Una ranchada es el espacio que comparten los descartados de los descartados para sobrevivir; debajo del techo de un teatro, en los recodos de una estación de tren, dentro de un cajero automático, construyen vínculos de amistad y compañerismo sin los que la existencia se haría imposible. La ranchada es el espacio primario de subsistencia de personas arrojadas como animales a la calle, excluidas de todo por problemas de salud mental, por carencias económicas, por el abandono de sus familiares, por la vida.
En cada ranchada puede haber un artista, un filósofo, un profesional, un cartonero, un obrero, una prostituta, un adicto, un ladrón, un violento, un santo, tal vez varios conviviendo dentro de una sola persona. Pasa allá como en cualquier parte. Pero en sus frazadas sucias está impreso, como en el santo sudario, el rostro de Jesús, sobre todo de los niños y de los ancianos.
Este fin de semana murieron tres personas a las que la ranchada no pudo proteger… ¿qué las mató? ¿El frío, el hambre, la enfermedad? No, fue el abandono y la violencia. Fue la desidia estatal y la indiferencia social.
Cuando la intervención estatal consiste en higienizar socialmente la Ciudad para el bienestar de los integrados, cuando los agentes de “control urbano” operan como grupos de tareas agrediendo físicamente a seres humanos para que desaparezcan del paisaje, robándoles -en el sentido literal y jurídico del término- las pertenencias, hay violencia. Es, además, una clara violación a la legislación que establece explícitamente que el accionar estatal en relación a las personas en situación de calle debe cuidar el “derecho a la dignidad personal e integridad física” y las fuerzas de seguridad “intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda”.
La indiferencia también mata. Cuando cada uno de nosotros mira para un costado, cuando en nuestra percepción esas personas pasan a ser parte del paisaje, cuando naturalizamos estos niveles de miseria generalizada que tienen en ellos su forma más inapelable, somos cómplices del abandono. Nos duele reconocer esta complicidad y frente a ese dolor aparecen las defensas psicológicas: la negación que elimina de la conciencia la existencia de estos hermanos nuestros o la agresión contra esos cuerpos que nos recuerdan la indignidad que nos cubre como sociedad salpicándonos a todos. Es mucho mejor hacerse cargo, sufrir esta responsabilidad colectiva como una herida también nuestra e intentar -cada cual de acuerdo a sus convicciones y posibilidades- hacer algo.
“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad”, escribió Francisco hace más de diez años.
¿No resuenan esta semana sus palabras cuando nadie supo de estas vidas cegadas mientras se repetía constantemente “cayó en la bolsa” (“subió el riesgo país”, “aumentó la brecha”, “se agranda la brecha cambiaria”)? ¿No resuenan también cuando vemos que se descarta cantidad de comida mientras tanta gente pasa hambre? En este caso, la acción de las organizaciones sociales, sacerdotes, comunicadores y magistrados logró frenar parcialmente esa inequidad.
Con todo, no se trata únicamente de practicar una ética humanista elemental. Acá hay un claro incumplimiento de leyes nacionales votadas por el principal órgano del orden republicano: el Congreso. Cuando se trata de los derechos de los pobres, pareciera que las leyes son meras declaraciones de principios. Lo mismo sucede con la de integración sociourbana o la de economía popular. Una democracia, sin el imperio de la ley, es una farsa y cuando la farsa se hace evidente, toda acción autoritaria de un aspirante a tirano parece admisible.
La Ley 27.654 de protección de los derechos de personas en situación de calle, cuya sanción logramos tras una larga lucha social y parlamentaria, data de 2021 pero fue reglamentada recién en 2023, también por la terca insistencia de las organizaciones sociales. Los que insisten con la mentira de que sólo pataleamos frente a este gobierno, que busque la verdad de los hechos. Es bastante fácil. Como diría el ex ministro de Economía Sergio Massa: “googlealo”.
La ley establece taxativamente la creación de una Red Nacional de Centros de Integración Social, (“de atención permanente y continua las 24 horas del día y los 365 días del año, que presten servicios socioasistenciales básicos de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud”). También un Sistema Nacional de Atención Telefónica y un Sistema Nacional de Atención Móvil. Todo ello en cabeza del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Otra vez incumplimiento de deberes de Sandra Pettovello, aunque vale aclarar que, en relación a este tema, el gobierno anterior hizo muy poco.
En relación a los alimentos, hace unas semanas vimos cómo después de mentir descaradamente el Gobierno Nacional dice que repartió en forma completamente improvisada 465.464 kilos de leche en polvo, equivalente a 4 millones de litros para los niños humildes. Si lo queremos pasar a dinero, se trata de alrededor de 2.300 millones de pesos en este alimento cada vez más inaccesible que se hubieran tirado a la basura. Eso es inequidad.
Esta semana, distintos gobiernos provinciales van a recibir los alimentos acopiados en los depósitos, como resultado de la medida cautelar en la causa penal que iniciamos a la mega ministra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria. Medida cautelar que el Gobierno apeló tres veces, y tres veces perdió, confirmándose la justicia de la medida por siete magistrados que profesan distintas doctrinas jurídicas.
Así las cosas, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires recibirá aproximadamente 2000 toneladas de alimentos. En el Norte Grande se distribuirán otras 3000. No resuelve ningún problema estructural, ni siquiera se trata de un flujo de alimentos que permita atajar la emergencia, pero para el que pasa hambre, todo suma; donde existe una necesidad nace un derecho decía Evita, pero mientras ese derecho se hace efectivo no nos podemos quedar de brazos cruzados.
Ese derecho -el derecho a la alimentación- se está discutiendo a partir de un amparo colectivo que presentaron hace seis meses organizaciones que agrupan comedores comunitarios con nuestro patrocinio jurídico en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Planteamos la restitución del abastecimiento en todo el país, conforme a los programas existentes, entre ellos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que durante tres años certificó el correcto funcionamiento de dichas asociaciones. Se toma su tiempo el juez progresista Walter Lara Correa, más tiempo que los conservadores Martín Irurzun o Guillermo J. Yacobucci. Lo que debía resolverse en cuatro días lleva cuatro meses de tramitación.
Seguramente está recabando pruebas para construir un fallo ejemplar. Sea favorable o desfavorable su sentencia, el retardo de justicia frente a una situación de este tipo es intolerable. Una sentencia desfavorable permite su apelación. Una no-sentencia en un amparo de carácter alimentario deja a la gente en una situación de absoluta indefensión. Es francamente llamativa la capacidad de algunos magistrados, funcionarios o legisladores de proclamar determinadas ideas y luego actuar de manera totalmente incoherente con las mismas. Es la disociación y la hipocresía de autoproclamados progresistas y neoperonistas de salón VIP, parte de la llamada insatisfacción democrática.
Es que la exclusión y la inequidad de la que habla el Papa Francisco no son culpa de Milei y su gobierno. El sadismo militante, la indiferencia ontológica, la cultura del descarte que ellos proclaman abiertamente es la contracara de los funcionarios que no funcionan, los que dicen y no hacen, los que se desgarran las vestiduras por una injusticia cuando coincide con sus conveniencias o esquemas de poder. Eso también es inequidad y exclusión… y es aún más grave, porque ensucia las más nobles banderas.
En nuestros tiempos, la tercera posición -simple, popular y humanista- es enfrentar tanto el incumplimiento hipócrita de los derechos que se proclaman como la negación desvergonzada de estos mismos derechos para que reine el derecho a la dignidad. Oponer un humanismo básico frente al nominalismo de la casta partitocrática y la avaricia ilimitada de la casta plutocrática.
JG/DTC