La escalada de violencia política y su correlato en la violencia simbólica evidenciada en los últimos días no es novedoso ni necesita escalar a estos niveles para ser una preocupación. El estilo espectacular y centrado en el evento, como forma estable de cubrir mediáticamente los temas de interés, es también una expresión solapada de desprecio simbólico que se ancla en una grieta política y afectiva desmedida.
La muerte de una niña de 11 años del barrio porteño 21-24 de Barracas, luego de descompensarse en la escuela, se conoció poco antes del día de las infancias. El hecho es elocuente porque revela los altos niveles de pobreza y descuido institucional que experimentan los niños, niñas y adolescentes en Argentina. Desde un discurso polarizante y agrietado, los medios y las redes sociales enmarcaron aquel evento en términos contrapuestos, sin reconciliación alguna respecto de cómo definir esa problemática, de sus causas estructurales y de las consecuencias sociales para el futuro cercano. En el centro de la contienda quedó instalado el espectáculo político de un drama estructural que es presentado de manera fragmentada y eventual.
Las historias individuales son más excitantes para el ojo público: generan empatía y causan identificación en las audiencias, activando emociones de distinto tipo. Pero el entramado estructural, los factores en apariencia ocultos y las consecuencias irreparables que subyacen a esta historia y otras similares, pocas veces alcanzan visibilidad en la agenda de los medios…
El suceso es conmocionante, más aún cuando los docentes ya habían denunciado esa situación de vulnerabilidad, obligados a intervenir en otras ocasiones para que fuera atendida y se garantizaran sus derechos. Un reclamo que fue acompañado por la organización Infancia en Deuda y otros referentes del sector, como la Secretaria General de Ute-Ctera, Angélica Graciano y el Secretario Adjunto de ADEMYS, Jorge Adaro.
Tanto en la arena pública como en los medios, la responsabilización institucional y las individuales provenientes de distintos frentes estuvieron fuertemente motorizadas por el propósito de atacar al adversario desde posiciones identitarias. Coherente con el reclamo docente, algunos medios apuntaron directa y excluyentemente al Gobierno de la Ciudad como principal y ¿único? responsable. El marco interpretativo fue la ausencia del Estado ante las alertas previas. Pero, ¿cuáles Estados quedan comprendidos en la pregunta sobre cómo resolver el alarmante nivel de pobreza entre las infancias en Argentina?
Los recortes en el gasto público tienen un impacto positivo en bonos y acciones, pero conllevan también estas consecuencias. Según los datos del INDEC del segundo semestre del 2021, el 51,4% de las personas de hasta 14 años son pobres y el 12,6% son indigentes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el núcleo urbano con más recursos del país, los hogares con niños de menos de 14 años están dentro de los grupos más afectados por la pobreza. A este contexto estructural, agravado por índices inflacionarios descontrolados, se suma el reciente anuncio del jefe de gobierno porteño de quitar el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña —al que acceden 41.281 personas— a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no envíen a sus hijos o hijas a la escuela.
Las posiciones tomadas alrededor de este evento crítico se extremaron aún más cuando se conoció el informe de la autopsia que identificaba la causa de la muerte como “neumopatía bilateral”, y agregaba que la niña presentaba “buen desarrollo óseo y muscular, en regular estado de nutrición”. Medios como La Nación y Clarín negaron que la causa fuera el estado de desnutrición de la niña, omitiendo las condiciones sociales y de política pública más estructurales, un claro recurso narrativo de descontextualización. Si bien se refirieron a la situación de vulnerabilidad de la niña, el enfoque de ambos medios desplazó la responsabilización del Gobierno porteño hacia la de los “docentes del gremio kirchnerista Ademys” y/o la “izquierda”, por su énfasis en señalar a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como la principal causante del hecho.
En su libro Muertes que importan (2018), Sandra Gayol y Gabriel Kessler señalan que, así como hay muertes que son desestabilizadoras y otras que devienen hechos sociales y políticos pasajeros, la mayoría no genera ningún impacto público. ¿Qué “condimentos” debe tener una muerte para ser considerada políticamente relevante, interpelar a los poderes públicos y generar cambios? Ser dramática, sensacionalista y elevar la controversia al sistema político, admiten trabajadores y trabajadoras de prensa sotto voce.
¿Cómo estudiar, pensar y entender mediáticamente la pobreza? La forma de enfocar este tema influirá en cómo se lo entienda socialmente y qué responsabilidades queden asociadas. La noticia dramatizada da color a la interpretación de los eventos: construye y reconstruye los problemas sociales, las crisis, los enemigos y los líderes, creando una sucesión de amenazas y seguridades.
Lejos de enfocar esta problemática desde una mirada estructural, con foco en las tendencias generales o en las políticas públicas vinculadas a ella, la pobreza suele encuadrarse en términos episódicos. En primer plano: la trayectoria de los afectados. Un relato que interpela a audiencias más dispuestas a responsabilizar individualmente a esas personas que a orientar las causas en términos institucionales y estatales.
La muerte de la niña de Barracas necesita sortear ese relato individual y episódico, escapar a la tentación de ubicar las historias mínimas de personas singulares en el centro de la escena. La cobertura periodística debe estar en las antípodas del caso “Barbarita”, la niña tucumana de 8 años expuesta en cámara cuando lloraba de hambre, durante el programa de Jorge Lanata en 2002. No basta, entonces, con hacer mención en las notas a algún dato estadístico a modo contextual, sino de prestar atención al efecto relámpago que genera en la sociedad un asunto que entra y sale de las agendas de discusión.
Natalia Aruguete es investigadora del Conicet, periodista, y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Austral. Celeste Gomez Wagner es Becaria doctoral (Conicet) y co-directora de un Grupo de Investigación en Comunicación de la UBA.