El activismo al principio se limitó a impedir que se construyera algo al lado de la propia casa, un gesto típico de la actitud Nimby (acrónimo de “Not in my backyard”, “No en mi patio trasero”), entendida como el rechazo local a cambios percibidos como amenaza, pero que se aceptan si ocurren en otro lugar.
Con el tiempo esa actitud evolucionó a una concepción más global, que contempla las consecuencias más generales de la densificación poco planificada: cambios abruptos en la fisonomía barrial, efecto de isla de calor, problemas de acceso a los servicios, pérdida de patrimonio y de luz natural.
Más participación o más vacío
¿Es mayor la participación hoy que ayer? ¿O más bien todo lo contrario, y esta movilización habla de una crisis de representación? “Si hablamos de participación en la cosa pública, es menor que hace diez años. Si vamos a la ciudadanía organizada en defensa de los espacios verdes y en ganar terreno en espacio público, es mayor”, me aclara Leonardo Farías, presidente del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial (Cesdet).
Para González Bracco, todo surge de “la falta de democracia participativa real”. Hay Ley de Comunas desde 2011, pero las instancias de participación no son tenidas en cuenta en los proyectos. Tampoco hay vinculación real entre lo que se discute en los consejos consultivos y lo que toman los comuneros.
¿De qué se nutre hoy el activismo ciudadano? De la idea privatizadora del espacio público. Y eso atraviesa tanto la defensa del patrimonio como la necesidad —cada vez más urgente— de sumar espacios verdes. Paradójicamente, el boom constructivo con fines especuladores es tan corto de miras, que no demuestra interés en la creación de esos espacios, que justamente harían crecer el valor de su metro cuadrado.
Sociedades de fomento, ONGs, juntas de estudios históricos, asambleas post 2001. Todo fue nutriendo un activismo que, más que ir siempre en ascenso, se mueve de forma oscilante, según el mayor o menor grado de agresión que ejerza el gobierno, como me marca el licenciado en Diseño del Paisaje Fabio Márquez (@paisajeante), que supo presidir la extinta Asociación Voluntarios de Parque Centenario.
Más allá de este péndulo, hay algo que queda claro en esta historia de espacios buscados, defendidos y finalmente conquistados. El urbanismo no es sólo una cuestión de expertos: es, también, una construcción colectiva, terca y paciente. Esa que, con suerte, sigue abriéndose paso entre escombros.
KN/JJD