El activismo gordo está en estado de alerta. Los posteos en distintas cuentas se encendieron y multiplicaron. También las reuniones presenciales de los colectivos. Es que la Ley de Talles 27.521 se mencionó dentro del paquete de disposiciones que serían derogadas por el gobierno nacional, aunque -vale aclararlo- en el anexo específico no figura ninguna resolución ni disposición complementaria que corrobore que la ley ha perdido vigencia.
“Esta situación nos alarma, puede interpretarse como que no hay intención estatal de exigir el cumplimiento de la ley. Manifestamos nuestra preocupación y eventual repudio”, dicen, palabras más o menos, en forma personal o colectiva, referentes y organizaciones de cuerpos no hegemónicos en sus cuentas de Instagram, Facebook y TikTok.
El alerta, la preocupación, se da en el contexto de la determinación, a través de un decreto, que señala que ya no serán obligatorias algunas disposiciones y regulaciones que protegían a les consumidores. Es el caso de la Ley de Gondolas; la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada; la Ley de Abastecimiento: Precios Justos, y todos los acuerdos y controles de precios que realizaba la Secretaría de Comercio durante gestiones gubernamentales anteriores.
Laura Contrera es referente del activismo gorde, abogada y coautora del libro Cuerpo sin patrones. Fundadora, además, junto con otres compañeres, del Colectivo de Gordes Argentines, CGA, y amiga del capítulo argentino de Anybody, una ONG que vienen trabajando desde hace unos diez años en torno al proceso de la ley de talles.
Contrera aclara que “por ahora la ley no está derogada ni la Ley Ómnibus se mete con ella. Pero el decreto de Comercio menciona, entre otras normativas, que deja sin efecto su eventual eliminación. Esto generó muchas publicaciones de influencers que daban por derogada la ley. Pero no hay un proyecto que hable de derogación ni se está eliminando la reglamentación. Sí existe confusión y, como todo en la actual administración, es desprolijo, chapucero y mal hecho. Pueden haber pifiado al mencionarla, aunque no hay ninguna cuestión reglamentaria. Y aunque el pifie tal vez sea que sí quieren tocar la ley de talles, pero después no avanzaron con la reglamentación correspondiente”.
La realidad es que la ley de talles tenía previstas distintas etapas hasta llegar a la confección de una tabla de talles que dé cuenta de las reales medidas de la población argentina, a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional. Durante varios años se hizo un estudio antropométrico que se interrumpió durante la pandemia, pero después continuó. “Con ese estudio se midió físicamente a personas de todo el territorio nacional, no con un centímetro, sino con una máquina diseñada especialmente para ese fin, algo que muches no saben. Con los resultados, le insistimos al gobierno anterior, el de Alberto Fernández, para que siguiera adelante y el INTI comenzó con las reuniones del consejo consultivo a preparar la tabla, que es el corazón de la ley. Para exigir su cumplimiento, necesitábamos esa tabla, que fuera homogénea para todo el país, tarea en la que se trabajó hasta diciembre último”, explica Contrera.
Hasta el momento no hay una decisión oficial que haya comunicado que se discontinúa el armado de la tabla o se suspenden las reuniones de consejo consultivo. “Obviamente que la derogación puede ser tácita, porque si el trabajo que se está haciendo se desfinancia, no se sigue adelante. Se friza el proyecto y se mata la ley”, señala la especialista para explicar el estado de alerta en que nos encontramos. Contrera es plenamente consciente de que el actual gobierno quiere tirar abajo todo lo que implique una protección especial para quien consume, lo que incluye el consumo de indumentaria. “Pero vestirse no es un consumo cualquiera, sino un derecho humano”, finaliza.
LH