Desde que Sergio Massa fue nombrado “superministro”, era más que claro que su cometido consistía en postergar un estallido económico y social hasta el fin del actual gobierno. El marco para este “plan llegar” era, naturalmente, el acuerdo con el FMI y su herramienta -el presupuesto 2023.
Tres meses después, es evidente que esa tentativa cruje por todos sus flancos. El primer pilar del “plan durar” consistía en correr los vencimientos de la voluminosa deuda pública en pesos, incluso al precio explosivo de remunerarla según la marcha de la inflación o, alternativamente, de la devaluación de la moneda. Sin embargo, en el último vencimiento de deuda sólo aceptaron esa bicicleta los inversores “institucionales” –o sea, los mismos organismos del Estado. Los privados, en cambio, reclamaron cobrar, antes que llegue la tormenta. El financiamiento público en pesos, recurso crucial del gobierno desde los tiempos de Guzmán, ha sido pulverizado. Para comprar esos títulos que nadie quiere y sostener artificialmente su valor, el Banco Central emite moneda. Luego, para absorberla, paga intereses equivalentes a unos 2.000 millones de dólares por mes. Veinte veces más de lo que gasta el Estado en el millón de `beneficiarios` de planes sociales.
El “superministerio”, por otra parte, agotó su otro recurso vital –el de las devaluaciones `a medida`. Los 5.000 millones de dólares del dólar soja se evaporan velozmente, al compás de las importaciones y de la fuga de los capitales que emigran de la deuda en pesos. El gobierno sacó de la manga la carta desesperada de otro dólar soja para fin de año, esperando captar algo de la cosecha almacenada en los silobolsas. Pero el capital agrario y exportador desconfía: prefiere guardar esos inventarios a la espera de una devaluación general, que supone cercana. Ese mismo reclamo –bajo el eufemismo de pedir el `mercado único de cambios`- se escucha en los foros de la gran patronal industrial. Las firmas amenazan con bajar la producción por `falta de insumos`, aunque, según el viceministro Rubinstein, tienen stocks de insumos y de dólares de sobra. Pero sólo emplearán esos stocks cuando le sea reconocido un dólar libre, o sea, de al menos trescientos pesos. El mismo Rubinstein agitó el fantasma del Rodrigazo, no se sabe si para aventarlo o para que– recordando una frase del inefable Pichetto del 2008- lo “que tenga que ocurrir que ocurra”. Desde el avión de regreso de Bali, también Massa coqueteó con la `liberación de cambios`. Pero los funcionarios no dicen o no saben que harán si ese mismo desenlace termina imponiéndose como resultado de una corrida. En cualquier variante, la hiperinflación asoma en el horizonte. El gobierno quiere `impedirla` por la vía de habilitarla en cuotas, acelerando la devaluación del dólar oficial y promoviendo tarifazos. La inflación permanente es el recurso oficial para licuar salarios, jubilaciones y gastos sociales.
El escenario de derrumbe financiero traspasa las fronteras de Argentina, pero tiene al país como uno de sus eslabones más débiles. La succión de fondos para financiar al Tesoro norteamericano –y por esa vía a las corporaciones capitalistas y la guerra de la OTAN con Rusia- ha conducido al final de un poderoso ciclo especulativo. Entre otras burbujas, ese ciclo infló al mercado de las criptomonedas, que tiene a la Argentina de moneda desquiciada como a una de sus principales “estrellas”. Y a nuestros “libertarios” como unos de sus principales apologistas.
Las consecuencias nacionales del derrumbe de las cripto, que ya se considera como uno de los mayores defolt en la historia del capitalismo, están todavía por destaparse.
Las razones políticas y las otras
No sorprende, en este cuadro, que las elecciones las se encuentren condicionadas por la bancarrota financiera del Estado y una crisis social inédita. La tentativa de una coalición pergeñada por Massa, Cristina y los gobernadores pejotisas se escurre entre los dedos de sus autores, al compás de la crisis del `Plan Durar`. La suspensión de las PASO, un recurso para dictar verticalmente las candidaturas del oficialismo e intentar dividir a las de la oposición, ha entrado en la penumbra. Pero las PASO, si se concretan, serán un nuevo episodio de crisis, pues no garantizan la lealtad de los perdedores, ni en el oficialismo ni en la oposición.
Un estallido financiero y cambiario volvería a instalar el escenario de unas elecciones anticipadas. Alternativamente, la sobrevida de estas contradicciones llevará a una campaña electoral cruzada por la crisis. No casualmente, la Corte se volvió a colocar en la primera plana, interviniendo en la composición del organismo que nombra los jueces. Le ha comunicado a los otros poderes del Estado su condición de árbitro último, en medio de un proceso de disolución económica y política.
El sismo por abajo
Además de contener los cimbronazos financieros y cambiarios, el tercer pilar del “plan durar” consistía en mantener a raya al movimiento obrero, con el concurso de la cúpula de los sindicatos. Ese es el propósito de las paritarias administradas y a la baja, con aumentos en cuotas que corren siempre por atrás de la inflación. El nuevo régimen de precios justos - un acuerdo de aumentos “concertados” al 4% mensual- es una excusa para sostener el cepo al salario y las jubilaciones. La desorganización económica también pone en tela de juicio la política de colocar un cepo sobre las demandas salariales. Es lo que reveló la huelga indefinida de los residentes y concurrentes, que terminó desbancando a una paritaria a la baja firmada por los sindicatos médicos. Hoy, la lucha de la salud se extiende a Córdoba y a otras provincias. Está claro que corren otros aires entre los trabajadores.
Es necesario desenvolver ante el conjunto de los trabajadores el alcance del desenlace que se viene, que colocará a la orden del día una lucha histórica y decisiva por las reivindicaciones elementales –salario igual a la canasta familiar, fin de la sobreexplotación, derecho al trabajo.
MR