Al inicio de la dictadura cívico-militar en nuestro país, hacía ya mucho tiempo que las personas trans eran detenidas y llevadas al recinto que ellas conocían como el “Área Metropolitana”, hoy llamado el “Pozo de Banfield”. Estaban acostumbradas a estar siempre solas, hasta que, en un momento determinado de la historia, los ruidos que ya les eran familiares cambiaron. Empezaron a escucharse gritos del otro lado del pasillo: personas que preguntaban, desesperadas, “¿dónde estamos?”; llantos de bebés recién nacidos, el volumen exagerado de la radio en la madrugada. Lo que esa radio tapaba, después lo supieron, eran los gritos de aquellas personas siendo torturadas.
Más de una vez, declararon las compañeras, los genocidas les pedían que se encargaran de limpiar un colchón lleno de sangre o, incluso, la parte trasera de un Falcon. Esto sucedía porque, para ellos, una chica trans no tenía identidad: nadie la buscaría, ya había “desaparecido” al momento de ser echada de su casa. Ellos creían, evidentemente, que una persona trans era un blanco perfecto para ocultar su violencia. No se esperaban que el 26 de marzo de 2024, el testimonio de estas ocho trans sobrevivientes, sirviera para condenarlos.
En el Tribunal Oral Federal N1 de la Ciudad de La Plata, 10 de los torturadores que esperaban su sentencia por la Causa Brigadas, recibieron cadena perpetua. Fui testigo de este hecho histórico en que la comunidad travesti trans fue, finalmente, reconocida en el marco de la dictadura militar argentina. Fue fuerte. Presencié la lectura del veredicto rodeada de personas que, en su mayoría, habían sido torturadas. La emoción fue constante; con ojos llorosos, escuchamos cada una de las sentencias. Con ellas, hacían eco en el salón los nombres de todas y cada una de las víctimas de aquellos genocidas, nombradas la cantidad de veces necesarias. Cada tanto, algún familiar acompañaba esas menciones con un “presente” en voz alta. Fue satisfactorio que uno de los comentarios más repetidos haya sido sobre el respeto y el orden que impuso el juez que leía el veredicto, incluso para con los torturadores que presenciaban la lectura de manera virtual y a los que, cada tanto, debió llamarles la atención. Fueron entre 5 y 6 horas de lectura.
Apoyada en la puerta de entrada y con la bandera trans al cuello, contemplé la foto que se plasmaba ante mis ojos: el salón lleno de gente, los televisores transmitiendo, los nombres de las víctimas en el aire. Pensé en la importancia del trabajo de la fiscal Ana Claudia “Pipi” Oberlín, que hace tiempo escuchó los testimonios recopilados por el equipo del Archivo de la Memoria Trans (AMT); aquellos videos que cada 24 de marzo sacábamos a la luz en nuestras redes y luego ingresaron a la Causa.
Este fue el cierre de un capítulo de esta horrible historia que encierra el Pozo de Banfield. Sería productivo, ahora, que los 400 legajos ocultos de personas de la diversidad salieran a la luz, y que logremos la tan ansiada Reparación. Sin embargo, considero que este fue el primer paso para la reconstrucción de este rompecabezas de la historia argentina, del cual nosotras somos una pieza más.
MBC/SN/DTC