La Ley de Envases con Inclusión Social busca que los productores que ponen envases en el mercado se hagan
cargo de lo que pasa con esos envases una vez que se consumió el producto.
Tienen dos opciones, o generar envases retornables o pagar una tasa ambiental que varía según las características del envase. Cuanto más reciclable sea el envase que producen y menos impacto ambiental genera, menos pagarán.
Esa tasa serviría para financiar los sistemas de reciclado que generan miles de puestos de trabajo.
El trabajo que hacemos cartoneros y recuperadores es un trabajo que tiene un impacto ambiental muy positivo. Se estima que cada uno recupera unos 100 kilos de material por día y nuestro sector, en su conjunto, recupera unas 10 mil toneladas diarias de basura que si no irían a parar a los océanos o basurales a cielo abierto.
Lo hacemos a costa de nuestra salud, jodiéndonos la cintura y la espalda. Los ingresos que obtenemos apenas nos permiten llevar el plato de comida a la mesa. Está Ley va a generar que se invierta en el sector mejorando las condiciones de trabajo de quienes ya lo hacen, muchas veces en la más absoluta informalidad y precariedad.
Además, permitirá disminuir la contaminación por residuos, aumentar la cantidad de reciclado y a su vez ahorrar energía y emisiones de gases contaminantes.
Existen leyes de este tipo en muchos países del mundo. Sobre todo en esos países que llaman “desarrollados”. Acá, llas grandes empresas mienten, diciendo que esto es un “impuestazo” Son las mismas que aumentan los precios de los alimentos aprovechando su situación de monopolio. Esto no es un impuesto, es una tasa ambiental minima que tienen que tendrán que absorber las empresas de sus ganancias.
Para ayudar a revertir la contaminación ambiental y generar dignidad para las familias cartoneras, hagamos que este 2022 sea el año en que la Ley de Envases se vuelva una realidad.