A menos de dos meses del cambio de gobierno, y en medio de una crisis macroeconómica desesperante, el presidente Javier Milei impulsa un paquete de cambios legislativos a través de la conocida Ley Ómnibus. Esta ley, afirman desde el oficialismo, sería la piedra angular para evitar una agudización de la crisis y desenredar el esquivo camino al desarrollo económico que tanto deseamos como sociedad. Sin embargo, muchos de los cambios que se proponen están lejos de ser relevantes para la solución de la crisis macroeconómica actual.
Un grupo de cambios muy preocupantes son todos los relacionados a leyes que protegen nuestro medio ambiente y recursos comunes, como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. El gobierno pretende flexibilizar la protección al medio ambiente que involucran estas dos leyes respondiendo al lobby minero y agrícola, eliminando por ejemplo los regímenes de presupuestos mínimos destinados a la preservación de glaciares y bosques y permitiendo actividades que hasta el momento se encontraban estrictamente prohibidas (como la exploración y la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas periglaciares).
No sabemos exactamente en qué van a terminar las negociaciones, pero es importante encender la alarma ya, porque lo que sí está quedando claro es que el gobierno más que intentar abordar la crisis, la está usando para dar rienda suelta a cambios que solo van a beneficiar a grupos muy reducidos. ¿Pero por qué encender la alarma, más allá de nuestra incomodidad con las políticas dictadas por el lobby?
No vamos a ahondar en obviedades, pero si vamos a mencionar una antes de meternos en lo menos obvio. Estas dos leyes, protegen dos recursos fundamentales para sostener la vida en el planeta y para nuestra reproducción. También son recursos económicos claves. Preservarlos hoy asegura una fuente de valor única en el futuro. Los mercados ya lo ven, y se mueven en la dirección de premiar las cadenas de valor basadas en producciones que los respetan (por ejemplo, productos que se extraen sin deforestación).
Si las vamos a tocar, entonces, esto debería solo suceder con un amplio debate, al menos parecido al que llevó a dictarlas, no usando como excusa una crisis económica que estas leyes no causaron, ni su flexibilización va a resolver. Pero ¿por qué decimos esto?
Reglas de juego
Para muchos puede parecer razonable pensar que si desregulamos vamos a promover más actividad económica, y crecer. Después de todo, las regulaciones ambientales aumentan los costos económicos de llevar adelante ciertas actividades, o las limitan directamente. Sin embargo, con el camino ya recorrido en materia de regulación ambiental en el mundo, ya a esta altura sabemos que la proliferación de leyes y regulaciones en materia ambiental no ha sido, ni tampoco tiene porque ser, un freno a la actividad económica.
Los datos son claros, en 1972 tan sólo tres países contaban con regulaciones ambientales restrictivas, en la actualidad, al menos 176 las tienen, y 88 son los países que han consagrado el derecho a un ambiente sano como un derecho constitucional. Todos los países de ingresos altos (OCDE), y muchos de ingresos medios, han avanzado hacia una política ambiental más exigente. Es más, en comparaciones entre países con diferentes niveles de protección del medio ambiente, los que tienen políticas ambientales más rigurosas no han visto su crecimiento, inversiones, exportaciones o empleo afectados de manera significativa, pero sÍ se observa un efecto positivo relevante en variables ambientales, como las emisiones de CO2.
¿Pero por qué este resultado que para muchos puede parecer contra intuitivo? Porque las regulaciones ambientales aunque ciertamente afectan intereses económicos existentes, al establecer nuevas reglas de juego consensuadas y estables, crean nuevas oportunidades para hacer negocios dentro de los sectores afectados, y en otros sectores. En muchos casos, la respuesta del sector privado al marco regulatorio, es un incremento en la inversión en innovación para adaptarse a los requerimientos medioambientales, logrando así una mejor solución para la sociedad en su conjunto, no un retiro del mercado. Cuando Noruega impuso restricciones a la extracción de petróleo del mar, por los problemas ambientales que traía, no se redujo la actividad, se incentivó la innovación en el país.
Ahora consideremos las particularidades de los sectores afectados por las leyes que se pretenden modificar en Argentina, por ejemplo el sector de minería. Este es un sector que requiere grandes montos de inversión y compromisos de largo plazo. Un proyecto minero puede llevar hasta 15 años entre la exploración y la puesta en funcionamiento de una mina. Por lo tanto, para atraer inversiones en el sector las empresas necesitan certidumbre más que permisividad. Esto lo dice cualquier manual de negocios; los empresarios del sector lo sostienen en todos sus foros. La estabilidad en las reglas de juego es más importante que las exigencias regulatorias.
Entonces, si el objetivo es beneficiar una empresa o un grupo de empresas en particular, dando riendas sueltas a un grupo de proyectos en áreas protegidas, la desregulación es el camino. Difícil discutir esto. Pero si el objetivo es el crecimiento a mediano plazo del sector, cambiar reglas ya discutidas y consensuadas no va a ser de beneficio. Eso los representantes de nuestro bien público deberían saberlo.
Por último, no nos olvidemos de la sociedad civil y comunidades locales. Cambios que no tengan en cuenta sus visiones y preocupaciones incrementarán las protestas y acciones para bloquear la actividad. Bien sabemos que el atropello hacia los deseos de la sociedad civil ha llevado en el pasado a una mayor intensidad de los movimientos anti-minería. Tanto en América Latina como en Argentina en particular, cambios propuestos en las regulaciones para promover la actividad llevados adelante sin consensos han impulsado una ola de bloqueos al desarrollo minero impidiendo el crecimiento de la actividad. El caso Esquel es paradigmático, dando inicio a una reacción en cadena que terminó con una fuerte restricción en la actividad minera en siete de las provincias argentinas.
Cuidado entonces, todo indica que lo que se está defendiendo en nombre de las actividad empresarial y económica la va a terminar perjudicando. La ley de glaciares y de bosques fueron promulgadas luego de largos debates en los cuales diferentes tipos de actores tuvieron la posibilidad de compartir evidencia y defender diferentes posiciones. No fueron procesos fáciles, hasta tuvimos que apelar a la Corte Suprema, para que se se pronuncie sobre su validez, pero finalmente se avanzó, se logró un compromiso. No son perfectas, y el simple status quo no es motivo para evitar mejoras.
¿Cree el actual gobierno que deben ser revisadas? Hagámoslo, pero iniciemos el debate que se merecen. No repitamos nuestra historia de marchas y contramarchas. Procurar cambios en las regulaciones ambientales sin discusión ni debate puede ser un capítulo más en la historia pendular argentina. Saltear los pasos necesarios para buscar consensos y buenas regulaciones es una mala idea. Tal vez logren una victoria en el parlamento pero difícilmente sea duradera ni logre desarrollar actividades con fuertes impactos medioambientales. La desregulación no siempre es la respuesta adecuada para lograr el desarrollo económico. A veces, ni siquiera es la respuesta adecuada para impulsar el crecimiento económico.
Los autores son economistas, investigadores del Institute of Development Studies de Reino Unido.
AM/GP/CRM