Las bodas entre el gobierno de Gabriel Boric, que el 11 de marzo asumió como nuevo presidente chileno, y la Convención Constitucional, que desde el 4 de julio redacta una nueva Constitución que sustituirá a la pinochetista de 1981 aún vigente, consumaron un matrimonio vecino de la perfección. Contingencia no inhabitual, ya el Himno Nacional todavía vigente definió a Chile como “copia fiel del Edén”. Entre el titular del Ejecutivo y las autoridades constituyentes nunca hubo ni un sí ni un no.
La Convención Constitucional imagina a la presidencia como una institución que luce espontáneamente diseñada para su ejercicio por el antiguo dirigente estudiantil de izquierda. Y hoy el mandatario más joven de América no puede ver mejor futuro político para el Estado regional plurinacional e intercultural que dejará atrás a la bicentenaria República que ese horizonte cuyos trazos dibuja la asamblea constitucional de 155 convencionales, en bancas atribuidas y distribuidas con paridad de género.
El 4 de septiembre es la fecha fijada para la celebración del 'plebiscito de salida' y el electorado chileno expresará su aceptación o repudio del texto constitucional nuevo. Una nueva Ley Fundamental, fundacional de un Estado nuevo, a la que animado el impulso del 'estallido social' de octubre de 2019. El último sondeo de la encuesta semanal de CADEM publicado el lunes prevé un eventual triunfo del NO.
La fecha plebiscitaria fue escogida adrede, para que coincidiera en el recuerdo con el 4 de septiembre de 1970, el día del histórico triunfo electoral de la Unidad Popular (UP) y de su candidato presidencial el socialista Salvador Allende. Y el connubio de poderes de izquierda, constituido de la Moneda y constituyente de la Convención que sesiona en la sede santiaguina del Congreso pre-pinochetista, parecería alentar una analogía adicional. Y aun si no la hubieran buscado ni siquiera advertido, se congratularían por el paralelismo, si se hiciese efectivo: la victoria de Allende fue del 46% de los sufragios, limpiamente superior al índice de apoyo que los instrumentos cuantitativos de la sociología electoral fijaban en un regular 40% promedio.
Aun si fracasara la magia simpática de la fecha bien escogida, y se impusiera el NO, el voto repudio a las labores de la Convención, que ya cumple diez meses de actuación que le ha sumado menos créditos y procurado más descrédito en el común de la ciudadanía, no conllevaría en tándem un rechazo correlativo para el joven presidente o para su aún más joven presidencia.
Ni, mucho menos, significaría un triunfo de la derecha, como una mirada en extremo simplista podría concluir, o deplorar.
Pero la enervación del proceso constituyente y de su resultado frustraría una vía de salida clara al “anhelo de cambio” que explotó en el “estallido' cuya chispa inmediata fue el aumento de 30 pesos chilenos (3,8 centavos de dólar) que el gobierno del centro-derechista Sebastián Piñera buscó cobrar en el precio de cada viaje en el subte de Santiago. Es cierto que esa vía había sido alentada por el propio presidente, que en ella veía abierta la ruta de una fuga hacía adelante que lo inmunizaría contra la fatalidad de una si no segura destitución sentenciada en su contra en un juicio político en el Congreso
El histórico plebiscito llevado a cabo en octubre de 2020 reveló que casi un 80 % del voto estaba a a favor de cambiar la Constitución. Y en mayo de 2021 se eligieron 155 convencionales de la Convención Constitucional, con el mandato de redactar una nueva Carta Magna. Las candidaturas personales independientes o de agrupaciones nacidas al calor del estallido, fueron más votadas que las de los partidos políticos de izquierda y derecha que, desde la recuperación de la democracia en 1989. ya habían gobernado en Chile por más años que el dictador Augusto Pinochet, el general que el 11 de septiembre de 1973 estuvo al frente del golpe militar que derrocó al gobierno de la UP y al presidente Allende. De los 155 escaños de la paritaria Convención, 18 habían sido reservados de antemano para que la votación indígena dirimiera, entre diversas candidaturas de las naciones originarias, quien los ocuparía. de tendencia progresista, entre los cuales se cuenta un gran número de ciudadanos independientes, paridad entre hombres y mujeres con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
En el escenario dinámico e impredecible de Chile, acaso la principal convicción de aquellos sectores jugados por el “rechazo” es que, si este triunfa, la izquierda y los partidarios de una nueva Constitución deberán reconocer su derrota: son las reglas propias de la democracia.
Si al principio las voces partidarias del “rechazo” estuvieron circunscriptas al pinochetista ultraconservador José Antonio Kast, líder del Partido Republicano derrotado en el balotaje presidencial de diciembre, donde la coalición Apruebo Dignidad de Boric se impuso con un holgado 55,87 % de los votos. Lideresa del repudio cada vez menos subordinada a otros liderazgos es Jacqueline Van Rysselberghe de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), que con el paso de las semanas se ha vuelto la cara más visible de la oposición al nuevo texto de la Constitución y las labores de la Convención Constitucional.
Con el eventual triunfo del NO y del voto repudio, concluiría la viabilidad del nuevo texto constitucional, pero no concluirían el problema jurídico, judicial y político derivado de la vigencia prolongada del viejo texto pinochetista. Tanto la nueva izquierda como los antiguos concertacionistas consideran que el único -o principal- problema mayor es la ilegitimidad democrática que envenena el origen de la Constitución de 1980: fue redactada por funcionarios o especialistas designados por Pinochett. Y no por convencionales constituyentes con un mandato nacido del voto popular. De corte neoliberal en economía, esa Constitución consagró como principio básico la subsidiaridad del Estado, una decisión considerada como movilizadora de las dinámicas sociales que contribuyeron a afianzar grandes desigualdades en la vida del país.
Desde otra perspectiva, de gran parte de la derecha y de la antigua Concertación que no ha renegado de su historia, la Constitución vigente no es sólo la letra muerta obligatoria del régimen pinochetista. Es también el fruto de varias décadas de vida democrática. Con los años, se fueron sumando reformas, enmiendas y derogaciones parciales, que alejaron más y más el texto y su sentido actual de los originales. Antes que las de la dictadura, las líneas matrices hoy legibles en esa Constitución plebiscitada en 1981 -siempre envuelta por los andamios de las reformas posibles- son las del período posterior, el régimen posdictadura, el Chile de la transición democrática tan cuestionado antes del estallido social.
Este miércoles, días después de que, por primera vez, varios sondeos mostraran una preferencia por rechazar la nueva Carta Magna en el plebiscito final, la fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, convocó a la ciudadanía a “cerrar el paso a la desinformación” sobre el proceso constituyente en el que está inmerso el país. “El carácter histórico del proceso constituyente no descansa solamente en su representatividad social ni en el contundente respaldo del plebiscito que lo instauró: Chile tiene una oportunidad irrepetible de procesar las demandas y esperanzas de sus habitantes”, sostuvo la institución.
A menos de un mes de haber asumido la presidencia de Chile, las encuestas también muestran que la popularidad de Boric cayó. Actualmente, su nivel de desaprobación ha pasado del 20 % al 35 %, en los últimos 15 días; mientras que su aprobación se ubicó en torno al 45 por ciento: cinco puntos menos de los que tenía el 11 de marzo cuando recibió de manos de Piñera la piocha del libertador Bernardo O'Higgins, estrella de cinco puntas que es símbolo del poder en Chile. El presidente saliente la prendió, como si fuera una condecoración, en la nueva banda presidencial, que Boric había hecho coser a un sindicato de costureras brotado del estallido social de 2019.
En la brecha entre el SÍ y el NO sobre la aprobación de un texto constitucional que debe mucho, verbalmente, a las formulaciones indigenistas de la nueva Constitución Política del Estado boliviana aprobada en 2009 ha visto Giorgio Jackson, el máximo colaborador cercano al presidente chileno, una 'grieta' al estilo argentino. Ni a la tradicional centro-izquierda, ni a la tradicional centro-derecha del pos pinochetismo, que trabajaron más o menos secretamente, más o menos abiertamente, para que Chile diera el paso hacia delante que lo arrancara para siempre del atraso latinoamericano, gusta la súbita familiaridad regional adoptada por Boric y su gabinete. La deportación desde las tierras del sueño primermundista, dicen, nos arrojó a la intemperie de la maldita vecindad, que nos contagia sus rémoras y quiere cargar a los chilenos con sus lastres.
AGB