Esta semana comenzó el debate en el Senado del proyecto de Ley “Bases”, incluido el paquete fiscal, tras la media sanción en Diputados. De todos los temas que allí se incluyen, uno en especial recibió múltiples críticas, desde diversos sectores políticos: el RIGI, por las siglas de Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones.
¿En qué consiste este régimen? Prevé un conjunto de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros para aquellas inversiones de más de US$200 millones, pero sin ninguna exigencia que propicie creación de valor en nuestro país, generación de empleo, ni dólares genuinos para afrontar importaciones y/o pagar los cuantiosos vencimientos de deuda que debemos afrontar en los próximos años. Peor aún, el Régimen pone en riesgo las capacidades que ya existen en nuestro país, afectando a la industria local y a los puestos de trabajo que ésta genera.
Los beneficios resultan sumamente excesivos con respecto al resto de los contribuyentes: se les reduce el impuesto a las ganancias (10 puntos menos), no pagan IVA ya que les permiten cubrirlo con crédito fiscal, se les exime del pago de la tasa estadística (3%), tampoco tributan impuesto país al realizar importaciones (17,5%) ni derechos de importación (13%), no pagarán retenciones a la exportación luego del tercer año (según el producto hoy tributan distintas alícuotas, cuyo máximo es el poroto de soja 33%), no se les aplicarán percepciones de IVA y ganancias, y pueden descontar el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios (más conocido como “impuesto al cheque”, de 0,6%) del impuesto a las ganancias (beneficio que hoy sólo tienen las pymes), entre otros.
En materia cambiaria, las empresas que adhieran al RIGI no tendrán la exigencia de liquidar los dólares producidos por sus exportaciones a partir del tercer año. Además, el Estado argentino cede soberanía, ya que los conflictos se resolverán en los tribunales del CIADI, con una trayectoria sumamente pro-mercado (Argentina perdió el 89% de los juicios que enfrentó allí). La frutilla del postre es el largo período que les otorga el régimen a quienes adhieran: 30 años de estabilidad fiscal.
Por último, no se prevén mecanismos de control de origen de los fondos, lo cual llevó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fomenta la cooperación entre los Estados para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a alertar sobre los riesgos del RIGI –y del laxo blanqueo, también incluido en la ley Bases– de permitir el ingreso de capitales ilícitos si no incorpora exigencias de trazabilidad del dinero.
Estos incentivos debieran ser contrastados con los beneficios que aportarían estas inversiones a la economía nacional. Si el Estado resigna recaudación, incrementando el gasto tributario, debiera ser en pos de alcanzar algún otro objetivo: promover algún sector estratégico, crear empleo, aumentar las exportaciones, etc.
Sin embargo, si evaluamos su impacto en distintas dimensiones, resulta difícil ser optimista. En primer lugar, porque con la cantidad e intensidad de los beneficios tributarios, el RIGI no redundaría en una mejora sustancial en la recaudación del Estado, más aún si su contracara es la pérdida de industrias locales y sus correspondientes puestos de trabajo. En segundo lugar, no reduce necesariamente la restricción externa: al tener beneficios para importar podrían incrementar la demanda de divisas, y a su vez, no aportarían dólares por exportaciones ya que están eximidos de liquidarlos a partir del tercer año.
En tercer lugar, el RIGI tampoco propiciaría una creación significativa de empleo: si bien en el proyecto de ley, a diferencia de la versión presentada por el oficialismo en diciembre, no restringe los sectores a los que deben estar dirigidas las inversiones, se apunta al agro, la minería y los hidrocarburos, los cuales no son intensivos en fuerza de trabajo. En los últimos 15 años, sólo han generado 17.000 puestos, y sólo representan el 6% del total de trabajo registrado privado.
Por último, este régimen no impulsa el desarrollo económico ni la transformación de la matriz productiva argentina ya que no exige desarrollo de proveedores, ni algún porcentaje de componente nacional, ni transferencia de tecnología, ni agregado de valor. Esta ausencia absoluta de exigencias implica que no hay un círculo virtuoso detrás de la inversión. Por el contrario, quien ingrese al régimen va a contar con condiciones estructurales de competitividad mucho más ventajosas que el resto de la economía argentina: de mínima va a importar máquinas e insumos a un menor precio que una industria local. Por ende, resulta difícil imaginar que ello no implique una sentencia de cierre para muchas industrias locales, aumentando no solamente el desempleo sino reduciendo aún más la recaudación del Estado y la disponibilidad de divisas. La situación es crítica puesto que estamos hablando del sector de la economía argentina que más puestos de trabajo genera: la industria manufacturera. Del total de puestos de trabajo asalariado registrado que existen en nuestro país, el 19% corresponde a la industria, sólo comparable con el rubro comercio.
Esta propuesta se condice con todas las medidas que se han tomado desde el 10 de diciembre que atentan contra la promoción industrial: incremento de costos vía devaluación, suba de impuesto país y tarifas, derogación del compre nacional, la promoción industrial y el Programa de Desarrollo de Proveedores (a través del DNU 70/2023), apertura comercial, eliminación de líneas de crédito subsidiadas para inversión del Banco Nación y del BICE. Los resultados están a la vista: el índice de producción industrial manufacturero cayó 12,8% interanual en diciembre, 12% en enero, 9,9% en febrero y 21,2% en marzo, con derrumbes en todas las ramas, como puede observarse en el gráfico a continuación. El RIGI, entonces, consolidaría jurídicamente la política anti-industrial del gobierno de Milei.
CB/DTC