“Mapuche” significa en lengua mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, construyen su identidad, entre otras cosas, a partir del vínculo con el territorio. Esta relación no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual, para preservar su vida y su legado cultural, y transmitirlo a las generaciones futuras. Es parte constitutiva de su ser, de su historia, y de esa esencia dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Sin embargo, hasta hoy no ha habido gobierno que haya tenido voluntad política real de avanzar con el reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios, quienes reclaman sus tierras ancestrales, muchas de los cuales están en manos de privados.
Desde Amnistía Internacional hemos relevado más de 300 casos en todo el país en donde las comunidades demandan el cumplimiento de sus derechos. Son múltiples los actores a los que debe enfrentarse uno de los colectivos más relegados de Argentina. Por un lado, ejercen sus reclamos ante gobiernos que sistemáticamente han negado su herencia. Por otro lado, ven cómo los intereses de empresas agropecuarias, mineras, petroleras o de turismo prevalecen por sobre sus derechos. En la mayoría de estos casos jueces y fiscales del Poder Judicial han sido cómplices, desoyendo las normativas vigentes.
En 2006, se encomendó a nivel nacional un relevamiento de las tierras ocupadas por las poblaciones indígenas a lo largo del territorio nacional (ley de Emergencia Nacional 26.160). Este registro es una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios. Además, la norma dispuso la suspensión de todos los desalojos hasta terminar ese proceso. Ya pasaron 15 años de su aprobación, sin embargo, más de la mitad (57%) de las comunidades aún no cuentan con el proceso culminado y muchas debieron resistir violentos despojos. En Río Negro, apenas 55 de las 106 comunidades inscriptas habían avanzado en el relevamiento antes de 2020.
Esta ley ya fue prorrogada tres veces. El relevamiento es una herramienta con la que cuenta el Estado para dar seguridad a las comunidades y a la sociedad en general. Por eso, en noviembre, ante un nuevo vencimiento, es urgente que sea extendida.
Desde hace unos años existe una campaña racista y anti-indígena en Argentina que comenzó con la estigmatización del pueblo mapuche en el sur como un grupo asociado al terrorismo y a la delincuencia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de sus reivindicaciones. Se ha negado desde su identidad -poniendo en duda su preexistencia en suelo argentino- hasta su lucha. Históricamente los mapuches han servido como chivo expiatorio y recientemente, de manera más vertiginosa, son utilizados para la construcción de un “enemigo” en común, capaz de justificar las políticas de persecución y denegación de derechos.
Históricamente los mapuches han servido como chivo expiatorio y recientemente, de manera más vertiginosa, son utilizados para la construcción de un “enemigo” en común, capaz de justificar las políticas de persecución y denegación de derechos.
Cruzando la frontera, el escenario del país vecino reproduce las mismas repudiables estrategias de persecución. En Chile, se ha aplicado indiscriminadamente la ley antiterrorista a referentes mapuches como instrumento de aleccionamiento, que Amnistía Internacional ha denunciado sistemáticamente.
Estas narrativas no son nuevas. Y no es menor que en la antesala de una nueva prórroga de la ley 26.160 y de elecciones legislativas, se reediten mecánicas que buscan instalar el miedo, la división, la intolerancia y el enfrentamiento como política estatal.
La construcción de un discurso “securitista” funciona en estos casos como una plataforma que da vía libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protección del Estado. Bajo el paraguas de la protección nacional, se alimentan relatos que sirven como excusa para habilitar, por ejemplo, que hoy una comunidad de alrededor de 20 personas en Cuesta del Ternero esté cercada por las fuerzas de seguridad y se le niegue abrigo, agua y alimento.
Es inadmisible que se califique a la lucha mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional, que se fomenten operativos que imprimen mayor violencia en los territorios, y que se promuevan campañas deliberadamente estigmatizantes y racistas que perpetúan la negación de derechos. La desposesión histórica de los indígenas de sus territorios exige que el diálogo y la participación genuina sean el camino que debe llevarse adelante para poder resolver los reclamos. Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión.
PGR