“No va a haber ningún cambio, sigue todo en pie”. La decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de continuar con su propuesta de revisión del plan social Ciudadanía Porteña coronó una semana en la que el anuncio del jefe de gobierno recibió fuertes críticas no solo del kirchnerismo, sino también de sus socios de Juntos por el Cambio.
Fuentes del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, y que trabajó a la par de la ministra de Educación, Soledad Acuña, fueron quienes marcaron la postura oficial ante la consulta de elDiarioAR, incluso admitiendo por lo bajo que el anuncio buscó dar más un mensaje político-electoral. Se difundió el lunes, a pocos días de que el Gobierno, con Sergio Massa a la cabeza, también anunciara una auditoría para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
La medida del gobierno porteño pone la lupa sobre los 23.686 menores de edad que reciben un componente del programa, que en total abarca a 41.792 hogares –unas 100 mil personas–. Los adultos considerados en condiciones de pobreza reciben unos $7.200 y los menores que concurren a la escuela, $5.256. A su vez, los hogares catalogados como indigentes reciben en la tarjeta pre cargada $10.800 y los menores, $7.884. El monto promedio, que varía según composición del hogar, índice de vulnerabilidad y situación de escolaridad, es de $15.722, según datos oficiales de la Ciudad que brindaron a este medio.
La contraprestación de que cada niño esté escolarizado para recibir el monto también es una condición que exige la Asignación Universal por Hijo (AUH), que está bajo la órbita de la Anses y que no es compatible con el plan porteño, así como tampoco lo es el Potenciar Trabajo. Lo que cambió la Ciudad a partir de este mes es la forma en que se controla la regularidad escolar: en vez de ser anual, pasa a ser bimestral en una primera etapa —contempla el actual mes de agosto y septiembre–, y luego, desde octubre, trimestral. Si el menor no cumple en dichos periodos una asistencia del 85% –tener más de 5 o 6 faltas por período–, sus padres o tutores a cargo perderán del plan el componente destinado al menor: $5.256 o $7.884, de acuerdo a cada situación.
'El objetivo no es cortar el plan, sino que los pibes vuelvan a la escuela. La medida no es ni persecutoria ni discriminatoria', justificó una fuente oficial
“El objetivo no es cortar el plan, sino que los pibes vuelvan a la escuela. La medida no es ni persecutoria ni discriminatoria”, justificó la fuente oficial consultada, que explicó que el “castigo” no es automático, sino que luego de cada corte parcial, en aquellos casos que se detecten problemas en la asistencia escolar, el ministerio concurrirá a cada domicilio para interiorizarse de la situación y “asistir” a la familia. Hay tres meses de plazo para regularizar al menor. Si la inasistencia persiste en el corte siguiente, se suspende el componente. Si la falta continua por seis meses, está en riesgo el beneficio completo.
“Queremos que haya una búsqueda de toma de conciencia por parte de los adultos de que los niños tienen que estar en las escuelas. Entendemos que pueda haber complejidades de todo tipo de porqué no van a la escuela, pero por eso ofrecemos acompañamiento y desde el gobierno se le dará toda la mano posible a las familias”, se explicó cuando este medio consultó si la medida no es especialmente perjudicial para los menores, así como si están contemplados casos en que los menores no asisten porque en sus hogares hay situaciones de extrema vulnerabilidad que les impide ir a clases.
La señalización de que es una política “estigmatizante” fue una de las principales críticas que recibió el anuncio de Larreta, junto con la falta de certeza sobre que actualmente haya chicos que no estén yendo a la escuela. Incluso hubo cuestionamientos del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
“La AUH –que incluso es un derecho, no un plan– tiene como requisito la escolaridad y la salud de quienes la reciben. Pero en tal caso se retiene un porcentaje. El gobierno de la Ciudad debería estar priorizando la accesibilidad de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo”, señaló Tania Etulain, directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea”, a elDiarioAR. “Hay un slogan de campaña claro en el vamos a sacar los planes construyendo una estigmatización y un claro 'responsable' de dónde se va el dinero, que por supuesto es la idea que quieren construir Larreta”, agregó.
En la cartera de Educación defendieron la medida con un dato de ausentismo que abarca a todo el universo de alumnos de escuelas públicas porteñas, y que fue lo que les “encendió la alarma”: el 30% de los 200 mil estudiantes faltó 1 semana por mes desde el comienzo de clases este año. A su vez, indican, un 16% de los alumnos faltó 7 veces o más veces por mes. “Tenemos miles de estudiantes que van a la escuela solo 3 de cada 5 días de clases”, concluyen en el área de Acuña –quien suena como posible anotada para pelear por el cargo de Larreta en 2023–. Otra justificación que dan es que durante la pandemia los controles de regularidad se hicieron muy laxos –así como también se amplió el número de beneficiarios, aseguran–, y que por eso ahora quieren volver a “ordenar” la situación.
La polémica también reside en que de todo el universo de alumnos, apenas son más de 23 mil los menores que reciben el plan Ciudadanía Porteña, menos del diez por ciento. En la Ciudad piden esperar a que se conozca el primer corte bimestral, que se difundirá durante los primeros días de octubre próximo, para medir el impacto del anuncio.
En ese sentido, el vocero de la cartera de Hábitat y Desarrollo no esquivó el tinte político del anuncio, que tuvo impacto hacia afuera de JxC pero sobre todo hacia adentro, donde Larreta compite en la carrera preelectoral contra Patricia Bullrich y hasta el propio Mauricio Macri, de perfiles mucho más duros y conservadores: “Tenemos un interés real porque hay un 30 por ciento de niños que no van a clases, pero obvio que también se dio un mensaje político”.
MC